2. - Organizar un archivo de actas de conciliación y de desacuerdo.

ARTÍCULO 14.- RESPONSABILIDADES DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN. 

Los centros contarán con las facilidades e instalaciones necesarias para poder atender debidamente sus funciones y serán responsables, por los perjuicios que llegaren a causar por un ineficiente o negligente cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias.

ARTÍCULO 15.- CAPACITACIÓN PREVIA A LOS CONCILIADORES. 

Los conciliadores de los centros, antes de ser aceptados e incluidos en la lista y de ejercer sus funciones, deberán aprobar la capacitación que habrá de impartirles el centro.

ARTÍCULO 16.- FORMACIÓN DE CONCILIADORES.- EXCEPCIÓN. 

Todos los conciliadores deberán ser profesionales universitarios, excepto los estudiantes universitarios que realicen su práctica en los centros de conciliación de las Instituciones de Educación Superior. 

ARTÍCULO 17. - GRATUIDAD EN LA CONCILIACIÓN. 

La conciliación prestada en los centros de conciliación de las Instituciones de Educación Superior, será gratuita.

ARTÍCULO 18. - INHABILITACIÓN DEL CONCILIADOR PARA OTRAS ACTUACIONES. 

Quien actúe como conciliador quedará inhabilitado para actuar en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto y objeto de la conciliación, ya sea como juez, arbitro, testigo, asesor o apoderado de una de las partes.

ARTÍCULO 19.- COMPETENCIA DE LOS CENTROS DE CONCILIACIÓN. 

En los centros de conciliación se podrán conciliar todas las materias que sean susceptibles de transacción y desistimiento.

La conciliación prevista en materia laboral, de familia, niñez, civil, comercial, agraria, contencioso administrativo y policía, o penal en su caso, podrá llevarse a cabo válidamente ante un centro de conciliación.

La conciliación llevada a cabo en un centro produce los efectos establecidos en esta ley y suple la necesidad de la audiencia de conciliación dentro del proceso, salvo que ambas partes soliciten al juez la celebración de un nuevo intento conciliatorio.

ARTÍCULO 20.- RESERVA EN LA CONCILIACIÓN. 

La conciliación tendrá carácter confidencial, los que en ella participen deberán mantener la mayor prudencia y reserva; las fórmulas de acuerdo que se propongan o ventilen, no incidirán en el proceso eventual.

ARTÍCULO 21.-IMPEDIMENTOS Y RECUSACIÓN DE CONCILIADORES. 

Los conciliadores tendrán los mismos impedimentos y serán recusables por las mismas causales establecidas para los árbitros.

La recusación será resuelta por el director del centro de conciliación respectivo.

Cuando se trate de un notario y fuere recusado, remitirá a las partes para que acudan a otro notario. Si el recusado es un funcionario administrativo, la recusación la decidirá su superior jerárquico conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. 

ARTÍCULO 22.- INASISTENCIA A LA AUDIENCIA. 

Si alguna de las partes no comparece a la audiencia a que fue citada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si el citado no comparece a la segunda audiencia el conciliador expedirá al interesado la constancia de imposibilidad de conciliación.

ARTÍCULO 23.-CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO. 

El procedimiento de conciliación concluye:

1) Con la firma del acta de conciliación que contenga el acuerdo al que llegaron las partes, especificando con claridad las obligaciones a cargo de cada una de ellas;

2) Con la suscripción de un acta en la que las partes y el conciliador dejan constancia de desacuerdo.

Si la conciliación recae sobre la totalidad de las diferencias no habrá lugar al proceso judicial respectivo; si el acuerdo fuere parcial, quedará constancia de ello en el acta y las partes quedarán en libertad de dirimir las diferencias no conciliadas por cualquier otro procedimiento permitido por la ley.

ARTÍCULO 25.- VALIDEZ DE LAS ACTAS. 

Tanto el acta de conciliación como la constancia de desacuerdo, serán auténticas, con la sola firma de las partes y del conciliador sin necesidad de trámite notarial o judicial alguno. En caso de que los acuerdos contenidos en el acta supongan actos sujetos a registro, bastará la presentación al registro público correspondiente de una copia del acta, sin necesidad de legalización ni trámites adicionales de ninguna clase. Los registradores quedan obligados a inscribir dichas actas. Los interesados podrán obtener copias auténticas de estas actas en el centro de conciliación respectivo.

