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Para fortalecer la democracia,
crear la prosperidad y desarrollar el potencial humano, nuestros
Gobiernos:
1. HACIA UNA DEMOCRACIA MÁS EFICAZ
Procesos y procedimientos electorales
Conscientes de la
interrelación entre la democracia, el desarrollo sostenible, la separación de
poderes y la existencia de instituciones gubernamentales efectivas y
eficientes; y observando que la transparencia y la responsabilidad pública de
los sistemas electorales, y la independencia de los organismos responsables de
conducir y verificar elecciones libres, justas y regulares, son elementos
esenciales para asegurar el apoyo y la participación en sus instituciones
democráticas nacionales:
Intercambiarán prácticas y tecnologías
óptimas para incrementar la participación de la ciudadanía en los procesos
electorales, incluyendo la educación de los votantes, la modernización y
simplificación del registro electoral y los procedimientos de la votación y
escrutinio, tomando en cuenta la necesidad de salvaguardar la integridad del
proceso electoral, y promoviendo la plena participación e integración de
todas las personas aptas para ejercer el derecho al sufragio, sin
discriminación alguna;
Continuarán fortaleciendo los mecanismos
electorales, utilizando tecnologías de información y comunicación, cuando
sea posible, a fin de garantizar efectivamente la imparcialidad, prontitud e
independencia de las instituciones, tribunales y demás entidades
responsables de organizar, supervisar y verificar las elecciones a nivel
nacional y local, y fortalecerán y facilitarán, con el apoyo de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros organismos regionales e
internacionales, la cooperación hemisférica y el intercambio de experiencias
en materia de legislación y tecnología en esas áreas y el envío de
observadores electorales cuando sea solicitado;
Convocarán, con el auspicio de la OEA y la
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a reuniones de
expertos para profundizar el examen de temas, tales como el registro de
partidos políticos, acceso de los partidos políticos a financiamiento y a
los medios de comunicación, el financiamiento de campañas electorales, la
fiscalización y difusión de resultados electorales y relaciones de los
partidos políticos con otros sectores de la sociedad;
Transparencia y buena gestión gubernamentaReconociendo que la buena gestión de los asuntos públicos
exige instituciones gubernamentales efectivas, representativas, transparentes
y públicamente responsables a todos los niveles, al igual que la participación
ciudadana, controles efectivos y el equilibrio y separación de poderes, y
teniendo en cuenta la función que desempeñan las tecnologías de información y
comunicación para el logro de dichos objetivos:
Promoverán la cooperación entre las entidades
nacionales del Hemisferio, responsables del desarrollo y mantenimiento de
los procedimientos y prácticas para la preparación, presentación,
verificación y auditoría de las cuentas públicas, con asistencia técnica de
las organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales
(BDM), cuando sea apropiado, y apoyarán el intercambio de información sobre
actividades de supervisión relativas a la recaudación y a la asignación y
gasto de fondos públicos;
Alentarán la cooperación y el intercambio de
experiencias y prácticas óptimas parlamentarias entre legisladores
nacionales del Hemisferio, respetando a la vez la separación y el equilibrio
de poderes, a través de mecanismos bilaterales, subregionales y hemisféricos
tales como el Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA);
Trabajarán conjuntamente para facilitar la
cooperación entre las instituciones nacionales responsables de garantizar la
protección, promoción y respeto de los derechos humanos, y el libre acceso a
la información, con el objetivo de establecer prácticas óptimas para mejorar
la administración de la información que tienen los gobiernos sobre las
personas, facilitando el acceso de los ciudadanos a dicha información;
Crearán e implementarán programas, con el
apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales y Bancos de
desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, destinados a facilitar la
participación pública y la transparencia, utilizando tecnologías de
información y comunicación, según corresponda, en los procesos de toma de
decisiones y en el suministro de servicios gubernamentales, al igual que
para divulgar, dentro de los plazos legales contemplados en las
legislaciones nacionales, información emanada de todos los
niveles de gobierno;
Medios de comunicación
Teniendo presente que el
acceso a las actuales y nuevas tecnologías de la información y comunicación
tiene un creciente y significativo impacto en la vida de las personas y que
ofrece oportunidades importantes para el desarrollo democrático, y que los
medios de comunicación desempeñan un papel importante en la promoción de una
cultura democrática:
Asegurarán que los medios de comunicación
estén libres de intervenciones arbitrarias del Estado y, específicamente,
trabajarán en la eliminación de los obstáculos jurídicos o normativos para
el acceso de los partidos políticos registrados a los medios de comunicación,
facilitando, en lo posible, acceso equitativo a los sistemas de radio y
televisión durante las campañas electorales;
Fomentarán la cooperación entre emisoras
públicas y privadas, incluyendo compañías de cable, entes estatales y
órganos reguladores independientes de radio y televisión, a fin de facilitar
el intercambio de prácticas industriales y tecnológicas óptimas en el ámbito
hemisférico con el fin de garantizar medios de comunicación libres, abiertos
e independientes;
Fomentarán la autorregulación en los medios
de comunicación, incluyendo normas de conducta ética, para que se tomen en
cuenta las preocupaciones de la sociedad civil, entre otras, de reducir la
difusión de violencia extrema y estereotipos negativos sobre la mujer,
etnias, grupos sociales y otras agrupaciones coadyuvando de esta forma a la
promoción de cambios en las actitudes y pautas culturales, mediante la
proyección de imágenes plurales, equilibradas y no discriminatorias;
Lucha contra la corrupciónReconociendo que la
corrupción afecta gravemente las instituciones políticas democráticas y
privadas, debilita el crecimiento económico y atenta contra las necesidades y
los intereses fundamentales de los grupos más desfavorecidos de un país, y que
la responsabilidad de la prevención y control de este problema depende tanto
de los gobiernos como de los cuerpos legislativos y poderes judiciales:
Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o
adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, la
Convención Interamericana Contra la Corrupción,
de acuerdo con sus respectivos marcos legales, y fomentarán la aplicación
efectiva de la Convención, a través, entre otros, del Programa
Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrupción y los programas e
iniciativas de cooperación técnica conexos, incluyendo aquellos de las
organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo
multilaterales competentes en materia de buena gestión pública y lucha
contra la corrupción, así como los programas que cada país diseñe e
implemente, de acuerdo con sus leyes nacionales, y por sus propios
organismos competentes, cuando éstos puedan requerir asistencia;
Apoyarán, en el menor plazo posible y tomando en consideración la
recomendación de la OEA, el establecimiento de un mecanismo de seguimiento
para la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, por los Estados Parte de
dicho instrumento;Apoyarán el fortalecimiento de
la Red Interamericana de Cooperación Contra la Corrupción, en el
marco de la OEA, así como las iniciativas destinadas a
fortalecer la cooperación entre los funcionarios gubernamentales encargados
de ética y representantes de la sociedad civil;
Fortalecerán, en
cooperación con las organizaciones multilaterales y los bancos de desarrollo
multilaterales, cuando sea apropiado, la participación
de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, a través de
iniciativas que estimulen la organización, capacitación y vinculación de
ciudadanos para trabajar en el contexto de proyectos concretos que promuevan
la transparencia en la gestión pública y en la rendición de cuentas públicas;
Continuarán promoviendo políticas, procesos y
mecanismos que permitan la protección del interés público, y el uso de
mecanismos de declaración patrimonial de los funcionarios públicos, a fin de
evitar posibles conflictos de interés e incompatibilidades, así como otras
medidas que incrementen la transparencia;
Fortalecimiento de los gobiernos localesReconociendo que la participación ciudadana y
la representación política adecuada son las bases de la democracia, y que los
gobiernos locales son los que tienen mayor presencia en la vida cotidiana de
la ciudadanía:
Promoverán mecanismos para facilitar la
participación ciudadana en la vida política, especialmente en los gobiernos
locales o municipales; Impulsarán el desarrollo, la
autonomía y fortalecimiento institucional de los gobiernos locales, a fin de
promover condiciones favorables para el desarrollo económico y social
sostenible de sus comunidades;
Fortalecerán la capacidad institucional de
los gobiernos locales para permitir la plena y equitativa participación
ciudadana en las políticas públicas sin discriminación alguna y para
facilitar el acceso a los servicios esenciales para mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos, y fortalecerán la descentralización y el desarrollo
integral de estos servicios, en parte, mediante un financiamiento adecuado y
oportuno y de iniciativas que permitan a los gobiernos locales generar y
administrar sus propios recursos;
Promoverán el intercambio de información,
prácticas óptimas y técnicas administrativas entre funcionarios de gobiernos
locales y asociaciones de municipios, asociaciones comunitarias y la
ciudadanía, en parte, facilitando el acceso de los municipios a las
tecnologías de información y comunicación, al igual que fomentando la
cooperación y coordinación entre las organizaciones nacionales,
subregionales y regionales de alcaldes y gobiernos locales;
Impulsarán la cooperación internacional para
la capacitación de los dirigentes y mandos medios de los gobiernos locales;
Promoverán la realización de una reunión en
Bolivia de ministros o autoridades, del más alto nivel, responsables de las
políticas de descentralización, gobierno local y participación ciudadana a
nivel municipal, y considerarándetenidamente las recomendaciones de la Sexta
Conferencia Interamericana de Alcaldes, y otros procesos relevantes;
Respaldarán el Programa de Cooperación en Descentralización y
Gobierno Local de la OEA, incluyendo, con el apoyo del BID, la elaboración
de programas y la incorporación efectiva de los ciudadanos a los procesos de
toma de decisiones;
2. DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
Reconociendo que la
protección universal y la promoción de los derechos humanos - incluyendo los
derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales,
así como el respeto a las normas y principios del derecho internacional
humanitario, con base en los principios de universalidad, indivisibilidad e
interdependencia - son fundamentales para el funcionamiento de las sociedades
democráticas, y subrayando la importancia del respeto al Estado de Derecho, el
acceso equitativo y efectivo a la justicia y la participación de todos los
sectores de la sociedad en la toma de decisiones públicas:
Cumplimiento de obligaciones internacionales y respeto de las normas
internacionales
Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o
adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, todos los instrumentos
universales e interamericanos de derechos humanos, y tomarán medidas
concretas, al nivel nacional, para promover y fortalecer el respeto a los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas
incluyendo aquellos que corresponden a las mujeres, niños, ancianos, pueblos
indígenas, migrantes, repatriados, discapacitados y los que pertenecen a
otros grupos vulnerables o discriminados; y tomarán
nota de que la utilización del término "pueblos" en este documento no debe
interpretarse de manera que tenga implicación alguna en lo que atañe a los
derechos que puedan conferirse a dicho término en el derecho internacional,
y que los derechos asociados con el término "pueblos indígenas" tienen un
significado específico en un contexto propio, que está adecuadamente
determinado en las negociaciones multilaterales relacionadas con
los textos de las declaraciones que específicamente se
refieren a estos derechos;
Reafirman su determinación de combatir y
eliminar la impunidad en todos los niveles de nuestras sociedades, mediante
el fortalecimiento de los sistemas judiciales y las instituciones nacionales
de derechos humanos;
Combatirán, de acuerdo al derecho
internacional, el genocidio, los crímenes contra la humanidad y
los crímenes de guerra, dondequiera que se produzcan y, en
particular, formularán un llamado a los Estados para que consideren la
ratificación, o adhesión, según sea el caso, del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional;
Reconocen la importancia de la Conferencia Regional de las
Américas contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Santiago de
Chile en diciembre de 2000 y se comprometen a participar activamente en la
Conferencia Mundial que tendrá lugar en Sudáfrica en el 2001, promoviendo
sus objetivos; y recalcando que las plataformas políticas que se basan en el
racismo, la xenofobia o en las doctrinas de superioridad racial deben ser
condenadas por su incompatibilidad con la democracia y con la gubernabilidad
transparente y responsable;
Apoyarán los esfuerzos que se están
realizando en la OEA, orientados a la consideración de la necesidad de
elaborar una Convención Interamericana contra el racismo y todas las formas
de discriminación e intolerancia;
Fortalecimiento de los sistemas de derechos humanos
Continuarán promoviendo medidas concretas
para fortalecer y perfeccionar el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, en particular el funcionamiento de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana sobre
Derechos Humanos (CIDH), concentrándose en: la universalización del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, el aumento de adhesiones a sus
instrumentos fundamentales, el cumplimiento de las decisiones de la Corte
Interamericana y el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión, la
facilitación del acceso de las personas a este mecanismo de protección, el
incremento sustancial de los fondos asignados para mantener sus operaciones
en curso, incluyendo el fomento de contribuciones voluntarias, y el examen
de la posibilidad de que la Corte y la CIDH funcionen de manera permanente,
y encomiendan a la XXXI Asamblea General de la OEA, que tendrá lugar en San
José de Costa Rica en junio del presente año, que inicie acciones para el
logro de los fines antes mencionados;
Fortalecerán
la capacidad de las instituciones gubernamentales que tengan el mandato de
promover y proteger los derechos humanos, tales como las instituciones
nacionales de derechos humanos, reconociendo de este modo la importante
función que desempeñan; y contribuirán al establecimiento efectivo de una
red de todas estas instituciones del Hemisferio, utilizando tecnologías de
información y comunicación para fomentar y concretar la cooperación
sostenida y una mayor coordinación;
Crearán y
fortalecerán planes nacionales de acción en materia de derechos humanos,
conforme al mandato de la
Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, y promoverán
instituciones nacionales de derechos humanos independientes, solicitando,
cuando sea apropiado, apoyo técnico y financiero a las
organizaciones multilaterales y a los bancos de desarrollo multilaterales y
organismos multilaterales especializados;
Buscarán medidas para promover e instrumentar
la Declaración sobre el derecho y
el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales
universalmente reconocidos (referida
también como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de
Derechos Humanos);
Agilizarán las negociaciones, en la OEA,
relativas al Proyecto de
Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con
vistas a su conclusión y adopción a la brevedad posible;
Migración
Reafirmando los
compromisos asumidos en la Cumbre de Santiago de Chile en 1998, relativos a la
protección de los derechos humanos de los migrantes, incluyendo
los trabajadores migrantes y sus familias:
Fortalecerán la cooperación entre los Estados
para abordar, con un enfoque integral, objetivo, y de largo plazo, las
manifestaciones, orígenes y efectos de la migración en la región;
Promoverán que se tome conciencia sobre el
valor de la cooperación estrecha entre países de origen, tránsito y destino
para asegurar la protección de los derechos humanos de los migrantes;
Establecerán un programa interamericano, en
