Público
FTAA.soc/w/123/Add.1
23 de octubre de 2000
Original: Inglés
Traducción: Secretaría ALCA
ALCA - COMITE DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA
PARTICIPACION DE
LA SOCIEDAD CIVIL
CONTRIBUCION RELACIONADA
CON LA INVITACION PUBLICA
Nombre (s) |
(1) Jake Caldwell, Coordinador de Programas de Comercio y Medio
Ambiente, National Wildlife Federation
(2) A. Paige Fischer, Director del Programa de Bosques y Comercio, Pacific
Environment and Resources Center
(3) Cameron Griffith, Director de Relaciones Federales, Consumer’s Choice
Council
(4) Antonia Juhasz, Directora de Programas de Comercio Internacional y Bosques,
American Lands Alliance
(5) Steven Porter, Abogado Senior, Center for International Environmental Law
(6) Daniel Seligman, Miembro Numerario Senior para Comercio, Sierra Club
(7) Martin Wagner, Director del Programa Internacional, Earthjustice Legal
Defense Fund
(8) David Waskow, Analista de Políticas Comerciales, Friends of the Earth |
Organización
(es)
(de ser el caso) |
(1) National Wildlife Federation
(2) Pacific Environment and Resources Center
(3) Consumer’s Choice Council
(4) American Lands Alliance |
País (es) /
Región (es) |
EUA |
Los reglamentos comerciales generalmente desalientan las
leyes que distinguen entre productos con base en la forma en que se
fabrican, o que utilizan otros criterios que no tienen que ver con el
funcionamiento. Así pues, la cobertura de las compras del sector público en
el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) podría poner en riesgo
numerosas leyes que utilizan las preferencias de adquisición para promover
la protección ambiental y otros objetivos políticos. En Estados Unidos,
existen preferencias de adquisición por cuestiones ambientales en los
niveles federal, estatal y local. Durante los últimos veinticinco años, el
Congreso ha exigido que las entidades federales adquieran los productos con
el porcentaje más alto de materiales reciclados que resulte práctico.
Asimismo, el Presidente Clinton emitió una orden ejecutiva que ordena a las
entidades federales adquirir productos “ambientalmente preferibles” y
biobasados. De manera similar, 48 estados y numerosos municipios tienen
preferencias de adquisición por cuestiones ambientales. Estas leyes podrían
protegerse si se incluye una excepción amplia para las preferencias de
adquisición por cuestiones ambientales en el ALCA. Esta excepción debe
redactarse de tal manera que se aplique a medidas de adquisición dirigidas a
preservar tanto los recursos vivos como los no vivos y no debe
contener lenguaje que sugiera que las medidas de adquisición por cuestiones
ambientales deben ser los medios menos restrictivos del comercio para lograr
el objetivo ambiental. La excepción debe también establecer explícitamente
que los gobiernos puedan emplear criterios de adquisición, incluso los
basados en procesos y métodos de producción, con referencia a las
implicaciones ambientales de los productos que compran, tanto dentro como
fuera de su jurisdicción territorial. Además, la negociación de los
preceptos relativos a compras debe llevarse a cabo de manera transparente.
El secreto que rodea a las negociaciones en la actualidad dificulta que las
organizaciones de la sociedad civil y los miembros del público planteen sus
comentarios respecto a las negociaciones y amenazan con debilitar el apoyo
político al ALCA. |
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