El arbitraje es un mecanismo de solución de controversias, a través del cual las partes en conflicto difieren la solución del mismo a un tribunal arbitral.

ARTÍCULO 27.- AMBITO DE APLICACIÓN. 

La presente ley se aplicará al arbitraje nacional, asimismo se aplicará al arbitraje internacional, sin perjuicio de lo previsto en los tratados, pactos, convenciones y demás instrumentos de derecho internacional ratificados por Honduras.

ARTÍCULO 28.- CONTROVERSIAS OBJETO DE ARBITRAJE. 

Podrán someterse a arbitraje las controversias que hayan surgido o surjan entre personas naturales o jurídicas, sobre materias respecto de las cuales tengan la libre disposición.

ARTÍCULO 29. - NO SON OBJETO DE ARBITRAJE. 

No podrán ser objeto de arbitraje:

1) Las causas criminales, excepto en lo relativo a la responsabilidad civil proveniente del delito.

2) Los alimentos futuros.

3) Aquellos conflictos relacionados con el estado civil de las personas, excepto en lo relativo al régimen patrimonial atinente con éste.

4) Las cuestiones sobre las cuales haya recaído sentencia judicial firme. 

5) Las cuestiones en que, con arreglo a las leyes, deba intervenir el Ministerio Público en representación y defensa de quienes, por carecer de capacidad de obrar o de representación legal, no pueden actuar por sí mismos.

6) En general, todos aquellos conflictos que no sean susceptibles de transacción.

ARTÍCULO 30.- CONTROVERSIAS LABORALES COLECTIVAS. 

Las controversias de índole laboral colectivo en materia de arbitraje, se resolverán por lo dispuesto en el Código de Trabajo.

ARTÍCULO 31.- ARBITRAJE DEL ESTADO. 

Podrán ser sometidas a arbitraje las controversias derivadas de los contratos que el Estado hondureño y las entidades de derecho público celebren con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros. 

ARTÍCULO 32.- ARBITRAJE TESTAMENTARIO. 

Salvo las limitaciones establecidas por el orden público, el testador podrá, por su sola voluntad, instituir el arbitraje a efecto de resolver las controversias que puedan surgir entre sus herederos no forzosos y legatarios, sea respecto de la porción de la herencia no sujeta a asignación forzosa, de las controversias que surjan relativas a la valoración, administración o partición de la herencia o para las controversias que se presenten en todos estos casos con los ejecutores testamentarios.

ARTÍCULO 33.- PRESUNCIÓN DEL CONVENIO ARBITRAL. 

Los convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas contenidas en cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión, serán plenamente válidos entre las partes.

Se presume, sin admitir prueba en contrario, que el convenio arbitral debía conocerse, si fue puesto en conocimiento público mediante adecuada publicidad.

ARTÍCULO 34.- DEFINICIONES Y REGLAS DE INTERPRETACIÓN. 

Se adoptan las siguientes definiciones y reglas de interpretación comunes a la presente ley: 

1) Tribunal arbitral: significa tanto un solo arbitro como una pluralidad de árbitros. 

2) El arbitraje en cuanto a las reglas de procedimiento puede ser:

a) Ad-hoc: Es aquel en el cual las partes acuerdan las reglas de procedimiento aplicables en la solución de su controversia.

b) Institucional: Es aquel en el cual las partes se someten a un procedimiento establecido por un centro de arbitraje. 

3) El arbitraje en cuanto a su naturaleza puede ser: 

a) En derecho: Es aquel en el cual los árbitros fundamentan su decisión en el derecho positivo vigente. 

b) En equidad: Es aquel en que los árbitros deciden según el sentimiento común y la equidad. 

c) Técnico: Es aquel en el cual los árbitros pronuncien su fallo en razón de sus específicos conocimientos en una determinada ciencia, arte u oficio.

4) Laudo: Sentencia o fallo dictado por un tribunal arbitral.

5) Las normas referidas a la integración del tribunal arbitral y al procedimiento arbitral son de carácter supletorio en relación a la voluntad de las partes

ARTÍCULO 35.- NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. 

Se adoptan los siguientes criterios referentes a las notificaciones y comunicaciones escritas:

1) Se considerará válida toda notificación y cualquier otra comunicación escrita que sea entregada personalmente al destinatario o a quien tenga su representación, en su domicilio especial, en el establecimiento donde ejerza su actividad principal o en su residencia habitual.