el marco de la OEA, para la promoción y protección de los derechos humanos
de los migrantes, incluyendo los trabajadores migrantes y sus familias,
tomando en cuenta las actividades de la CIDH y apoyando la labor encomendada
al Relator Especial sobre Trabajadores Migrantes de la CIDH y de la Relatora
Especial para las Migraciones de las NU;
Se comprometerán a llevar a cabo la más
amplia cooperación e intercambio de información posibles entre los Estados,
en relación con las redes de tráfico ilícito, incluyendo el desarrollo de
campañas preventivas relacionadas con los peligros y riesgos que enfrentan
los migrantes, particularmente las mujeres y los niños y las niñas, que
frecuentemente pueden ser víctimas de este tráfico, con el propósito de
erradicar este delito;
Establecerán vínculos con procesos
subregionales, tales como la Conferencia Regional sobre Migración y la
Conferencia Sudamericana sobre Migración, que son foros para el diálogo,
para compartir información en torno al fenómeno migratorio, asimismo,
fomentarán la cooperación con organismos internacionales especializados,
tales como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para
avanzar y coordinar los esfuerzos de ejecución de los mandatos de la Cumbre;
Derechos humanos de la mujer
Continuarán implementando las recomendaciones
contenidas en el informe presentado por la Relatoría Especial de la CIDH
sobre la Situación de la Mujer en las Américas en 1998 y asegurarán la
evaluación y, cuando sea apropiado, el establecimiento de mecanismos
nacionales para su seguimiento;
Incorporarán plenamente los derechos humanos
de la mujer, en la agenda de trabajo de las instituciones hemisféricas,
incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la CIDH, e
incrementarán la presentación de mujeres como candidatas para integrar estos
órganos;
Solicitarán a la OEA, a través de sus
organismos especializados, particularmente la Comisión Interamericana de
Mujeres (CIM), que facilite la integración de la perspectiva de género en el
trabajo de todos sus órganos, agencias y entidades, a través del desarrollo
de programas de capacitación y difusión de información sobre los derechos
humanos de la mujer, asimismo, apoyarán a los gobiernos en la recopilación y
difusión sistemáticas de datos estadísticos desagregados por género;
Desarrollarán, revisarán e instrumentarán leyes,
procedimientos, códigos y regulaciones para garantizar la compatibilidad con
obligaciones jurídicas internacionales y para prohibir y eliminar todas las
formas de discriminación basadas en el género y continuarán con la labor
emprendida en la Cumbre de Santiago de alcanzar la meta de la igualdad
jurídica entre hombres y mujeres antes del año 2002;
Desarrollarán políticas y medidas adicionales para hacer frente al problema
de la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, de
acuerdo con la definición establecida en la
Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belém do Pará);
Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a,
lo antes posible y según sea el caso, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las NU, y a su
Protocolo Facultativo;
Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia
Considerarán firmar y ratificar, ratificar, o
adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, los dos Protocolos
Facultativos de la Convención
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, específicamente
aquél sobre la Participación de los Niños en Conflictos Armados, y
aquél sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la utilización
de Niños en la Pornografía; buscarán la plena incorporación de sus
obligaciones bajo la Convención a sus leyes, políticas y
prácticas nacionales; Incorporarán plenamente los
derechos humanos de la niñez y la adolescencia en la agenda de trabajo de
las instituciones hemisféricas, incluyendo la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la CIDH y el Instituto Interamericano del Niño (IIN);
Libertad de opinión y de expresión
Apoyarán la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de
libertad de expresión a través del Relator Especial
sobre Libertad de Expresión de la CIDH, y procederán a la
difusión de los trabajos de jurisprudencia comparada, y
buscarán, asimismo, asegurar que su legislación nacional
sobre libertad de expresión esté conforme a las obligaciones jurídicas
internacionales;
Asegurarán que sus legislaciones nacionales
relativas a la libertad de expresión se apliquen de igual manera para todos,
respetando la libertad de expresión y el acceso a la información de todos
los ciudadanos, y que los Estados aseguren que los periodistas y los líderes
de opinión tengan la libertad de investigar y publicar sin miedo a
represalias, acoso o acciones vengativas, incluyendo el mal uso de leyes
contra la difamación;
3. JUSTICIA, ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS
Reconociendo que el acceso equitativo a una justicia
independiente, imparcial y oportuno constituye una base fundamental para la
democracia, el desarrollo económico y social, y acogiendo con beneplácito la
realización más frecuente de reuniones, consultas y colaboración entre
nuestros ministros de justicia, miembros de las cortes supremas,
procuradores generales, defensorías del pueblo, oficiales encargados del
cumplimiento de la ley y otros; y notando con satisfacción el creciente
interés en la cooperación mutua y el intercambio de experiencias en materia
de elaboración e implementación de reformas judiciales:
Acceso a la justicia
Apoyarán iniciativas y
programas públicos y privados para la educación de las personas sobre sus
derechos de acceso a la justicia, e impulsarán las medidas que aseguren el
acceso oportuno, equitativo y universal a la justicia;
Impulsarán la cooperación para intercambiar experiencias en
materia de mecanismos alternativos de solución de controversias para
acelerar la administración de justicia, inclusive entre los pueblos
indígenas, para lo cual podrían solicitar, cuando sea apropiado, el apoyo de
la OEA, el BID y otras entidades;
Independencia del poder judicial
Fomentarán medidas para fortalecer la
independencia del poder judicial mediante iniciativas que incluyan la
transparencia en la selección de autoridades judiciales, seguridad de
permanencia en el cargo, normas de conducta apropiadas y sistemas de
responsabilidad ante la sociedad;
Reuniones hemisféricas de ministros de justicia
Continuarán apoyando el trabajo realizado en
el marco de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales
de las Américas, cuya cuarta reunión tendrá lugar en Trinidad y Tobago, así
como las subsiguientes reuniones y la implementación de sus conclusiones y
recomendaciones; Desarrollarán un plan de
financiamiento para el Centro de Estudios de Justicia de las Américas que
tome en cuenta los intereses y recursos tanto de Gobiernos como de otros
posibles donantes, y que permita al Centro contribuir no sólo a la
modernización y formulación de las políticas públicas en este ámbito, sino
también al desarrollo institucional de los sistemas judiciales en la región;
Desarrollarán, a través de las Reuniones de
Ministros de Justicia, y otros mecanismos adecuados, buscando el apoyo
técnico y financiero de otras organizaciones multilaterales y bancos de
desarrollo multilaterales, cuando sea apropiado, un intercambio de prácticas
óptimas y recomendaciones, de acuerdo con las normas internacionales de
derechos humanos, para reducir el número de detenidos en espera de juicio,
instituir penas sustitutivas para los casos de delitos menores y mejorar las
condiciones de las cárceles en el hemisferio;
Establecerán en la OEA una red de información,
vía Internet, entre las autoridades jurídicas competentes en los temas de
extradición y asistencia mutua legal, con el propósito de facilitar la
comunicación directa y frecuente entre ellos y la identificación de
problemas comunes en el manejo de casos y asuntos específicos que deban ser
considerados y solucionados de manera colectiva;
Combate al problema de las drogas
Reconociendo la extrema gravedad del
problema de la droga en la región, renovando su compromiso
indeclinable de combatirlo en todas sus manifestaciones, desde
una perspectiva integral, conforme al principio de responsabilidad compartida,
y a través de la coordinación de esfuerzos nacionales y en un espíritu de
cooperación y respeto mutuo, según lo establecido en la Estrategia Antidrogas
en el Hemisferio; y reconociendo asimismo la labor realizada por
la Comisión Interamericana para el Control y el Abuso de Drogas (CICAD) y el
Grupo de Expertos Gubernamentales designados para realizar la
primera ronda del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM):
Toman nota, con satisfacción, de la creación
e implementación del MEM, y reiteran su compromiso a hacer de este
instrumento, único en el mundo, un pilar fundamental de asistencia en la
búsqueda de cooperación hemisférica efectiva para la lucha contra todos los
elementos que forman parte del problema global de la droga;
Instrumentarán las propuestas y recomendaciones contenidas en
los informes nacionales y en el hemisférico, aprobadas por la CICAD,
conforme a la situación específica de cada país;
Continuarán fortaleciendo y revisando el MEM para dar seguimiento a los
esfuerzos nacionales y hemisféricos contra las drogas, y recomendarán
acciones concretas para impulsar la cooperación interamericana y las
estrategias nacionales para combatir este flagelo;
Encomendarán:
- Intensificar el esfuerzo conjunto realizado
por el BID y la CICAD para obtener de la comunidad
donante internacional, a través de grupos consultivos de apoyo a los
esfuerzos antidrogas, recursos financieros para los programas de desarrollo
alternativo y reducción de la demanda;- Establecer, en los países que aún no lo han hecho, unidades con funciones
de inteligencia financiera con el apoyo de la CICAD y de las agencias
internacionales especializadas en la materia, para lo cual recomiendan la
ampliación de los esfuerzos de capacitación que vienen realizando la CICAD y
el BID;
- Desarrollar, en el marco de la CICAD, una estrategia de largo plazo que
incluya un programa de tres años, con el propósito de
establecer un mecanismo básico y homogéneo para estimar los costos sociales,
humanos y económicos del problema de las drogas en las Américas y prestar
asistencia técnica a los Estados en la materia;
Impulsarán la cooperación multilateral y
bilateral y el intercambio de información de políticas y
acciones referidas a la prevención, tratamiento, rehabilitación y control de
la oferta de drogas, y desarrollarán campañas educativas
para promover la conciencia pública sobre el riesgo del
consumo de drogas;
Apoyarán las medidas contra el crimen
organizado, el lavado de dinero, el desvío de precursores
químicos, el financiamiento de los grupos armados, y otro tipo
de actividades ilícitas provenientes del tráfico de
drogas y de armas;
Impulsarán la cooperación bilateral y
multilateral para abordar de manera integral el fenómeno del
desplazamiento de los diferentes factores relacionados con el
problema de las drogas, incluyendo el desplazamiento de personas y cultivos
ilícitos;
Delincuencia organizada transnacional
Alentarán a todos los países del Hemisferio a
firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea
el caso, la Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, su
Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire,
su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas,
Especialmente Mujeres y Niños, y su Protocolo contra la Producción y
el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes,
y Municiones, una vez que éste sea abierto a la firma;
Instrumentarán estrategias colectivas, incluyendo las que
surgen de las Reuniones de Ministros de Justicia de las
Américas, para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en el
intercambio de información y evidencias, concretando acuerdos
internacionales relacionados con asistencia jurídica mutua que procedan;
elaborarán y difundirán informes nacionales y fortalecerán la cooperación,
buscando el apoyo técnico y financiero de las organizaciones multilaterales
y bancos de desarrollo multilaterales, cuando corresponda, para combatir
conjuntamente las nuevas formas de delincuencia
transnacional, incluyendo el tráfico de personas, el lavado de dinero y de
productos del delito y del delito cibernético;
Revisarán políticas y leyes nacionales para
mejorar la cooperación en áreas tales como la asistencia jurídica mutua,
extradición y deportación a los países de origen, reconociendo las serias
preocupaciones de los países que deportan a ciertos extranjeros por los
crímenes cometidos en esos países y las serias preocupaciones de los países
receptores por el efecto negativo de estas deportaciones en los niveles de
criminalidad en los países de origen, y expresan el deseo de trabajar juntos,
cuando corresponda, para abordar los efectos negativos en nuestras
sociedades;
Promoverán, cuando sea apropiado y de
conformidad con su ordenamiento jurídico, la adopción de las técnicas de
investigación comprendidas en la
Convención de las NU Contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
que constituyen herramientas muy importantes en la lucha contra la
delincuencia organizada;
Prevención de la violencia
Reconociendo que la violencia y la delincuencia son obstáculos graves para la
convivencia social y el desarrollo democrático y socio-económico en el
Hemisferio, así como la urgente necesidad de un enfoque integral para su
prevención:
Alentarán a nuestras instituciones nacionales
a trabajar conjuntamente y en coordinación con todas las organizaciones
multilaterales y bancos de desarrollo multilaterales pertinentes, para
instrumentar programas integrales que incluyan iniciativas sobre resolución
de conflictos, cuando sea apropiado, para la prevención y atención
permanente, la educación pública y el tratamiento, relativos a casos de
violencia contra personas, familias y comunidades, fortaleciendo las
capacidades institucionales nacionales en estas áreas;
Considerarán el desarrollo de la cooperación con los medios
de comunicación y la industria del entretenimiento, con miras a eliminar la
promoción y la difusión de una cultura de violencia y, de esa forma,
contribuir a fomentar una cultura de paz;
Fomentarán una mayor utilización de policías
vinculados a la comunidad para desarrollar un mayor diálogo e interacción
entre las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y agrupaciones
de la sociedad civil y comunidades locales;
Alentarán la cooperación para modernizar las
leyes penales, utilizando las tecnologías de información y de las
comunicaciones cuando proceda, poniendo énfasis en la capacitación en
materia de derechos humanos y en la prevención de actos de violencia, en
particular la ejercida por las autoridades encargadas de combatir el delito,
con el fin de reducir la violencia contra la población civil, fomentando,
asimismo, los valores necesarios en nuestras sociedades para conservar la
armonía social; Promoverán el intercambio de
experiencias nacionales y prácticas óptimas sobre el uso de los
procedimientos de identificación por los agentes de seguridad pública, con
miras a prevenir detenciones sobre la base de prejuicios que afectan
principalmente a las minorías y a los pobres;
Aumentarán las oportunidades de compartir
experiencias, técnicas y prácticas óptimas entre las entidades
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil que participan en la
lucha contra la violencia psicológica, sexual o física en el hogar y en el
lugar de trabajo, conscientes de que dicha violencia está principalmente
dirigida contra las mujeres y los niños y niñas;
Buscarán adoptar medidas necesarias para
prevenir, impedir y penalizar la violencia, segregación y explotación
ejercida contra las mujeres, menores, ancianos, personas discapacitadas y
otros grupos vulnerables, y procurarán asegurar que la legislación nacional
aborde los actos de violencia contra ellos, y que estas leyes sean aplicadas
reconociendo la necesidad de garantizar a las víctimas de la violencia la
asistencia legal que se requiera para obtener la reparación del caso;
Solicitarán a las organizaciones
multilaterales y otras participantes en la Coalición Interamericana para la
Prevención de la Violencia, que intensifiquen su apoyo y asistencia técnica
a los países que lo requieran para la elaboración de estrategias y acciones
nacionales en este tema;
Promoverán medidas concretas para prevenir
acciones hostiles contra las minorías en el Hemisferio, al igual que
actividades violentas locales, regionales e internacionales de grupos que
apoyan y fomentan ideologías racistas y prácticas terroristas para obtener
sus objetivos;
Aumentarán la cooperación regional con miras
a prevenir el uso de armas de fuego y municiones con fines criminales, y
examinarán medidas y leyes adicionales a nivel nacional cuando sea apropiado;
Implementarán, lo antes posible, la Convención Interamericana
contra la Fabricación y el Tráfico
Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados, y aplicarán, cuando sea apropiado, los Reglamentos Modelo de
la CICAD;
4. SEGURIDAD
HEMISFÉRICA1
Reconociendo que la democracia es
esencial para la paz, el desarrollo y la seguridad en el Hemisferio que, a
su vez, son las mejores bases para continuar fomentando el bienestar de
nuestros pueblos, y observando que la subordinación constitucional de las
fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades legalmente constituidas
de nuestros Estados es fundamental para la democracia:
Fortalecimiento de la confianza mutua
Celebrarán la Conferencia Especial sobre Seguridad en
el año 2004, para lo cual la
Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA deberá concluir la revisión
de todos los temas que se refieren a los enfoques sobre
la seguridad internacional en el Hemisferio, tal como fue establecido en
la Cumbre de Santiago;
Continuarán con las actividades prioritarias de
prevención de conflictos y de solución pacífica de controversias,
responderán a las preocupaciones comunes de seguridad y defensa tanto
tradicionales como no tradicionales, y apoyarán las medidas adecuadas
para aumentar la seguridad humana;
Apoyarán los esfuerzos de los pequeños Estados
insulares en vías de desarrollo para que se consideren sus
preocupaciones particulares con respecto a la seguridad, reconociendo
que para los Estados más pequeños y vulnerables del Hemisferio la
seguridad tiene un carácter multidimensional, involucra a actores
estatales y no estatales, e incluye componentes políticos, económicos,
sociales y naturales, que los pequeños Estados insulares en vías de
desarrollo han concluido en que, entre las amenazas a su seguridad,
están el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, los
crecientes niveles de actividad delictiva y de la corrupción, la
vulnerabilidad ambiental empeorada por la susceptibilidad a los
desastres naturales y el transporte de los desechos nucleares, la
vulnerabilidad económica, particularmente en relación con el comercio,
las nuevas amenazas a la salud, como la pandemia del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH)/ Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
(SIDA) y los niveles crecientes de la pobreza;
Mejorarán la transparencia y la responsabilidad de las
instituciones de defensa y de seguridad, y promoverán un mayor grado de
entendimiento y cooperación entre los organismos gubernamentales que
participan en cuestiones de seguridad y defensa a través, entre otros,
de un mayor intercambio de documentos de política y doctrina de defensa,
de personal e información, incluyendo, cuando sea posible, cooperación y
capacitación para la participación en actividades de mantenimiento de la
paz de las NU y para responder mejor a las necesidades legítimas de
seguridad y defensa, mejorando la transparencia en la adquisición de
armas con el fin de incrementar la confianza y seguridad en el
Hemisferio;
Continuarán promoviendo un mayor grado de confianza y
seguridad en el Hemisferio, entre otros medios, a través de: el apoyo
continuo a medidas de fomento de la confianza y la seguridad, tales como
las adoptadas en las Declaraciones de Santiago y San Salvador
sobre fomento de la confianza y de la seguridad; y a mecanismos,
acuerdos y fondos existentes incluyendo la consideración de la firma y
ratificación, ratificación, o adhesión a, lo antes posible y según sea
el caso, la Convención sobre la Prohibición del
Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal
y sobre su Destrucción; la Convención Interamericana sobre la
Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales; la
Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de
Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales
Relacionados; apoyando plenamente la Conferencia de las NU sobre
Armas Pequeñas y Armas Ligeras que se realizará en julio de 2001,
tomando en cuenta los resultados de la Reunión Regional
Preparatoria de América Latina y el Caribe, celebrada en Brasilia en
noviembre de 2000, y el trabajo de la OEA que contribuyó a dar una
perspectiva regional a las discusiones;
Apoyarán firmemente la Tercera Reunión de los Estados
Parte de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas
Antipersonal y sobre su Destrucción a realizarse en septiembre
del 2001 en Managua, Nicaragua, y la próxima conferencia que se
celebrará en Ginebra en diciembre de 2001 para revisar la
Convención de las NU de 1980 sobre Prohibiciones o Restricciones
del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan Considerarse
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados;
así como los esfuerzos que realiza la OEA hacia la meta de convertir al
Hemisferio occidental en una zona libre de minas antipersonal;
Convocarán a una reunión de expertos, antes de la
Conferencia Especial sobre Seguridad, para dar seguimiento a las
conferencias regionales de Santiago y San Salvador sobre medidas de
fomento de la confianza y de la seguridad para evaluar su implementación
y considerar los siguientes pasos para consolidar la confianza mutua;
Promoverán el apoyo financiero al Fondo de Paz de la
OEA: solución pacífica de controversias territoriales establecido para
proveer recursos financieros para asistir a cubrir costos inherentes a
los procedimientos previamente acordados por las partes para la solución
pacífica de controversias territoriales entre estados miembros de la OEA;
Apoyarán el desarrollo de los trabajos de la
Quinta Reunión de Ministros de Defensa que se celebrará en Chile, al
igual que las reuniones que se celebrarán subsecuentemente;
Lucha contra el Terrorismo
Respaldarán la labor iniciada por el Comité
Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), establecido en el marco de
la OEA como resultado del
Compromiso de Mar del Plata adoptado, en 1998, y alentarán la
cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar todas las
formas de terrorismo, teniendo en cuenta la aprobación
del Estatuto y el Programa de Trabajo del CICTE;
Considerarán firmar y
ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el
caso, los convenios internacionales, relacionados con la lucha contra el
terrorismo, de acuerdo con sus respectivas legislaciones internas;
5. SOCIEDAD CIVIL
Reconociendo el importante
papel de la participación de la sociedad civil en la consolidación de la
democracia y que dicha participación constituye uno de los
elementos vitales para el éxito de las políticas de desarrollo,
considerando que los hombres y las mujeres tienen derecho a participar, en
condiciones de igualdad y equidad en los procesos de toma de decisiones
que afectan sus vidas y bienestar; y, tomando en cuenta que la diversidad
de opiniones, de experiencias y de conocimientos técnicos de la sociedad
civil constituye un recurso importante y valioso para iniciativas y
respuestas de los gobiernos e instituciones
democráticas:
Fortalecimiento de la participación en
los procesos hemisféricos y nacionales
Buscarán establecer instrumentos de financiamiento
público y privado, destinados a fortalecer la capacidad de las
organizaciones de la sociedad civil, para hacer más visible el trabajo y
el aporte de las mismas y promover la responsabilidad social;
Elaborarán estrategias, a nivel nacional, y a través
de la OEA, otras organizaciones multilaterales y bancos de desarrollo
multilaterales, con el fin de aumentar la capacidad de la sociedad civil
para incrementar su participación en el sistema interamericano y en el
desarrollo político, económico y social de sus comunidades y países,
fomentando la representatividad y facilitando la participación de todos
los sectores de la sociedad; e incrementarán la capacidad institucional
de los gobiernos para recibir, integrar e incorporar los aportes y las
causas de la sociedad civil, especialmente a través de la utilización de
tecnologías de información y comunicación;
Promoverán la participación de todos los grupos
minoritarios en la conformación de una sociedad civil más fuerte;
Desarrollarán programas educativos, en cooperación con
las correspondientes organizaciones de la sociedad civil, expertos
académicos y otros, cuando sea apropiado, para impartir educación en
materia de democracia y derechos humanos y promoverán la introducción de
libros y materiales educativos que reflejen la diversidad étnica,
cultural y religiosa de las Américas, como parte del programa escolar de
enseñanza primaria y secundaria;
6. COMERCIO, INVERSIÓN Y ESTABILIDAD FINANCIERA
Comercio e inversión
Asegurarán que las negociaciones para el Acuerdo ALCA
concluyan, a más tardar en enero de 2005, para tratar de lograr su
entrada en vigencia lo antes posible, no más allá de diciembre de 2005,
en conformidad con los principios y objetivos establecidos en la
Declaración Ministerial de San José; en particular, el logro de un
acuerdo equilibrado, comprensivo, congruente con las reglas y
disciplinas de la OMC y cuyo resultado constituirá un compromiso único
que incorpore los derechos y obligaciones mutuamente acordados;
Asegurarán la transparencia del proceso de negociación,
incluyendo la publicación del borrador preliminar del Acuerdo ALCA en
los cuatro idiomas oficiales, lo antes posible, y la difusión de
información adicional sobre el avance de las negociaciones;
Fomentarán mediante los respectivos mecanismos de
diálogo nacionales y a través de los mecanismos apropiados del ALCA, un
proceso de comunicación creciente y sostenido con la sociedad civil para
asegurar que ésta logre una clara percepción del desarrollo del proceso
de negociación del ALCA; invitarán a la sociedad civil a que continúe
contribuyendo al proceso del ALCA; y, con esta finalidad, desarrollarán
una lista de opciones que podría incluir programas de difusión en las
pequeñas economías, los que podrían contar con el apoyo del Comité
Tripartito u otras fuentes;
Asegurarán la plena participación de todos sus países
en el ALCA, teniendo en consideración las diferencias en los niveles de
desarrollo y el tamaño de las economías del Hemisferio, con el fin de
crear oportunidades para la plena participación de las pequeñas
economías e incrementar sus niveles de desarrollo;
Supervisarán y apoyarán, con asistencia técnica, la
plena implementación de las medidas de facilitación de negocios ya
adoptadas;
Instruirán a sus representantes en las instituciones
del Comité Tripartito que continúen procurando obtener la asignación de
los recursos necesarios para contribuir al apoyo de la labor de la
Secretaría Administrativa del ALCA;
Instarán a las instituciones del Comité Tripartito a
continuar respondiendo positivamente a las solicitudes de asistencia
técnica de las entidades del ALCA, y solicitarán a las instituciones, de
acuerdo con sus respectivos procedimientos internos, que consideren
favorablemente las solicitudes de asistencia técnica relacionadas con
asuntos del ALCA de los países miembros, en particular de
las pequeñas economías para facilitar su integración en
el proceso del ALCA.
Estabilidad económica y financiera
Acogemos y apoyamos el trabajo realizado por los Ministros de Finanzas
del Hemisferio, reunidos en Toronto, Canadá, los días 3 y 4 de abril de
2001 para fomentar la estabilidad económica y financiera así como el
crecimiento sólido y sostenido, como condiciones previas fundamentales
para el desarrollo acelerado y la reducción de la pobreza, así como para
asegurar que los beneficios de la globalización alcancen de manera
amplia y equitativa a toda la población;
Reconocen el valor de los esfuerzos emprendidos para
avanzar en la integración hemisférica, incluyendo un mayor acceso a los
bienes, servicios, capital y tecnología, para lograr el cumplimiento de
todos los objetivos sociales y otros;
Apoyan los esfuerzos realizados por los Ministros de
Finanzas para enfrentar los desafios asociados con la globalización, con
el fin de proteger a los más vulnerables y prevenir las crisis, y
reafirman la importancia de lograr que los beneficios de la
globalización lleguen a todas las regiones y sectores sociales de
nuestros países, reconociendo al mismo tiempo los desafios particulares
que enfrentan los estados pequeños;
Afirman que deberá otorgarse mayor atención al
incremento del ritmo de crecimiento económico y la reducción de la
pobreza, de manera que ambos factores se refuercen, y que esta prioridad
debe incluir políticas sociales sectoriales que logren la efectiva
reducción de la pobreza, así como una mayor inversión en la población,
con un mejor acceso a la educación básica y los servicios de salud;
Instruiremos a nuestros Ministros de Finanzas que
continúen explorando los medios para asegurar que las instituciones
financieras internacionales, los bancos regionales de desarrollo y otros
organismos internacionales tomen en cuenta debidamente las iniciativas
de la Cumbre en sus políticas crediticias y programas de asistencia
técnica para el Hemisferio;
Responsabilidad social de las empresas
Reconociendo el papel central que
las empresas de todos los tamaños desempeñan en la creación de la
prosperidad, así como el flujo y mantenimiento del comercio y las
inversiones en el Hemisferio, y tomando nota de que las empresas pueden
hacer importantes contribuciones al desarrollo sostenible, incrementando
el acceso a las oportunidades, incluyendo la reducción de las
desigualdades en sus comunidades, y tomando en consideración las
crecientes expectativas de nuestros ciudadanos y de las organizaciones de
la sociedad civil para que dichas empresas operen de manera coherente con
su responsabilidad social y ambiental:
Apoyarán el continuo análisis y estudio en la OEA de la responsabilidad
social de las empresas, asegurando que la sociedad civil, incluyendo el
sector privado, sea consultada debida y periódicamente y que ese proceso
se beneficie de las experiencias de otras organizaciones internacionales,
organismos nacionales y actores no gubernamentales;
Convocarán a una reunión a celebrarse lo antes posible
en el año 2002, en la que participen representantes de los gobiernos y
de la sociedad civil, incluyendo especialmente al sector empresarial,
para que, con el respaldo de la OEA, el BID y otros organismos
interamericanos pertinentes, se profundice el diálogo sobre la
responsabilidad social de las empresas en el Hemisferio y la creación de
conciencia sobre asuntos clave a ser determinados, así como para
deliberar sobre las modalidades de promoción de la elaboración, adopción
e implementación, por el sector privado, de principios de buena conducta
que fomenten su responsabilidad social y ambiental;
7. INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE NORMATIVO
Reconociendo que el desarrollo de la
infraestructura física constituye un complemento importante para la
integración económica; que los avances en el área de infraestructura
deberán conducir hacia una integración amplia y profunda, poniendo en
marcha una dinámica que debería ser fomentada; y que los proyectos de
infraestructura destinados hacia la integración deben ser complementados
con la adopción de regímenes normativos y administrativos que faciliten su
implementación:
Telecomunicaciones
Reconociendo que los Estados
soberanos tienen el derecho de regular su propio sector de
telecomunicaciones y que el acceso universal y más
económico a las nuevas tecnologías de información y comunicación es un
medio importante para elevar el nivel de vida de nuestros ciudadanos y
reducir la brecha entre las poblaciones rurales y urbanas y entre los
países; tomando nota de la importancia de aumentar nuestra cooperación con
el sector privado con el fin de modernizar y ampliar aún más nuestros
sectores de telecomunicaciones; reconociendo y reafirmando nuestros
esfuerzos y dedicación para la apertura de mercados y la creciente
competencia libre, justa y equitativa en todos los servicios de
telecomunicaciones, respetando la legislación vigente en cada país, con el
fin de atraer la inversión necesaria para desarrollar la infraestructura y
reducir los costos de servicio; subrayando la importancia de adoptar
políticas destinadas a proteger los intereses de los usuarios y mejorar la
calidad, eficiencia, cobertura y diversidad de servicios, todos basados en
el respeto de la vida privada de los usuarios; y tomando en cuenta las
necesidades sociales, políticas, económicas, comerciales y culturales de
nuestras poblaciones, en especial, las de las comunidades menos
desarrolladas:
Propondrán medidas encaminadas a la
modernización de las legislaciones nacionales, cuando sea apropiado,
basadas en principios tales como: la vigencia de órganos reguladores
vigorosos e independientes, un enfoque favorable a la competencia,
incluyendo disposiciones sobre operadores dominantes; flexibilidad del
marco normativo consistente con la convergencia tecnológica; y
desarrollarán la capacidad humana e institucional como apoyo a estos
principios;
Facilitarán la mejora de los
recursos humanos en el sector de telecomunicaciones a través de
programas continuos de capacitación en políticas de telecomunicaciones,
regulación, gerencia y tecnología, y solicitarán que la Comisión
Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), en coordinación con las