2) Cuando no se logre ubicar alguno de los lugares señalados en el literal anterior, se considerará recibida toda notificación o comunicación escrita que haya sido remitida por carta certificada o cualquier otro medio que deje constancia del hecho, al último establecimiento, domicilio, o residencia habitual conocidos. y

3) Las notificaciones serán igualmente válidas cuanto se hicieren por correo certificado, telex, facsímile, o cualquier otro medio de comunicación electrónica, del cual queda una constancia de haber sido recibido por su destinatario.

En cuanto a la competencia y auxilio judicial, se adoptan las siguientes reglas:

1) En las controversias que se resuelvan con sujeción a la presente ley, solo tendrá competencia el tribunal arbitral correspondiente. Ningún otro tribunal o instancia podrá intervenir, salvo que esta ley así lo autorizare expresamente.

2) La autoridad judicial competente para prestar auxilio en los casos establecidos en la presente ley será la calificada para conocer de la controversia en ausencia de arbitraje. En defecto de ello, será la del lugar donde deba realizarse el arbitraje, si se hubiere previsto; a falta de ello y a elección del demandante, el del lugar de celebración del convenio arbitral o del establecimiento o del domicilio del demandado o el de cualquiera de ellos, si son varios.

El convenio arbitral es el acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o puedan llegar a surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica, de naturaleza contractual o extracontractual.

ARTÍCULO 38. - FORMA DEL CONVENIO ARBITRAL. 

El convenio arbitral deberá constar por escrito. Podrá adoptar la forma de una cláusula incluida en un contrato o la de un acuerdo independiente. Se entenderá que el convenio se ha formalizado por escrito no solamente cuando esté contenido en documento único suscrito por las partes, sino también cuando resulte del intercambio de cartas o de cualquier otro medio de comunicación o correspondencia que inequívocamente deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje.

Deberá entenderse que el convenio arbitral se ha formalizado por escrito cuando a pesar de no existir acuerdo previo, por iniciativa de una de las partes involucradas se somete una controversia a la decisión de uno o más árbitros que aceptan resolver la controversia, mediando asentimiento posterior de la otra u otras partes.

Se presumirá que hay asentimiento cuando, notificada la parte contraria de la iniciativa de quien promovió la intervención de él o los árbitros, se apersona al procedimiento arbitral sin objetar dicha intervención.

ARTÍCULO 39.- AUTONOMÍA DEL CONVENIO ARBITRAL: 

Todo convenio arbitral que forme parte de un contrato se considera como un acuerdo independiente de las demás estipulaciones del mismo.

En consecuencia, la inexistencia, nulidad o anulabilidad total o parcial de un contrato u otro acto jurídico que contenga un convenio arbitral, no implicará necesariamente la inexistencia, ineficacia o invalidez de éste. Los árbitros, podrán decidir libremente sobre la controversia sometida a su pronunciamiento, la que podrá versar, inclusive, sobre los vicios que afecten el contrato o acto jurídico que contenga el convenio arbitral.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando la nulidad completa de un contrato procede de una sentencia judicial firme el convenio arbitral no subsistirá.

ARTÍCULO 40.- EXCEPCIÓN DILATORIA. 

De la excepción dilatoria de arbitraje:

a) El convenio arbitral implica la renuncia de las partes a iniciar proceso judicial sobre las materias o controversias sometidas al arbitraje.

b) La autoridad judicial que tome conocimiento de una controversia sujeta a convenio arbitral debe inhibirse de conocer del caso cuando se lo solicite la parte judicialmente demandada. En este caso, dicha parte puede oponer la excepción de arbitraje que habrá de ser resuelta de plano y sin lugar a recurso alguno contra la decisión.

De la renuncia al arbitraje:

1) Será valida únicamente cuando concurra la voluntad de las partes. Será expresa o tácita.

2) Las partes pueden renunciar expresamente al arbitraje mediante acuerdo de ellas al respecto que conste por escrito y sea firmado de manera conjunta o separada y;

3) Se considera que existe renuncia tácita cuando una de las partes sea demandada judicialmente por la otra y no oponga excepción de arbitraje en la oportunidad procesal correspondiente.

Las partes determinarán el número de árbitros que, en todo caso, será impar. A falta de acuerdo de las partes los árbitros serán tres si la controversia es de mayor cuantía, o uno si es de menor cuantía.

ARTÍCULO 43. - REQUISITOS PARA SER ÁRBITRO. 