entidades nacionales, el Centro de Excelencia para las Américas de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y en asociación con el
sector privado, organizaciones regionales y subregionales, establezca un
centro de información sobre programas de desarrollo de recursos humanos
que fomente el intercambio de información sobre programas de formación
pertinentes entre gobiernos, universidades, asociaciones empresariales y
el sector privado, a fin de asistir a los países de las Américas a
responder a las crecientes necesidades de personal capacitado y
competente en la cambiante economía basada en el conocimiento;
Dispondrán la adopción de medidas
destinadas a implementar el Acuerdo de Reconocimiento
Mutuo (ARM) sobre evaluación de la conformidad elaborado
por CITEL, sin perjuicio de que cada Estado soberano tenga el derecho de
regular su propio sector de telecomunicaciones, y
alentarán la discusión sobre normas adecuadas para asegurar la
interoperabilidad de las redes de
telecomunicaciones existentes y futuras y la introducción oportuna de
tecnología en mercados nuevos y existentes,
teniendo en cuenta las regulaciones y recomendaciones de la UIT y de
otros organismos normativos pertinentes;
Apoyarán la convocatoria a la Cumbre Mundial de la UIT
sobre la Sociedad de la Información, en el 2003,
que se enfocará en el uso de las tecnologías de información y
comunicación para el desarrollo social y económico;
Recomendarán que nuestras entidades nacionales
trabajen, dentro del marco de la CITEL, en la
preparación de directrices sobre el Servicio Universal, basándose en los
principios a ser elaborados por CITEL, y
desarrollarán una clara definición de las responsabilidades de los
gobiernos y las entidades privadas;
Instruirán, cuando sea apropiado, a las autoridades
responsables de telecomunicaciones y a las
entidades reguladoras correspondientes, dentro del marco de las agencias
y organizaciones regionales y subregionales, que
desarrollen e implementen antes de la próxima Cumbre de las
Américas, un programa de cooperación y colaboración para
apoyar una agenda sobre conectividad para todo el
Hemisferio;
Fomentarán el aumento de la competitividad y la
productividad en todos los sectores a través de
aplicaciones tales como educación a distancia y telemedicina, y
promoverán la creación de actividades domésticas
dedicadas a la generación de industrias basadas en el Internet;
Requerirán a los ministerios o direcciones
responsables de telecomunicaciones y entidades
reguladoras correspondientes que en el marco de la CITEL cooperen con
miras a la clarificación y simplificación de las
normas que rigen la provisión de servicios de satélites en nuestros
países, y que trabajen, para terminar la
elaboración de un sitio Web hemisférico que contenga los requisitos
y formularios de solicitud necesarios en cada país para
obtener licencia para proveer servicios de
telecomunicaciones vía satélite;
Promoverán la modernización y ampliación de la
infraestructura de las telecomunicaciones en las
zonas rurales y urbanas a través de la adopción oportuna de nuevas
tecnologías y servicios, especialmente tecnología
de banda ancha, de nuevas normas de teledifusión, distribución Web y el
Protocolo de Internet (PI), prestando especial atención a
la administración del espectro de políticas de
interconexión, ritmo de desarrollo apropiado y comunicaciones en casos
de emergencia;
Considerarán la cuestión sobre fondos voluntarios para
la implementación de los mandatos adicionales a
CITEL establecidos en este Plan de Acción;
Transportes
Reconociendo que los sistemas de
transporte, ambientalmente sanos, seguros y eficientes, incluyendo los
corredores multimodales, son esenciales para la calidad de vida diaria de
los pueblos de las Américas, así como para el intercambio de mercancías y
servicios entre nuestros países; y reafirmando nuestro apoyo a los
continuos esfuerzos que realizan nuestros ministros responsables del
transporte, a través de la Iniciativa de Transporte del Hemisferio
Occidental (ITHO), para incrementar la integración de nuestros sistemas y
prácticas de transporte:
Endosarán las acciones de cooperación identificadas en
la reunión ministerial celebrada en marzo de 2001 en Punta del Este,
Uruguay;
Promoverán y facilitarán una mayor cooperación,
convergencia e intercambio de información sobre actividades relativas al
transporte en las cinco subregiones del Hemisferio y con las
organizaciones multilaterales para continuar el desarrollo de las
capacidades humanas e institucionales, y asegurar la viabilidad
ambiental de los sistemas e infraestructura de transportes; para ello,
solicitarán a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de
las Naciones Unidas (CEPAL) que continúe brindando
su valioso apoyo a la ITHO;
Mejorarán los programas de capacitación de recursos
humanos fomentando el intercambio de personal entre los países e
instituciones regionales, elaborando programas de capacitación en
materia de transportes, participando en los mismos, y divulgando la
información sobre dichos programas a través del sitio Web de la ITHO y
de otros medios;
Pondrán énfasis en la necesidad de desarrollar una
infraestructura apropiada y altas normas de seguridad, como primera
prioridad del programa de trabajo de la ITHO, reconociendo
simultáneamente la importancia de desarrollar la capacidad humana e
institucional para garantizar la seguridad de los servicios de
transporte;
Alentarán, activa y colectivamente, a los operadores
internacionales marítimos y aéreos a que cumplan rigurosamente con los
estándares de seguridad de la Organización Marítima Internacional (OMI),
la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI) y la Agencia
Internacional de la Energía Atómica (AIEA), que rigen el transporte de
materiales peligrosos incluyendo substancias nucleares, nocivas y
peligrosas y otros desechos, y subrayarán la importancia de contar con
mecanismos efectivos de asignación de responsabilidades;
Alentarán, activa y colectivamente, que los
transportistas marítimos internacionales, particularmente los cruceros,
cumplan con las normas de la OMI relacionadas con la protección del
medio ambiente marino y, en particular, la situación del área especial
del gran Caribe;
Reconociendo las preocupaciones de algunos Estados
sobre el transporte de material radioactivo, incluyendo desechos, por
rutas cercanas a costas de los Estados o lo largo de vías navegables del
Hemisferio, y las posibles consecuencias que puedan provocar en la salud
de nuestra población al igual que la posible amenaza para el medio
marino, y consistentes con los derechos y obligaciones marítimas en el
derecho internacional; alentarán y apoyarán el pleno cumplimiento de las
convenciones, normas y códigos de conducta vigentes de la OMI y AIEA, y
subrayarán la importancia de contar con mecanismos efectivos de
responsabilidad; alentarán la consideración por parte de la AIEA y de la
OMI y de otros órganos internacionales competentes, de reforzar medidas
adicionales internacionales, cuando sea necesario, que puedan incluir:
las garantías sobre la no contaminación del medio marino; el compromiso
de recuperar material radioactivo, incluyendo desechos, en caso de
derrame o pérdida accidental de los mismos; las provisiones para la
reparación, rehabilitación o reconstrucción, cuando sea apropiado, de
las poblaciones afectadas en caso de un accidente; e invitarán a los
países que transporten material radioactivo, incluyendo desechos, a
proveer información oportuna relacionada con dichos embarques a los
Estados potencialmente afectados del Hemisferio, consistente con la
necesidad de mantener y garantizar la seguridad de estos embarques;
Instruirán a los Ministros de Transporte que exploren
la posibilidad de discutir sobre la modernización de los servicios
aéreos, con el fin de atender el creciente flujo de personas y
mercancías que se ha venido presentando en el Hemisferio;
Energía
Reconociendo que en la búsqueda de la integración
regional de los mercados energéticos, se considerarán las cuestiones
relacionadas con la reforma y estabilidad de los mercados, la reforma
regulatoria y la liberación del comercio; apoyarán y endosarán la
Iniciativa Energética Hemisférica que promueve políticas y prácticas
para avanzar en dicha integración;
8. MANEJO DE DESASTRES
Reconociendo la necesidad de
elaborar, instrumentar y mantener estrategias y programas compartidos y
comprensivos en el manejo de desastres, con el objeto de reducir la
vulnerabilidad de nuestras poblaciones y economías contra los desastres de
origen natural y los provocados por el hombre, y para mantener o restaurar
rápidamente los niveles mínimos de consumo, ingreso y producción a nivel
de hogares y comunidades inmediatamente después de un desastre, incluyendo
asentamientos humanos irregulares; reconociendo, en este sentido, la
necesidad de expandir a nivel regional, nacional y local la comunidad de
partes interesadas en la formulación integral de sistemas de alerta
temprana, la gestión de riesgos y las operaciones de respuesta en casos de
desastres y de estrategias de desarrollo sostenible integrales:
Elaborarán la capacidad para predecir, preparar y
mitigar las posibles consecuencias de sucesos de origen natural y los
provocados por el hombre; promoverán la reducción de la vulnerabilidad;
adoptarán y harán cumplir mejores códigos y estándares de construcción;
asegurarán prácticas de uso adecuado del suelo; prepararán inventarios y
evaluaciones sobre la vulnerabilidad de facilidades e infraestructura
fundamental; predecir la variabilidad de los cambios climáticos, y la
elevación del nivel del mar, al igual que para examinar sus posibles
impactos; y en este sentido, crearán el marco jurídico requerido y
establecerán mecanismos de cooperación para compartir y tener acceso a
los avances de la ciencia y la tecnología y su aplicación en la alerta
temprana, preparación y mitigación de estos peligros;
Promoverán el intercambio de información sobre la
vulnerabilidad de la infraestructura expuesta a los desastres, así como
la capacidad de alerta temprana, particularmente en las zonas de
frontera de los países de las Américas para diseñar medidas de
prevención específicas en áreas de ingeniería y legislación, con el
objetivo de reducir el impacto socio-económico de los desastres de
origen natural;
Establecerán o fortalecerán, según corresponda, lazos
de cooperación con todos los agentes pertinentes, incluidos el sector
privado, las asociaciones técnicas profesionales, las instituciones
regionales, la sociedad civil, las instituciones educativas y de
investigación y los demás organismos multilaterales de coordinación
tales como la Oficina de Coordinación de los Asuntos Humanitarios (OCHA)
y la Agencia Interamericana de Cooperación y Desarrollo en la
elaboración e implementación de las políticas y programas de gestión de
operaciones en casos de desastre a nivel nacional y comunitario; y
fomentarán un mayor grado de toma de conciencia y una integración
efectiva de esas políticas y programas entre los responsables de
formular las políticas nacionales, las autoridades locales, las
comunidades y los medios de comunicación; asimismo, promoverán el seguro
y reaseguro de la infraestructura social y económica, así como la
descentralización de información y la toma de
decisiones;
Promoverán el intercambio de conocimientos y
experiencias sobre el combate contra las prácticas inadecuadas de
explotación de recursos naturales y de patrones de consumo no
sostenibles, incluyendo los problemas derivados del manejo de los
desechos, que aumentan la vulnerabilidad de la población a los desastres
de origen natural;
Promoverán el desarrollo de las telecomunicaciones
para la ayuda humanitaria; fomentarán activamente un mayor uso y
complementariedad técnica de las telecomunicaciones y otras tecnologías
y sistemas de información que permitan observar y monitorear los
diferentes fenómenos naturales; utilizarán sistemas de alerta temprana
necesarios para las operaciones de prevención y atención de emergencias,
tales como la obtención de imágenes de teledetección, datos de los
sistemas geoestacionarios; promoverán la compatibilidad de dichos
sistemas, en la planificación y en la capacidad de respuesta a casos de
emergencia, entre los gobiernos, organismos especializados,
organizaciones internacionales pertinentes, organizaciones no
gubernamentales, y en este espíritu, considerarán firmar y ratificar,
ratificar, o adherirse a, lo antes posible y según sea el caso, el
Convenio de Tampere sobre el Suministro de Recursos de
Telecomunicaciones para la Mitigación de Desastres
y las Operaciones de Respuesta;
Establecerán redes de información con la participación del Comité
Interamericano sobre la Reducción de Desastres Naturales
(CIRDN) y otros organismos regionales e internacionales pertinentes con
el fin de intercambiar experiencias y conocimientos científicos y
tecnológicos; alentarán más acciones regionales y subregionales
destinadas a reducir los riesgos y mejorar la respuesta a los desastres
de origen natural; promoverán la investigación y desarrollos
tecnológicos conjuntos, asimismo también contribuirán a reforzar la
coordinación de los organismos nacionales de prevención y capacidad de
respuesta en casos de desastres de origen natural; para ello recurrirán
a la labor realizada por la CEPAL en materia de mejora, actualización e
implementación de su metodología de evaluación de daños, y continuarán
promoviendo la mitigación de desastres de origen natural y la toma de
conciencia sobre la reducción de riesgos y prevención en casos de
desastre;
Estudiarán la creación de un sistema hemisférico de
preparación y mitigación de desastres, que incluya, entre otros, un
banco de datos especializado con la mejor información posible acerca de
las características, experiencias, fortalezas y debilidades de los
organismos nacionales y regionales responsables de la prevención y
mitigación de desastres, y proporcione un nuevo marco de cooperación
técnica e investigación orientado a crear una cultura de prevención y
solidaridad hemisférica;
Adoptarán y apoyarán, según sea apropiado, iniciativas
destinadas a promover las capacidades a todo nivel, tales como la
transferencia y el desarrollo de las tecnologías, para la prevención,
reducción de riesgos, toma de conciencia, preparación, mitigación, y
respuesta a los desastres de origen natural y otros, así como a la
rehabilitación de áreas afectadas;
Promoverán mecanismos que incorporen métodos de manejo
y reducción de riesgos en las inversiones de desarrollo públicas y
privadas;
Convocarán, dentro de un año, a una reunión
hemisférica sobre prevención y mitigación de desastres con el apoyo del
CIRDN y la participación de una amplia gama de entidades gubernamentales,
instituciones regionales y financieras, entidades privadas,
organizaciones no gubernamentales y representantes de las comunidades de
investigación, ciencia y tecnología para debatir y elaborar iniciativas
de cooperación destinadas a facilitar la implementación de los mandatos
de la Cumbre relativos al manejo de desastres;
Solicitarán al BID para que realice, junto con la OEA,
el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC) y otras
organizaciones interamericanas pertinentes, al igual que con el sector
privado, incluyendo compañías de seguros, un estudio de factibilidad
sobre medidas para cubrir y/o compartir los riesgos de manera de reducir
las primas de seguro en casos de desastres y elaborar mecanismos para
facilitar el financiamiento contingente de reconstrucción y la obtención
inmediata de fondos para resolver las necesidades urgentes del país
afectado; este estudio examinaría las relaciones entre el reaseguro y
las capacidades nacionales y comunitarias en materia de manejo de
desastres al igual que las tendencias de desaliento a la inversión y
pérdida de puestos de trabajo en los sectores económicos que requieren
una póliza de seguro costosa contra catástrofes, y la función que estas
medidas podrían desempeñar al respecto; compartirán, con el sector
privado, experiencias en el desarrollo y aplicación de herramientas de
manejo de riesgos, tales como instrumentos de transferencia de riesgos,
métodos de toma de conciencia de las vulnerabilidades e incentivos para
que el sector privado participe en la reducción de riesgos;
9. BASE AMBIENTAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Medio ambiente y gestión de recursos naturales
Reconocen que la protección del medio
ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales son
esenciales para generar prosperidad y para la
sostenibilidad de nuestras economías así como para la calidad de vida y
salud de las generaciones presentes y futuras; y están comprometidos a
realizar avances en el área de desarrollo sostenible en el Hemisferio
consecuente con los principios de las Declaraciones y Planes de Acción de
las Cumbres de 1994 y 1998, y la Declaración y el Plan de Acción de Santa
Cruz de la Sierra de 1996:
Acogen los resultados y endosan las áreas de
cooperación identificadas en la reciente reunión hemisférica de los
Ministros encargados del Medio Ambiente celebrada en Montreal;
Reafirman su compromiso con la implementación de acuerdos
ambientales multilaterales, de los cuales son Parte, incluida la
elaboración y cumplimiento efectivo de las leyes nacionales necesarias,
reiterando las responsabilidades comunes pero diferenciadas establecidas
en el Principio 7 de la Declaración de Río de 1992 sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, y tomando en cuenta las
necesidades y preocupaciones de los pequeños
países en vías de desarrollo, así mismo toman nota, en
este contexto, de la Convención Global en Materia de
Contaminantes Orgánicos persistentes recientemente concluida;
también señalamos la importancia de la necesidad de construir sinergias
entre los acuerdos ambientales multilaterales, reforzar la efectividad
de su implementación y fortalecer la cooperación internacional;
Apoyarán el proceso preparatorio para la Cumbre
Mundial sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará en 2002 para
revisar el progreso alcanzado en la implementación de los resultados de
la Conferencia de 1992 de NU sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
concentrándose en las áreas donde se necesitan mayores esfuerzos para
implementar la Agenda 21 y examinarán
vías para reforzar el compromiso global con el desarrollo sostenible;
Pedirán a la OEA, a través
de la Secretaría General que, en cooperación con otros organismos,
organice una reunión de nivel ministerial antes de fin de 2001 en
Bolivia al celebrar el quinto aniversario de la Cumbre Hemisférica de
Santa Cruz de la Sierra de 1996, y que dicha reunión presente
contribuciones a la Cumbre Mundial Rio+10 que se reunirá en 2002,
reconociendo que, por su naturaleza, el desarrollo sostenible tiene
metas de largo plazo y que, sin embargo, requiere que los países del
Hemisferio concierten orientaciones sobre esta materia;
Solicitarán al Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y a la OPS para que
apoyen la realización de un encuentro regional entre los Ministros de
Medio Ambiente y de Salud, con el fin de evaluar el progreso logrado,
identificar áreas prioritarias donde se deba poner énfasis continuamente
e iniciativas de cooperación, así como para buscar formas que ayuden al
progreso en las Américas y a nivel mundial, con miras a contribuir con
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible del año 2002, reconociendo
los vínculos entre los sectores de salud y medio ambiente;
Nos comprometemos como
Partes de la Convención Marco sobre Cambios Climáticos de las
Naciones Unidas (UNFCC), en avanzar sus objetivos de acuerdo con sus
provisiones y tratar el asunto de cambio climático como una acción
prioritaria, trabajando de manera constructiva en los
procesos internacionales con el fin de lograr el progreso necesario para
asegurar una respuesta racional y efectiva al cambio climático;
reconocemos las vulnerabilidades en todos nuestros países, en particular
en los pequeños estados insulares en vías de desarrollo y costeros, y la
necesidad de apoyar estudios de vulnerabilidad, el desarrollo y la
implementación de estrategias de adaptación, el desarrollo de
capacidades y la transferencia de tecnología;
Promoverán la adopción,
implementación y puesta en práctica de leyes, normas, estándares y
políticas nacionales que establezcan altos niveles de protección
ambiental, reconociendo el derecho de cada país de establecer sus
propios niveles de protección ambiental y, para este fin, reforzarán
alianzas de cooperación con especial énfasis al mejoramiento de la
calidad del aire, mejorando el acceso a los servicios de agua potable y
servicios sanitarios, y fortaleciendo las capacidades nacionales y
regionales para el manejo integral de recursos de agua y desechos;
Consultarán y coordinarán,
nacional y regionalmente, según corresponda, con el objetivo de asegurar
que las políticas económicas, sociales y ambientales se apoyen
mutuamente y contribuyan al desarrollo sostenible, con base en
iniciativas ya existentes de las organizaciones regionales e
internacionales correspondientes;
Apoyarán iniciativas tales
como la Mesa Redonda Hemisférica sobre Producción Más Limpia para
adelantar nuestros esfuerzos en la promoción de alianzas entre los
gobiernos, industrias y la sociedad civil, y avanzarán, cuando sea
apropiado, en los Planes de Acción y la Red Global de Información para
una Producción Más Limpia inaugurada en la Cumbre Internacional de
Prevención de la Contaminación celebrada en Montreal en 2000;
Promoverán y apoyarán la
implementación, a nivel nacional, de las prioridades establecidas en la
Declaración de Bahía sobre Seguridad Química,
particularmente, aquéllas destinadas a mejorar el acceso público a la
información sobre sustancias tóxicas y al fortalecimiento de la
capacidad en esta área;
Promoverán una mejor gestión ambiental a escala
municipal, mediante el intercambio de información entre las comunidades
locales, el desarrollo de tecnología ambientalmente sana y la promoción
de alianzas para facilitar, cuando sea apropiado, la transferencia de
tecnología, desarrollo de capacidades, incluyendo el fortalecimiento de
instituciones y servicios locales, y el apoyo a iniciativas como la
Iniciativa de Aire Limpio del Banco Mundial y los programas del BID en
esta área;
Avanzarán en la conservación hemisférica de la flora,
la fauna y los ecosistemas mediante, cuando sea apropiado: el desarrollo
de capacidades, la expansión de redes de cooperación y sistemas de
intercambio de información, incluyendo la Red Interamericana de
Información sobre Biodiversidad; la cooperación en la lucha contra el
comercio ilegal de la flora y fauna silvestres; el fortalecimiento de
esquemas de cooperación para las áreas naturales protegidas terrestres y
marinas, incluyendo parques fronterizos adyacentes y áreas importantes
para las especies compartidas; el apoyo a mecanismos de conservación de
los ecosistemas regionales; la elaboración de una estrategia
hemisférica para apoyar la
conservación de la fauna silvestre migratoria en todo el territorio de
las Américas, con la participación activa de la sociedad civil; y la
promoción de los objetivos y la implementación del Convenio sobre
la Diversidad Biológica y la Convención para Combatir la
Desertificación;
Promoverán la adopción de acciones inmediatas y
concretas para la implementación de la gestión sostenible de los bosques;
promoverán políticas, prácticas, incentivos e inversiones para apoyar el
desarrollo de dicha gestión con base en iniciativas y cooperación
hemisféricas existentes; y apoyarán el Foro de las NU sobre Bosques y su
programa de trabajo;
Reafirman su compromiso para fomentar una gestión
ambiental adecuada en el área de energía, favoreciendo políticas,
prácticas, transferencias y acceso a tecnologías que sean económicamente
eficientes y tomen en cuenta los impactos ambientales del desarrollo y
uso de la energía; respaldamos y apoyamos el trabajo de la Iniciativa
Energética Hemisférica en esta área; Promoverán
el desarrollo de la gestión y explotación ambientalmente viables de los
minerales y los metales, reconociendo la importancia de las dimensiones
sociales y económicas de las actividades del sector minero, y apoyarán
el trabajo de los foros regionales e internacionales en esta área;
10. GESTIÓN AGRÍCOLA Y DESARROLLO RURAL
Reconociendo la importancia
fundamental de la agricultura como medio de vida de millones de familias
rurales del Hemisferio, al igual que el papel que desempeña en la creación
de la prosperidad, como un sector estratégico del sistema socio-económico,
y tomando nota de la importancia de desarrollar su potencial de manera
compatible con el desarrollo sostenible que permita garantizar la atención
y el tratamiento adecuado del sector rural:
Promoverán el diálogo que incluya a ministros de
gobierno, parlamentarios y sociedad civil, en particular a
organizaciones vinculadas con el área rural, así como a la comunidad
científica y académica con el fin de promover estrategias nacionales de
mediano y largo plazo para el mejoramiento sostenible en la agricultura
y la vida rural;
Apoyarán esfuerzos nacionales para fortalecer empresas
rurales, en especial las pequeñas y medianas, y promoverán, cuando sea
apropiado, un ambiente favorable para los agro-negocios; fomentarán, de
forma complementaria, la capacitación de pequeños y medianos empresarios
y empresarias rurales al igual que la modernización de instituciones de
capacitación en esta área;
Impulsarán el desarrollo de mercados en el Hemisferio
para productos obtenidos mediante el uso sostenible de recursos
naturales;
Nos esforzaremos para facilitar el acceso a los
mercados para los productos derivados de programas de desarrollo
alternativo que se lleven a cabo en los países comprometidos en la
sustitución de cultivos ilícitos;
Instruirán a los Ministros de Agricultura para que,
durante la próxima reunión de la Junta Interamericana de Agricultura, en
cooperación con el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA), promuevan una acción conjunta de todos los actores
del agro, orientada al mejoramiento de la agricultura y la vida rural y
que permita la implementación de los Planes de Acción de las Cumbres de
las Américas;
11. TRABAJO Y EMPLEO
Reconociendo que el empleo
es el vínculo más directo entre la actividad económica y el aumento del
nivel de vida de nuestra ciudadanía y que la verdadera prosperidad puede
lograrse sólo si se incluye la protección y el respeto de los derechos
básicos de los trabajadores, así como el fomento de las oportunidades
equitativas de empleo, y la mejora de las condiciones de trabajo de la
población en todos los países de la región, con especial atención a
quienes trabajan en el sector informal de la economía, a los que
pertenecen a las minorías étnicas y religiosas, otras personas vulnerables
incluyendo las mujeres, los jóvenes, los indígenas, trabajadores migrantes,
las personas discapacitadas y las personas con VIH/SIDA; y tomando nota de
la importancia de invertir en el desarrollo de los recursos humanos, de
promover la seguridad del empleo de manera concomitante con el crecimiento
económico, y de desarrollar mecanismos para asistir a los trabajadores
durante los períodos de desempleo y de fortalecer la cooperación y el
diálogo social en materia laboral entre los trabajadores, sus
organizaciones, los empleadores y los gobiernos:
Reafirman la importancia fundamental de
la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, recibiendo con
beneplácito el avance logrado en el Plan de Acción adoptado en 1998, y
apoyarán el proceso preparatorio para la Duodécima Conferencia en 2001,
así como ordenarán a sus Ministros hacer nuevos progresos con base en la
Declaración de Viña del Mar que estuvo centrada en las dimensiones
sociales de la globalización y la modernización de los Ministerios del
Trabajo, cooperando en el estudio de las dimensiones laborales del
proceso de las Cumbres de las Américas, a fin de identificar las áreas
de consenso y cuestiones que requieren deliberaciones adicionales;
Respetarán la Declaración Relativa
a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo
y su Seguimiento de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) adoptada en 1998, adoptarán e
implementarán legislación y políticas que permitan la aplicación
efectiva de normas laborales fundamentales reconocidas por la OIT, y
considerarán la ratificación e implementación de
los principales convenios de la OIT;
Consultarán y coordinarán , nacional y
regionalmente, en los foros apropiados, con miras a contribuir para
elevar los niveles de vida y mejorar las condiciones de trabajo de todas
las personas en las Américas; crearán un proceso para una mejor
colaboración y coordinación sobre las dimensiones laborales del proceso
de la Cumbre de las Américas, entre los Ministerios de Trabajo y otros
ministerios apropiados e instituciones internacionales claves en las
Américas que tengan un rol crítico en la mejora de las condiciones
laborales, en particular la OEA, la OIT, la CEPAL, al igual que el BID y
el Banco Mundial;
Elaborarán nuevos mecanismos para
aumentar la eficacia de los proyectos y otros tipos de ayuda técnica
destinados a aumentar la capacidad de las economías más pequeñas y sus
instituciones con el objeto de implementar en forma efectiva las leyes y
normas laborales, así como para fomentar la igualdad de oportunidades de
género, entre otras, en estrategias de creación de empleo, capacitación,
aprendizaje permanente y programas de desarrollo de recursos humanos con
el fin de promover el acceso a más y mejores empleos en la nueva
economía;
Fortalecerán la capacidad de los
Ministerios de Trabajo para desarrollar e implementar políticas
fectivas de trabajo y de mercados de trabajo; colaborarán
con empleadores y organizaciones de trabajadores para desarrollar y
generar información sobre mercados de trabajo; participarán en el
diálogo, consultas tripartitas y estrategias de solución de
controversias; y adoptarán estrategias y programas continuos como un
elemento central del desarrollo profesional en el mercado laboral;
Continuarán trabajando
para lograr la eliminación del trabajo infantil y, como prioridad
promoverán la ratificación e implementación hemisférica del
Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de
Trabajo Infantil de 1999, trabajarán para adecuar las leyes, reglamentos
y políticas nacionales de conformidad con este Convenio, y tomarán
medidas inmediatas para eliminar las peores formas de
trabajo infantil;
Promoverán y protegerán los
derechos de todos los trabajadores, en particular los de las mujeres
trabajadoras y tomarán acciones para eliminar las barreras estructurales
y legales, así como las actitudes estereotipadas respecto a la igualdad
entre hombres y mujeres en el trabajo, abordando, entre otras, los
prejuicios de género en la contratación; las condiciones de trabajo; la
discriminación laboral y el acoso sexual; la discriminación en materia
de beneficios sociales; la salud y seguridad
cupacional de las mujeres; la desigualdad de oportunidades de progreso
profesional y la igualdad en materia salarial;
12. CRECIMIENTO CON EQUIDAD
Reconociendo que el crecimiento económico
es fundamental para superar las desigualdades económicas y fortalecer la
democracia en el Hemisferio, y que para alcanzar un crecimiento económico
sostenido, estabilidad política y social, es necesario encarar el desafío
más apremiante que enfrenta el Hemisferio - la erradicación de la pobreza
y la inequidad - que exige un enfoque integrado que fomente mayor
competitividad, oportunidades para un comercio equitativo y un acceso más
equitativo a las oportunidades, tomando en cuenta las dificultades que
enfrentan los países de la región, incluyendo aquellos que se encuentran
bajo la iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC), al
obtener financiamiento para su desarrollo; y que es necesario tomar
medidas a nivel nacional y hemisférico a fin de: crear un ambiente
positivo para la iniciativa empresarial, maximizar los beneficios de la
migración ordenada, minimizar los efectos de la volatilidad económica y de
los desastres de origen natural, y fomentar la estabilidad y movilidad
social para promover una distribución más equitativa de los beneficios del
crecimiento económico:
Financiamiento para el desarrollo
Reconocemos la necesidad del financiamiento para el
desarrollo, incluyendo la ayuda de donantes bilaterales y de préstamos
de los bancos de desarrollo multilateral, bajo las condiciones
apropiadas, y se comprometerán a apoyar a sus Ministros de Finanzas y a
los bancos de desarrollo multilateral en la promoción de políticas para
desarrollar y mantener acceso a los mercados de capitales
internacionales para financiar nuestros esfuerzos de desarrollo
sostenible, reconociendo que el servicio de la deuda constituye un gran
obstáculo para la inversión en muchos países del Hemisferio;
Ambiente económico favorable
Planearán e implementarán, con la cooperación del BID, del Banco Mundial
y otros donantes, según corresponda, al igual que la OIT y basándose en
el trabajo comenzado en los programas regionales y subregionales después
de la Cumbre de las Américas de Santiago de 1998, leyes, políticas y
regulaciones destinadas a reducir los costos de puesta en marcha, a
apoyar la creación de nuevos productos financieros para los grupos de
bajos ingresos y la juventud, a promover el desarrollo de cooperativas
de crédito, e instituciones financieras de la comunidad e instituciones
relacionadas, tales como las oficinas de crédito, y crearán condiciones
para que los bancos comerciales y otras instituciones financieras
pertinentes amplíen su base de clientes para incluir un mayor número de
micro, pequeñas y medianas empresas y fortalecerán las capacidades de
las agencias de desarrollo empresarial para la micro, pequeña y mediana
empresa
Proporcionarán y mejorarán, cuando sea necesario, en
las áreas tanto rurales como urbanas, el acceso a los sistemas de
información de calidad para micro, pequeñas y medianas empresas a través
de la creación de mecanismos no discriminatorios en cooperación con el