Solo las personas naturales que se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles podrán ser designados como árbitros.

Cuando el arbitraje haya de decidirse con sujeción a derecho, los árbitros deberán ser profesionales del derecho. Cuando el arbitraje se deba resolver conforme a normas o principios técnicos, los árbitros deberán ser expertos en el arte, profesión u oficio respectivo.
Las partes podrán establecer requisitos o condiciones adicionales para los árbitros en el convenio arbitral.

ARTÍCULO 44. - NO PUEDEN SER ÁRBITROS. 

No podrán actuar como Arbitros quienes tengan con las partes o sus apoderados alguna de las causas de abstención y de recusación que establecen las reglas procesales.

Tampoco podrán actuar como árbitros, los jueces, magistrados, fiscales, y quienes ejerzan funciones públicas, excepto las vinculadas con la docencia.

ARTÍCULO 45. - NOMBRAMIENTO DE LOS ÁRBITROS. 

Las partes podrán designar los árbitros de manera directa y de común acuerdo o delegar en un tercero, persona natural o jurídica, la designación parcial o total de los árbitros. A falta de acuerdo de las partes o de no designación de los mismos por el tercero o terceros delegados, los árbitros serán designados por la institución arbitral que corresponda, cuando se trate de arbitraje institucional, o por cualquiera de las instituciones arbitrales que estuviere legalmente establecida en el lugar del domicilio donde habrá de llevarse el arbitraje, a solicitud de cualquiera de las partes.

ARTÍCULO 46. - NOTIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO.- REEMPLAZO. 

El nombramiento debe ser comunicado a los árbitros designados, de manera personal, y quienes tendrán cinco días para manifestar si lo aceptan o no. La falta de respuesta durante el término referido se tendrá como no aceptación y permitirá proceder al reemplazo.

ARTÍCULO 47. - RESPONSABILIDAD. 

La aceptación obliga a los árbitros a cumplir su función con esmero y dedicación, y serán responsables de reparar los daños y perjuicios que por su negligencia llegaren a causar a las partes o a terceros.

ARTÍCULO 48. - PROVISIÓN DE FONDOS. 

Los centros de arbitraje o los árbitros en su caso, podrán exigir en cualquier momento a las partes la provisión de fondos que estime necesaria para atender a los honorarios de los árbitros y a los gastos que puedan producirse en la administración y tramitación del arbitraje o el ajuste de los mismos, si las condiciones del caso así lo ameritan. Los pagos habrán de producirse en la forma y momento en que la institución o los árbitros así lo determinen. Los centros en sus reglamentos, deben establecer la cuantía y forma de pago de los honorarios de los árbitros, del centro y los demás costos y gastos del trámite arbitral, siendo de obligatorio cumplimiento para las partes.

ARTÍCULO 49.- ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN. 

Los árbitros podrán abstenerse de actuar como tales o ser recusados por las mismas causales establecidas por el Código de Procedimientos Civiles para los titulares del órgano jurisdiccional. De igual manera podrán ser recusados por no reunir las condiciones que conforme a la ley o a lo acordado por las partes se haya establecido para el caso. 

Los árbitros designados por las partes tan solo podrán ser recusados de manera inmediata y por causales que sobrevengan a su nombramiento.

ARTÍCULO 50.- NO ACEPTACIÓN DE LA RECUSACIÓN. 

Si él arbitro no aceptare la recusación propuesta, la resolución de la misma se adoptará por la institución arbitral, en caso de tratarse de un arbitraje institucional o por los árbitros restantes, cuando fueren ad-hoc. En caso de arbitro único, si no es institucional, la decisión sobre la recusación se adoptará por el órgano jurisdiccional que hubiere resultado competente para conocer el proceso objeto del arbitraje.

Contra la decisión de los árbitros, de la institución arbitral o del juez, en su caso, mediante la cual se resuelve la recusación, no cabrá recurso alguno.

Si él arbitro se abstuviere de conocer del caso o aceptare la recusación, se procederá a su reemplazo en la misma forma en que hubiere sido designado el arbitro que deba sustituirse.

ARTÍCULO 51.- INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL. 

En el caso en que el tribunal estuviere conformado por más de un arbitro, estos elegirán de su seno un presidente del tribunal arbitral. En los casos en que existiere un solo árbitro, éste ejercerá todas las funciones y atribuciones del tribunal. El tribunal arbitral, si lo considera pertinente, nombrará un secretario.