BID, el Banco Mundial y otros donantes, cuando sea apropiado, al igual
que la CEPAL, y establecerán programas destinados a promover el uso de
computadoras e Internet, basándose en la cooperación entre el sector
público y el sector privado, para ganar mayor acceso a la tecnología de
información, al crédito y a los mercados, así como a instrumentos
diseñados para ayudarles en estas áreas;
Apoyarán y alentarán, con la cooperación del BID y
otros donantes, cuando sea apropiado, la formación de incubadoras de
empresas, redes asociativas, proyectos conjuntos, programas nacionales
de competitividad, cooperativas de crédito y acuerdos complementarios
entre la micro, pequeña y mediana empresa como parte de una estrategia
más amplia que permita compartir prácticas óptimas, mejorar el acceso a
la información, sistemas de crédito y comercialización adecuados, y
superar la situación prevaleciente de aislamiento;
Aumentarán el acceso de los jóvenes a las
oportunidades empresariales, de productividad y de empleo sostenibles;
Mejorarán, según corresponda, las redes de seguridad
social a nivel nacional y regional para estabilizar los ingresos y el
consumo individuales y familiares por medios tales como fondos de
estabilización, planes de microcréditos, seguros para programas de
cultivos, renovar la capacitación laboral y para capacitación vocacional,
empresarial y comercial, con la participación de los bancos de
desarrollo multilaterales y los organismos de desarrollo, al igual que
con las organizaciones no gubernamentales y organizaciones comunitarias
para establecer redes regionales con el objeto de compartir prácticas
recomendadas y experiencias;
Promoverán, en cooperación con la CIM, el IICA, otras
instituciones interamericanas pertinentes y el Banco Mundial, un mayor
acceso a los mercados para los empresarios desfavorecidos,
particularmente para las mujeres, los jóvenes, los discapacitados, los
indígenas y las poblaciones rurales, desarrollando programas que generen
empleos locales, capacitación, renueven capacitación y aprendizaje
permanente, particularmente en nuevas tecnologías, y servicios a precios
asequibles de administración de empresas, desarrollo de productos,
financiamiento, producción y control de la calidad, comercialización y
aspectos jurídicos de las empresas, estableciendo programas de extensión
para informar a las poblaciones pobres y de bajos ingresos,
particularmente en zonas rurales y remotas, sobre las oportunidades de
acceso a mercados y tecnología, y prestando servicios de asistencia,
seguimiento, asesoramiento y otros servicios de apoyo para permitir que
dichos grupos puedan aprovechar esas oportunidades;
Migración
Reconociendo los aspectos positivos y
los beneficios de la migración ordenada, en los países de origen, tránsito
y destino, como un factor que contribuye al crecimiento económico y al
desarrollo nacional y regional:
Apoyarán las iniciativas destinadas a reforzar los
vínculos entre las comunidades de migrantes en el extranjero y sus
lugares de origen y promoverán mecanismos de cooperación que
simplifiquen y aceleren la transferencia de remesas de dinero de los
migrantes y reduzcan sustancialmente los costos de su envío;
Apoyarán las iniciativas voluntarias diseñadas por
comunidades o individuos para el uso de fondos de inversiones y de
proyectos productivos que beneficien el bienestar general de las
comunidades de origen;
Promoverán el debate en el Hemisferio sobre el
fenómeno de la migración con la debida consideración de su naturaleza
multidimensional y de las diferencias regionales, considerando la
incorporación del tema de la migración en las negociaciones sobre
comercio e integración económica;
Apoyarán programas de cooperación sobre procedimientos
de migración para mercados laborales transfronterizos y la migración de
trabajadores tanto en los países de origen como en los de destino, como
un medio para incrementar el crecimiento económico, con pleno
conocimiento del papel que la cooperación en educación y capacitación
puede jugar en la mitigación de cualquier consecuencia adversa del
movimiento de capital humano de países más pequeños y menos
desarrollados;
Buscarán asegurar que los migrantes tengan acceso a
los servicios sociales básicos, de manera consistente con el
ordenamiento jurídico de cada país;
Crearán y armonizarán los sistemas de información
estadística y fomentarán el intercambio de información y prácticas
óptimas mediante el uso de nuevas tecnologías de información y de las
comunicaciones, con el fin de promover la modernización de la
administración de la migración;
Mejoramiento de la estabilidad y movilidad social
Continuarán y profundizarán los avances logrados en la
implementación del programa de mejoramiento de los registros de
propiedades establecidos en la Cumbre de las Américas de Santiago del
1998, con particular énfasis en la regularización de los derechos
informales de propiedad, de conformidad con las legislaciones nacionales,
para asegurar que todos los derechos de propiedad válidos se reconozcan
oficialmente, que se resuelvan las diferencias y que se adopten marcos
jurídicos actualizados para los archivos catastrales; y alentarán la
obtención de títulos de propiedad comercializables; estas acciones
incluyen la formulación de reformas institucionales, políticas y
regulaciones que facilitarían la utilización del registro de propiedades
como un mecanismo para que los propietarios puedan acceder a créditos y
para permitir que los bancos comerciales y los bancos de desarrollo
multilaterales amplíen su base de clientes entre los sectores de menores
ingresos; promoverán mayor cooperación, e intercambio de información y
tecnología para la modernización de los sistemas de registro y catastro
en el hemisferio y, por otra parte, solicitarán a las instituciones de
cooperación multilateral y bilateral que continúen apoyando y
fortaleciendo complementariamente sus programas de asistencia financiera
y técnica para este fin;
Apoyarán, en cooperación con la CEPAL y el Banco
Mundial, la investigación a nivel hemisférico para generar datos
desagregados sobre el impacto diferenciado de las políticas y procesos
económicos sobre las mujeres y hombres, las poblaciones rurales y
urbanas, los indígenas y no indígenas, las comunidades de alta y baja
movilidad social, y sobre su respectiva participación en el crecimiento
económico;
Promoverán el reconocimiento de la contribución social
y económica del trabajo no remunerado de las mujeres que se realiza
predominantemente en el hogar, y considerarán proporcionar nuevas redes
de seguridad social de acuerdo a su legislación nacional;
Promoverán mayor reconocimiento de la contribución
económica de las actividades de las mujeres en el sector informal y de
subsistencia, y proporcionarán, a través de las instituciones
financieras internacionales y regionales y la comunidad de donantes, la
ayuda necesaria a las comunidades que desarrollen esas actividades,
dando mayor atención a los asuntos de género nacionales en la
planificación y formulación de políticas macro-económicas;
Cooperarán y promoverán el diálogo sobre el
desplazamiento forzado de las poblaciones, orientado al mejoramiento de
los niveles de atención a la población desplazada por la violencia,
teniendo en cuenta los problemas que estas poblaciones enfrentan, e
instarán a que se armonicen las legislaciones nacionales, de acuerdo con
las normas y estándares del derecho internacional humanitario,
incluyendo la Convención de
Ginebra de 1951;
Invitarán a la CIDH y a su Relator Especial sobre Personas
Desplazadas Internamente, a que continúen el seguimiento
y la preparación de informes sobre situaciones de desplazamiento forzado,
con miras a promover soluciones duraderas para las causas principales de
dichos fenómenos;
13. EDUCACIÓN
Reconociendo que la educación es la
clave para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la
promoción del desarrollo del potencial humano, la igualdad y la
comprensión entre nuestros pueblos, y que influye positivamente en el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza; reconociendo también
que para lograr esas metas, es esencial que una educación de calidad esté
a la disposición de todos, incluyendo niñas y mujeres, habitantes rurales,
personas discapacitadas, indígenas y personas que pertenecen a las
minorías; reafirmando los compromisos contraídos en las anteriores Cumbres
de promover los principios de la equidad, calidad, pertinencia y eficacia
en todos los niveles del sistema educativo y de asegurar, para el año
2010, el acceso universal y cumplimiento de todos los niños y las niñas de
una educación primaria de calidad y el acceso a la educación secundaria de
calidad de un mínimo del 75 por ciento de los jóvenes, con índices
crecientes de eficiencia terminal y oportunidades de educación a lo largo
de la vida a la población en general; y también reafirmando el compromiso
de eliminar las disparidades de género en la educación primaria y
secundaria para el 2005:
Encomendarán a la OEA que organice, en el marco del
Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI),
una reunión de Ministros de Educación en el Uruguay, a celebrarse antes
de fin este año, con el mandato de:
- identificar y establecer mecanismos hemisféricos
apropiados para garantizar la implementación de iniciativas sobre
educación contenidas en este Plan de Acción y continuar promoviendo
medidas sobre las prioridades identificadas en las anteriores Cumbres,
basadas en una cuidadosa evaluación de nuestros avances colectivos en
esta área;
- determinar los plazos y términos de referencia para efectuar el
seguimiento de la implementación de nuestros compromisos en educación;
- establecer, tomando en cuenta la importancia fundamental de
movilizar recursos para apoyar la inversión sostenida en educación a
todos los niveles, un mecanismo cooperativo para promover la formación
de alianzas productivas con otros gobiernos, organizaciones regionales
e internacionales y los Bancos de desarrollo multilaterales;
- promover la participación y el diálogo con organizaciones
pertinentes de la sociedad civil, para fortalecer la cooperación entre
el sector publico y otros sectores de nuestras sociedades en la
implementación de este Plan de Acción;
Formularán e implementarán políticas que, en el marco de
una estrategia de superación de la desigualdad social, promuevan el acceso
de todos a una educación básica de calidad, incluyendo la educación
inicial y de adultos, en particular para promover la alfabetización y, al
mismo tiempo, proveer métodos alternativos que respondan a las necesidades
de los sectores desfavorecidos de la población y de las personas excluidas
de los sistemas de educación formal, en particular a las niñas, las
minorías, los indígenas y los menores con necesidades educativas
especiales; compartirán información y experiencias exitosas en el impulso
de la participación en educación y enfrentar el problema de la retención
escolar en ciertos grupos, especialmente los niños - en los países del
Caribe, en particular - cuya tasa de abandono escolar en el nivel
secundario es alta en ciertas regiones;
Apoyarán y promoverán el aprendizaje permanente:
- ofreciendo planes de estudio basados en el
desarrollo de habilidades, conocimientos,
valores cívicos y democráticos;
- proporcionando mecanismos flexibles de
prestación del servicios, incluyendo el uso de las tecnologías de
información y comunicaciones para favorecer el empleo, el desarrollo
personal y el compromiso social; y
- certificando las competencias
adquiridas en contextos laborales;
Fortalecerán los sistemas educativos:
- alentando la participación de todos los sectores de
la sociedad, a fin de lograr un consenso
sobre políticas que sean viables y que
garanticen la distribución apropiada y continua de
recursos;
- descentralizando su toma de decisiones y promoviendo la
participación de la sociedad civil, especialmente de los padres; y
- fomentando una gestión escolar transparente en el interés de asegurar
la asignación adecuada y estable de recursos de modo que las
instituciones educativas puedan desempeñar un papel
protagónico del cambio;
Realzarán el desempeño de los docentes mediante:
- el mejoramiento de sus condiciones de servicio; y
- la elevación del perfil de la profesión dándoles, además de una
formación inicial sólida,
oportunidades de perfeccionamiento profesional permanente, y diseñando
estrategias de entrenamiento accesible, flexible,
dinámico y pertinentes usando, entre otros medios, las nuevas
tecnologías de información y de las comunicaciones;
Apoyarán la continuidad de
proyectos regionales de indicadores comparables y de evaluación de la
educación, resultantes de la Cumbre de Santiago, incluyendo iniciativas
de cooperación basadas en programas de evaluación de los procesos y los
logros educativos, tomando en consideración estudios pedagógicos y las
practicas de evaluación desarrolladas previamente por los países;
desarrollarán indicadores comparables para evaluar los servicios que
cada país presta a la población con necesidades educativas especiales y
promoverán el intercambio de información sobre políticas, estrategias y
prácticas óptimas en las Américas;
Procurarán asegurar que la
educación secundaria responda a los requerimientos de un mercado de
trabajo en constante evolución , me diante la promoción de la
diversificación de los programas y experiencias con métodos de enseñanza
nuevos y más flexibles con énfasis en la ciencia y la tecnología,
incluyendo la utilización de las nuevas tecnologías de información y
comunicación y mediante el apoyo al establecimiento de mecanismos para
el reconocimiento y la certificación de las habilidades adquiridas; y
con este fin, promoverán el intercambio de información y de prácticas
óptimas y apoyarán proyectos de cooperación;
Promoverán un diálogo más
eficaz entre la sociedad y las instituciones de educación superior y
facilitarán el acceso de todos a dichas instituciones equilibrando la
demanda creciente con normas de calidad más exigentes y el
financiamiento público con un mayor compromiso de parte del sector
privado; apoyarán la cooperación hemisférica en la investigación de
ciencia y tecnología, enfocada a la solución de problemas específicos en
la región y la transferencia de conocimientos;
Apoyarán la movilidad,
entre países del Hemisferio, de los estudiantes, profesores y
administradores de educación superior, asimismo de docentes y
administradores de la educación primaria y secundaria, con el objeto de
brindarles nuevas oportunidades para tomar parte en la nueva sociedad
basada en el conocimiento, de aumentar sus conocimientos sobre otras
culturas e idiomas, y de permitirles acceso a la información sobre
estudios post-secundarios y oportunidades de aprendizaje ofrecidas en
todo el Hemisferio, por medio de nuevas o existentes redes hemisféricas,
tales como el sitio Web educativo establecido después de la Cumbre de
Santiago; y continuarán apoyando iniciativas en esta materia, tales como
las que llevan a cabo el BID y la OEA;
Promoverán el acceso de
los profesores, estudiantes y administradores al uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicacion aplicadas a la educación,
mediante una capacitación orientada hacia nuevos métodos didácticos, al
apoyo al desarrollo de redes y al fortalecimiento, de manera sostenida,
de los centros de intercambio y divulgación de la información, a fin de
reducir la línea divisoria del conocimiento y la brecha tecnológica
entre las sociedades del Hemisferio y dentro de ellas;
Ciencia y Tecnología
Promoverán la divulgación necesaria de la ciencia y la
tecnología para avanzar en el establecimiento y la consolidación de una
cultura científica en la región; y estimularán el desarrollo de la
ciencia y la tecnología para la conectividad regional, a través de las
tecnologías de información y comunicación fundamentales para la
formación de sociedades del conocimiento;
Apoyarán la formación de capital humano de alto nivel
para el desarrollo de la investigación en ciencia y tecnología y la
innovación que propicie el fortalecimiento de los sectores agrícola,
industrial, comercial y de negocios, al igual que el sostenimiento del
medio ambiente;
Promoverán, con el apoyo de los mecanismos de
cooperación existentes, el desarrollo del programa regional de
indicadores de ciencia y tecnología;
Procurarán la implementación y el seguimiento de las
actividades científicas y tecnológicas mencionadas, contando con el
apoyo de los mecanismos hemisféricos de cooperación y coordinación
relacionados con este campo;
14. SALUD
Reconociendo - de conformidad con los compromisos contraídos en las Cumbres
de Miami y de Santiago, y en concordancia con las metas de desarrollo
acordadas a nivel internacional en los campos de la salud materno, infantil,
de los niños y las niñas y de la salud reproductiva - que la buena salud
física y mental es esencial para una vida productiva y plena, y que el acceso
equitativo a los servicios de salud de calidad es un elemento decisivo en el
desarrollo de sociedades democráticas, y para la estabilidad y prosperidad de
las naciones; que el disfrute de los niveles más altos de salud es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión,
convicciones políticas y condición económica o social, tal como está
establecido en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud; que la
igualdad de género y la preocupación por los pueblos indígenas, los niños y
las niñas, los ancianos y los grupos con menor acceso a los
servicios deben ser una preocupación de primordial importancia en el
desarrollo de la política de salud; que la situación de salud que sea afectada
por factores de orden físico, social, económico y político, y que la
cooperación técnica de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros
organismos internacionales pertinentes debe seguir apoyando las medidas de
salud en el Hemisferio, en concordancia con la Agenda Compartida para
la Salud en las Américas firmada por la OPS, el BID y el Banco Mundial:
Reforma del sector de la salud
Reafirmarán el compromiso con una reforma solidaria del
sector de la salud dirigida a enfatizar su preocupación con las funciones
esenciales de salud pública, la calidad de la atención, la igualdad en el
acceso a los servicios y la cobertura de los mismos, especialmente en los
campos de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y a
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y la administración de
servicios; y promoverán el uso continuo de indicadores comunes, acordados y
validados científicamente, para evaluar la efectividad, equidad y eficiencia
de los sistemas de salud;
Fortalecerán y promoverán la elaboración de estándares
internos referidos al ejercicio de la profesión, los procedimientos de
acreditación y la entrega de licencias, códigos de ética, y programas de
educación y capacitación para el personal de la salud; y mejorarán la
diversificación de la composición del personal de la salud en la prestación
de servicios de salud, para responder mejor a las prioridades nacionales de
salud;
Intensificarán los esfuerzos e intercambiarán y promoverán
prácticas óptimas para:
- reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil;
- prestar el cuidado y los servicios de salud reproductiva de calidad a
mujeres, hombres y adolescentes;
y
- llevar a la práctica los compromisos contraídos en la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo y su seguimiento a
los cinco años en Nueva York;
Elaborarán procedimientos para evaluar la eficacia de
prácticas de salud alternativas y productos medicinales alternativos para
garantizar la seguridad pública y para compartir experiencias y conocimiento
con otros países de las Américas;
Enfermedades transmisibles
Se comprometen, al más alto nivel, a combatir el VIH/SIDA
y sus consecuencias, reconociendo que esta enfermedad es una gran amenaza a
la seguridad de nuestros pueblos; en particular, buscarán aumentar los
recursos para la prevención, la educación y el acceso al cuidado y
tratamiento, así como la investigación; adoptarán un enfoque multisectorial
con una perspectiva de género hacia la educación, la prevención y el control
de la propagación del VIH/SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS),
desarrollando programas participativos, especialmente con las poblaciones de
alto riesgo, y promoviendo alianzas con la sociedad civil, incluyendo los
medios de comunicación de masas, el sector empresarial y organizaciones
voluntarias; promoverán la utilización de mecanismos de cooperación
horizontal en curso para asegurar la disponibilidad de sangre segura;
incrementarán, a nivel nacional, el acceso al tratamiento de enfermedades
relacionadas con el VIH/SIDA, a través de medidas que busquen asegurar la
provisión de las medicinas a precios accesibles, incluyendo la
disponibilidad de un sistema de distribución y entrega confiables, así como
mecanismos financieros conforme a las leyes nacionales y los tratados
internacionales acordados; continuarán el diálogo con la industria
farmacéutica y el sector privado en general para promover la disponibilidad
de antiretrovirales y otras medicinas para el tratamiento del VIH/SIDA a
precios accesibles, y alentarán estrategias para facilitar el intercambio de
información sobre los precios de las medicinas incluyendo, según sea
apropiado, de aquellas disponible en los bancos de datos nacionales;
promoverán y protegerán los derechos humanos de todas las personas que viven
con VIH/SIDA, sin discriminación de género o edad; utilizarán la Sesión
Especial sobre VIH/SIDA de la Asamblea General de las NU de junio de 2001
como plataforma para generar apoyo para los programas hemisféricos y
nacionales sobre el VIH/SIDA;
Fortalecerán los programas a nivel hemisférico, nacional y
local destinados a prevenir, controlar y tratar las enfermedades
transmisibles, tales como la tuberculosis, el dengue, la malaria y el mal de
Chagas;
Promoverán el crecimiento saludable en la niñez mediante:
programas de inmunización más amplios, el control de enfermedades
respiratorias y enfermedades diarreicas a través de programas tales como el
de Atención Integrada de las Enfermedades Prevalentes de la Infancia,
educación sanitaria, educación física, el acceso a alimentos seguros y
nutritivos y el fomento de la lactancia materna;
Enfermedades no transmisibles
Implementarán programas comunitarios de atención,
prevención y promoción para reducir los riesgos a la salud y de la
incidencia de las enfermedades no transmisibles, tales como las enfermedades
cardiovasculares incluyendo la hipertensión, el cáncer, la diabetes, las
enfermedades mentales y, asimismo, el impacto de la violencia y los
accidentes sobre la salud;
Participarán activamente en la negociación de un convenio
marco para la lucha antitabáquica; elaborarán y adoptarán políticas
destinadas a reducir el consumo de productos de tabaco, especialmente por lo
que afecta a los niños y las niñas; compartirán prácticas óptimas y
lecciones aprendidas en la elaboración de programas concebidos para crear
conciencia pública, particularmente para adolescentes, acerca de los riesgos
de salud asociados con el tabaco, el alcohol y las drogas;
Conectividad
Proveerán información científica y
técnica fidedigna a los trabajadores de la salud y al público, empleando
innovaciones tales como la Biblioteca Virtual de Salud de las Américas;
alentarán el uso de la tele-medicina como un medio para conectar las
poblaciones remotas y proporcionar servicios e información de salud a los
grupos subatendidos, como complemento a los servicios de salud existentes;
15. IGUALDAD DE GÉNERO
Reconociendo que la potenciación de la
mujer, su plena e igual participación en el desarrollo de nuestras sociedades,
y su igualdad de oportunidades para ejercer liderazgo, son fundamentales para
la reducción de la pobreza, la promoción de la prosperidad económica y social,
el desarrollo sostenible centrado en el ser humano, la consolidación de la
democracia y la resolución de conflictos, y para el desarrollo de alianzas
comunes entre mujeres y hombres; reconociendo además que estos principios son
la base para promover la igualdad de género y los derechos humanos de la mujer
en las Américas, y para trabajar hacia la eliminación de la amplia gama de
desigualdades aún existentes:
Respaldarán el Programa Interamericano sobre la
Promoción de los Derechos Humanos de la
Mujer y la Equidad e Igualdad de Género,
aprobado por la Primera Reunión de Ministras o Autoridades al Más Alto Nivel
Responsables de las Políticas de las Mujeres, organizada en abril
de 2000 por la CIM; asimismo, respaldarán el
Plan de Acción Regional sobre la Mujer en
América Latina y el Caribe 1995-2000, y
otras acciones e iniciativas adoptadas en el Vigésimo Tercer Periodo
Especial de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidades
(Beijing +5) para implementar la Declaración de
Beijing y su Plataforma de Acción; e integrarán la perspectiva de
género en los programas, acciones y agendas de eventos nacionales e
internacionales, para garantizar que las experiencias de las
mujeres y la igualdad de género sean una dimensión integral del diseño,
instrumentación y evaluación de las políticas y programas gubernamentales e
interamericanos en todos los campos;
Fortalecerán mecanismos nacionales y de otros organismos
de gobierno responsables del progreso de la mujer y de la promoción y
protección de los derechos humanos de las mujeres; otorgarán los recursos
financieros y humanos necesarios, incluyendo la exploración de iniciativas
financieras innovadoras para que la perspectiva de género esté integrada en
todas las políticas, programas y proyectos; apoyarán, tanto el papel
fundamental que han desempeñado y continuarán desempeñando las
organizaciones de mujeres en la promoción de la igualdad de género, como los
esfuerzos conjuntos entre gobiernos y el sector privado que contribuyen al
respeto y a la comprensión de los derechos humanos de las mujeres;
Promoverán la equidad e igualdad de género y los derechos
humanos de la mujer fortaleciendo y fomentando su plena e igual
participación en la vida política en sus países y en la toma de decisiones a
todos los niveles;
Reforzarán el papel de la CIM, como el organismo asesor
técnico del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), en
todos los aspectos de equidad e igualdad de género y reconocerán la
importancia de la CIM en el seguimiento de las recomendaciones relevantes de
la Cumbre; proporcionarán un nivel apropiado de recursos a la CIM para
desempeñar su papel como el principal foro hemisférico generador de
políticas en el fomento de los derechos humanos de la mujer y
particularmente de la igualdad de género; promoverán el apoyo y la
participación del BID, el Banco Mundial y la CEPAL en la implementación y el
seguimiento del presente Plan de Acción;
Promoverán el uso de las tecnologías de información y
comunicación como un mecanismo para enfocar las desigualdades entre hombres
y mujeres y asegurarán la igualdad de acceso de la mujer a estas nuevas
tecnologías y a la capacitación requerida;con este fin, asegurarán que los
programas de conectividad y la programación gubernamentales a nivel local,
nacional y regional incorporen una perspectiva de género que represente la
diversidad de la mujer dentro de diversos grupos, incluyendo los pueblos
indígenas y rurales y las minorías étnicas;
Fortalecerán sistemas de recolección y procesamiento de
datos estadísticos desagregados por género y adoptarán indicadores de género
que contribuyan al diagnóstico de la situación de las mujeres y a la
implementación de políticas públicas a nivel nacional y regional, y hagan
posible un mejor seguimiento y evaluación de los acuerdos regionales e
internacionales;
16. PUEBLOS INDÍGENAS
Reconociendo que el carácter único
de las culturas, historias y circunstancias socioeconómicas, demográficas, y
políticas de los pueblos indígenas (según se explica este término en la
sección Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de este Plan de Acción) de
las Américas, necesita medidas especiales para que dichos pueblos alcancen su
pleno potencial humano, y que la inclusión de los pueblos indígenas en
nuestras sociedades e instituciones es un elemento valioso para el continuo
fortalecimiento, no sólo de los derechos humanos en nuestra comunidad
hemisférica, sino también, en un sentido más amplio, de las democracias,
economías y civilizaciones; tomando nota de que aunque se han realizado
progresos, es necesario fortalecer la participación de los pueblos,
comunidades y organizaciones indígenas, para fomentar un diálogo abierto y
continuo entre éstos y los gobiernos, y para continuar trabajando juntos para
asegurar una implementación eficaz de los mandatos pertinentes en el Plan de
Acción de la Cumbre de Santiago:
Realizarán sus mejores esfuerzos, conforme a la
legislación nacional, para alentar a los organismos donantes, el sector
privado, otros gobiernos, organizaciones regionales e internacionales, al
igual que los bancos de desarrollo multilateral a apoyar las conferencias
hemisféricas y nacionales para intercambiar experiencias entre los pueblos
indígenas y sus organizaciones en la implementación de actividades para
promover su desarrollo sostenible, cultural, económico y social, y en
cualquier otro campo que pudiera ser identificado por los pueblos indígenas;
Reconocerán el valor que las cosmovisiones, los usos, las
costumbres y las tradiciones de los pueblos indígenas pueden otorgar a las
políticas y programas relacionados con el uso de la tierra y recursos
naturales, el desarrollo sostenible y la biodiversidad; sobre esta base,
desarrollarán las estrategias y los métodos correspondientes para considerar
y respetar las expresiones culturales de los pueblos indígenas y para
proteger su conocimiento tradicional de acuerdo con los principios y
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica;
Aumentarán la disponibilidad y la accesibilidad de los
servicios educativos en consulta con los pueblos indígenas, en especial para
las mujeres, los niños y las niñas, y los jóvenes, conforme a sus valores,
costumbres, tradiciones y formas de organización, promoviendo la diversidad
cultural y lingüística en los programas de educación y capacitación para las
comunidades indígenas; promoverán estrategias nacionales y regionales para
las mujeres, los niños y las niñas y los jóvenes indígenas; de igual forma,
impulsarán programas de intercambio internacional y pasantías en los
sectores público y privado, con el fin de fomentar la igualdad de
oportunidades, elevar el promedio de edad de la retención escolar, maximizar
la realización individual y colectiva, y promover la educación permanente
para todos los indígenas;
Promoverán y darán cabida, según corresponda, a las
necesidades culturales, lingüísticas y de desarrollo propias de los pueblos
indígenas, en los contextos urbano y rural, en el desarrollo e
implementación de las iniciativas y estrategias educativas, con especial
atención al desarrollo de la capacidad institucional, la conectividad y las
vinculaciones, incluyendo por medio de puntos focales nacionales, con otros
pueblos indígenas del Hemisferio;
Promoverán y divulgarán, en todos los ámbitos de la
sociedad, y en particular en el sector educativo, el aporte de los pueblos
indígenas en la formación de la identidad nacional en los países en los que
habitan;
Desarrollarán estrategias, medidas y mecanismos que
aseguren la efectiva participación de los pueblos indígenas en el diseño, la
implementación y la evaluación de planes, políticas, sistemas y programas de
salud integrales que reconozcan el valor del desarrollo de comunidades
holísticas, y que tomen en consideración las realidades y circunstancias
culturales, económicas y sociales;
Apoyarán la Iniciativa de Salud para los Pueblos Indígenas,
promovida por la OPS, ayudando a los Estados y en consulta con los pueblos
indígenas, para formular políticas públicas integrales y
sistemas de salud que fomenten la salud de los pueblos indígenas; diseñando
e implementando un marco y modelo intercultural de salud que se concentre
especialmente en las necesidades de salud y las prioridades de estos
pueblos; y mejorando la información colectiva, el análisis y la distribución
de las condiciones sanitarias y sociales de estos pueblos, con un énfasis
especial en la niñez;
Reducirán la brecha digital,
de comunicación y de información entre el promedio nacional y los pueblos y
las comunidades indígenas, mediante programas y proyectos de conectividad
relevantes que proporcionen servicios en los campos del desarrollo político,
económico y social, incluyendo el uso de las redes de información de los
pueblos indígenas;
Promoverán la obtención y la
difusión de datos estadísticos nacionales en los que se proporcione
información sobre la composición étnica y las características socio-económicas
de las poblaciones indígenas a fin de formular y evaluar políticas de
atención y desarrollo más adecuadas;
Apoyarán el proceso para reformar el Instituto Indigenista
Interamericano (III), basado en las amplias consultas entre los Estados y
los pueblos indígenas a través del Hemisferio, y seguirán desarrollando
procesos para asegurar la amplia y plena participación de los pueblos
indígenas en el Sistema Interamericano, incluyendo en las discusiones sobre
el Proyecto de Declaración
Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas;
17. DIVERSIDAD CULTURAL
Reconociendo que el respeto y la valoración de la diversidad cultural
contribuyen al dinamismo social y económico, y son factores positivos en la
promoción de la gobernabilidad, la cohesión social, el desarrollo humano, los
derechos humanos y la coexistencia pacífica en el Hemisferio; y que los
efectos de la globalización ofrecen grandes posibilidades para la promoción de
la diversidad cultural, pero también suscitan preocupaciones sobre la
capacidad de algunas comunidades para expresar los aspectos de su identidad
cultural; reconociendo asimismo el rol único que tienen los bienes culturales
en el fortalecimiento de los vínculos geográficos, sociales, históricos y
antropológicos entre las sociedades; reconociendo ademas la necesidad de
fortalecer las estrategias para impedir el tráfico ilícito de bienes
culturales, lo cual va en detrimento de la conservación de la memoria
colectiva y del patrimonio histórico de las sociedades, y amenaza la
diversidad cultural del Hemisferio; tomando en cuenta la proclamación de la
Asamblea General de las NU del año 2001 como el Año para el Diálogo entre
las Civilizaciones;
Fortalecerán alianzas e intercambios de información, incluyendo el uso de
tecnologías de información y comunicaciones mediante la
realización de una serie de seminarios de expertos, funcionarios del
gobierno y representantes de la sociedad civil sobre la importancia de la
diversidad lingüística y cultural del Hemisferio para promover una mejor
aceptación, entendimiento, valoración, y respeto entre los pueblos de la
región;
Alentarán la convocatoria de una reunión ministerial o de
alto nivel apropiado, con el apoyo del CIDI de la OEA, para tratar la
diversidad cultural, con miras a profundizar la cooperación hemisférica
sobre este tema;
Crearán un ambiente para fomentar la percepción y
valoración de la diversidad cultural y lingüística de los países de las
Américas, por varios medios, incluyendo mediante el uso de nuevas
tecnologías de comunicación y el Internet; apoyarán, a través de una amplia
colaboración, nuevos proyectos de medios de comunicación que promuevan el
diálogo intercultural, mediante la producción y difusión de productos
culturales destinados a la televisión, el cine, la industria del disco, la
industria editorial y los medios electrónicos; enriquecerán la diversidad
del contenido cultural de estas industrias, inter-alia, mediante la
preservación y restauración de bienes culturales y el rescate de aquellos
adquiridos ilegalmente, de acuerdo a sus obligaciones internacionales;
Promocionarán la cohesión social, el respeto y el
desarrollo mutuo:
- Reconociendo la contribución del deporte justo y libre
de drogas; y
- Apoyando iniciativas que preserven y mejoren los deportes tradicionales
e indígenas, fortalezcan el papel de la mujer en el deporte, y aumenten
las oportunidades para que los niños y las niñas, y los jóvenes, las
personas discapacitadas y las minorías participen y se beneficien de la
práctica del deporte y de la actividad física;
Se comprometen a cooperar activamente entre las diversas
instituciones, tanto a nivel nacional como internacional, para erradicar el
tráfico ilícito de bienes culturales conforme a la Convención sobre las
Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la
Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 1970; asimismo, promoverán
la acción conjunta con las organizaciones de la sociedad civil para
implementar y apoyar políticas, planes y programas que puedan fortalecer y
promover la investigación, la recuperación, los estudios, la conservación, el
mantenimiento, la restauración, el acceso a y la apreciación del patrimonio
cultural y los bienes culturales mediante su adecuado cuidado, preservación y
disfrute;
18. LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
Reconociendo que la promoción de los derechos de los niños y de las niñas
así como su desarrollo, protección y participación son esenciales para
asegurar que alcancen su pleno potencial; reconociendo asimismo la eficacia y
la necesidad de intervenciones centradas en la protección contra la
discriminación, la desigualdad, el abuso, la explotación y la violencia, en
especial para los grupos más vulnerables, y teniendo en cuenta una perspectiva
de género; afirmando la importancia de la cooperación, como fue planteado en
la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Panamá y
asimismo resaltando la oportunidad que el año 2001 representa para el progreso
de los niños y las niñas en el contexto del Año Interamericano de la Niñez y
la Adolescencia y de las metas adoptadas en la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia de 1990; y reconociendo la contribución vital de la Convención sobre
los Derechos del Niño de las NU en la promoción y la protección de los
derechos de los niños y de las niñas, así como la labor que adelanta el
Instituto Interamericano del Nino:
Implementarán y apoyarán los compromisos contenidos en la
Agenda sobre Niños Afectados por las Guerras acordada por 132 Estados
en la Conferencia Internacional sobre los Niños Afectados por las Guerras,
celebrada en Winnipeg, Canadá, en septiembre de 2000, incluyendo el fomento
de una participación activa para los niños, las niñas y los
adolescentes en las políticas, el diálogo y la programación para los niños,
las niñas y los adolescentes afectados por conflictos armados y también
alentando el establecimiento de una red para ellos. Considerarán medidas
adicionales para supervisar, informar y abogar por la protección, los
derechos y el bienestar de los niños y las niñas en el Hemisferio que sean
afectados por conflictos armados, en conjunto con la Relatoría Especial
sobre Derechos del Niño de la CIDH. Promoverán
acciones con el fin de establecer, fortalecer e implementar políticas
públicas tendientes a asegurar el bienestar y el
desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes, y
fomentarán la realización de conferencias, seminarios y otras
actividades nacionales o multilaterales, referidas a los temas de la
infancia y la adolescencia, en especial a lo largo del año 2001, en el marco
del Año Interamericano de la Niñez y la Adolescencia;
Garantizarán que cada niño y niña en conflicto con la ley sea tratado en
forma consecuente con sus mejores intereses de conformidad con las
obligaciones asumidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, y
otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos relevantes
incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
tomando en cuenta las Reglas Minimas de las Naciones Unidas para la
administracion de justicia de menores; y proporcionarán oportunidades de
capacitación cuando sea apropiado, incluyendo la instrucción sobre la
concientización sobre género y derechos humanos, a aquellos que trabajan en
la administración de la justicia;
Identificarán, compartirán y promoverán prácticas óptimas
y maneras de abordar el tema, en especial las que involucran a la comunidad
para apoyar a las familias, en atender las necesidades de los niños, las
niñas y los adolescentes en situación de riesgo y protegerlos contra el
abuso físico o mental, lesiones o violencia, discriminación, negligencia,
maltrato y explotación, incluyendo el abuso sexual, la explotación comercial
y las peores formas de trabajo infantil según se estipula en el
Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo; De conformidad
con las legislaciones nacionales, diseñarán políticas nacionales y modelos
de rehabilitación o sistemas judiciales para menores,
incorporando iniciativas de prevención del delito y garantizando el debido
proceso de la ley, y permitiendo el acceso a instituciones y a programas de
rehabilitación y reinserción de los niños, las niñas y los adolescentes
delincuentes en la sociedad y sus familias;
Apoyarán y buscarán medios de cooperación para fomentar
las recomendaciones del Consenso de Kingston de la Quinta Reunión
Ministerial sobre Infancia y Política Social, celebrada en Kingston, Jamaica
en octubre de 2000, que representa la contribución de la región a la Sesión
Especial de las NU a Favor de la Infancia a celebrarse en
septiembre de 2001;
Alentaran la cooperación para reducir los casos de
sustracción internacional de menores por parte de uno de sus padres;
considerarán firmar y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible
y según sea el caso, el Convenio de la Haya sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980, el Convenio de
la Haya sobre la Protección del Niño y la Cooperación en Materia de Adopción
Internacional de 1993, y la Convención Interamericana sobre Restitución
Internacional de Menores de 1989; y cumplirán las obligaciones emanadas de
las mismas para prevenir y corregir los casos de sustracción
internacional de menores por parte de uno de sus padres;
A fin de proteger y promover los derechos de los niños y
de las niñas, formularán e implementarán políticas y programas inter-sectoriales,
que podrían incluir la promoción del registro civil de todos los niños y las
niñas, y destinarán los recursos apropiados para emprender estas tareas;
establecerán y apoyarán la cooperación entre los Estados y la sociedad civil
y los jóvenes, para asegurar la efectiva implementación y seguimiento de los
derechos de los niños y las niñas, incluyendo los indicadores apropiados
para cada país relacionados con la salud, el desarrollo y el bienestar de
los niños y las niñas, y la provisión de información sobre mejores
experiencias mediante los informes nacionales de los Estados Partes de la
Convención sobre los Derechos del Niño;
Fomentarán la consulta, participación y
representación de la gente joven en todos los asuntos que les afectan,
proporcionando al acceso a la información confiable y ofreciendo
oportunidades para que ellos expresen sus opiniones y contribuyan a las
discusiones en foros y eventos locales, nacionales, regionales e
internacionales;
Reforzarán el papel de la OPS, el IIN y la CIDH, como
asesores técnicos del GRIC, en todos los aspectos relacionados con los niños
y las niñas, y reconocerán la importancia de estas instituciones en el
seguimiento de las recomendaciones relevantes de las Cumbres.
SEGUIMIENTO
PARA EL PLAN DE ACCIÓN
Durante nuestra tercera reunión en la ciudad
de Quebec, subrayamos la necesidad de profundizar y ampliar nuestra
cooperación para responder a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos
de nuestros países. Para lograr este objetivo es fundamental implementar de
manera eficaz los compromisos que hemos asumido. A tal fin:
Reconocemos la función primordial de los
gobiernos en la implementación del Plan de Acción.
Acogemos con beneplácito y promovemos la amplia
cooperación sectorial que existe a nivel ministerial en las distintas áreas de
nuestros gobiernos que son los pilares fundamentales de la cooperación
hemisférica. Encomendamos a nuestros ministros correspondientes que continúen
apoyando la implementación de los mandatos acordados en este Plan de Acción y
que presenten informes sobre los avances realizados.
Gestión de la
Cumbre
Continuamos apoyando al GRIC como cuerpo
principal, que rinde cuentas, a través de los Ministros de Relaciones
Exteriores, del monitoreo de la implementación de los mandatos de las Cumbres.
Con el propósito de fortalecer el carácter inclusivo y
hemisférico del proceso de la Cumbre de las Américas, acordamos constituir un
Consejo Ejecutivo del GRIC, que sea representativo de las regiones y que
cuente con un Consejo Directivo permanente compuesto por los anfitriones de
las anteriores, actual y futuras Cumbres, el cual deberá:
- evaluar, fortalecer y apoyar el seguimiento
de las iniciativas de la Cumbre, con la OEA
actuando como su secretaría técnica y memoria
institucional al proceso de la Cumbre;- maximazar la coherencia entre el proceso de la Cumbre de las Américas y
los mandatos y procesos de Cumbres subregionales;
- profundizar los lazos de asociación y coordinación entre el proceso de la
Cumbre de las Américas y sus instituciones asociadas (la OEA, el IICA, la
OPS, el BID, la CEPAL, el Banco Mundial), incluyendo el
estudio de la conveniencia de establecer nuevas relaciones con bancos
multilaterales subregionales de desarrollo;- promover un mayor involucramiento al igual que alianzas con
fundaciones subregionales y grupos de la sociedad civil, tales como los de
los sectores empresariales y voluntarios para apoyar los
mandatos de la Cumbre.
El Consejo Directivo apoyará al Presidente de
la Cumbre en la preparación de las futuras Cumbres, incluyendo la preparación
de las reuniones del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres.
Implementación y financiación
Subrayamos la
necesidad de un diálogo y de una coordinación permanentes dentro del sistema
interamericano a fin de asegurar la implementación efectiva y eficaz de los
mandatos de la Cumbre. Acogemos con beneplácito el involucramiento de nuestros
socios institucionales (la OEA, el IICA, la OPS, la CEPAL, el BID y el Banco
Mundial) en todas las etapas del proceso de la Cumbre de las Américas y
respaldamos:
- el diálogo periódico entre el GRIC y
nuestros socios institucionales para asegurar la coordinación en la
planificación, financiación e implementación de los mandatos de las Cumbres;- la participación de los Principales titulares de las instituciones
asociadas en las futuras reuniones del GRIC a nivel ministerial;
- el fortalecimiento de la colaboración y la ampliación de los intercambios
de información y conocimientos técnicos entre los Bancos de desarrollo
multilateralesé, las organizaciones interamericanas y los organismos
nacionales, con miras a alentar el uso eficiente de los recursos, optimizar
la eficacia en la ejecución de los programas, evitar superposición y
duplicación de los mandatos existentes, aumentar las oportunidades de
financiación para los beneficiarios, y asegurar la coherencia en la
implementación de las iniciativas de las Cumbres que apuntan a lograr una
mayor justicia social.
Reconocemos la función esencial que cumplen los
bancos multilaterales de desarrollo y los organismos de financiación en la
movilización de conocimientos técnicos y recursos que apoyan los objetivos
sociales y económicos del Plan de Acción. Encomendamos a nuestros ministros
que, trabajando con el GRIC, examinen con las instituciones asociadas el
apoyo financiero actual de las iniciativas, y alentamos:
- a nuestros representantes nacionales en los
directorios de estas instituciones a que promuevan el desarrollo de
programas que apoyen los objetivos sociales y económicos de la Cumbre;- los esfuerzos que realizan el BID y el Banco Mundial para proveer
conocimientos técnicos y movilizar recursos en apoyo de iniciativas que
responden a las áreas prioritarias de programación;
- la búsqueda activa de una mejor comunicación y coordinación entre los
coordinadores nacionales y los directores ejecutivos del BID y del Banco
Mundial, incluyendo la realización de una reunión entre el GRIC y los
directores generales con el objeto de discutir la implementación de los
mandatos de la Cumbre;- el fortalecimiento, a nivel nacional, de relaciones entre los ministerios,
organismos responsables de la implementación de los mandatos de la Cumbre y
el BID y el Banco Mundial, con el objeto de asegurar un mayor intercambio en
la planificación e implementación de los mandatos de la Cumbre;
- a los Ministros de Finanzas del Hemisferio Occidental, tanto en su calidad
de ministros de finanzas como, cuando sea pertinente, en su calidad de
gobernadores de los bancos multilaterales de desarrollo a que aumenten su
apoyo y compromiso con la agenda de la Cumbre de las Américas y el apoyo que
le prestan en su conjunto. Instruimos a nuestros Ministros de Finanzas que
consideren el establecimiento de mecanismos financieros para apoyar las
iniciativas de las Cumbres.- los esfuerzos que realiza la Agencia Interamericana para la Cooperación y
el Desarrollo (AICD) a fin asegurar financiación proveniente de fuentes
tanto tradicionales como nuevas, incluyendo nuevos lazos de asociación con
el sector privado,asimismo su empeño para que los objetivos de la Cumbre
orienten la concepción de su Plan Estratégico 2002-2005.
Reconocemos la función central que la OEA
cumple en apoyo del proceso de la Cumbre de las Américas, y la función que la
Comisión Especial de Gestión de Cumbres Interamericanas (CEGCI) cumple como
coordinador de los esfuerzos de la OEA en esta materia y como foro para que la
sociedad civil contribuya al proceso de la Cumbre de las Américas.
Instruimos a los Ministros de Relaciones
Exteriores para que en la próxima Asamblea General de la OEA en San José,
Costa Rica, fortalezcan y reformen, cuando sea necesario, los mecanismos
institucionales y financieros de apoyo de la Organización al proceso de las
Cumbres de las Américas en las funciones de secretaría técnica, y para dar
apoyo a las reuniones ministeriales y sectoriales en los temas relevantes para
la OEA. Asimismo, instruyen la creación de un fondo especifico para financiar
las actividades de apoyo al GRIC.
Apoyamos además que la OEA, las otras
organizaciones interamericanas y los gobiernos nacionales consideren los modos
en que la sociedad civil puede contribuir al monitoreo e implementación de los
mandatos de la Cumbre, a fin de someterlos como recomendación al GRIC al igual
que para continuar desarrollando mecanismos y sistemas de información que
aseguren la divulgación de información sobre el proceso de la Cumbre de las
Américas y sobre los compromisos asumidos por los gobiernos.
[1]
México interpreta que
toda la sección 4 del Plan de Acción, incluyendo su título "Seguridad
Hemisférica" y todos sus conceptos y disposiciones, será tratada en las
instancias apropiadas de la OEA, de acuerdo con el mandato de la Segunda
Cumbre de las Américas, celebrada en Santiago de Chile, en abril de 1998.
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