Resumen Ejecutivo
Este documento es un intento por incorporar al proceso del
ALCA un elemento de importancia vital que ha estado ausente en el diálogo en
curso: las opiniones de la sociedad civil, los pobres y los desamparados. Por lo
tanto, las posiciones asumidas en el presente documento se fundamentan en el
axioma filosófico según el cual el principio inquebrantable de toda Área de
Libre Comercio de las Américas debe sustentarse en un enfoque centrado en las
personas, a la vez que procura integrar en forma plena lo atinente a los asuntos
de desarrollo social en su marco fundamental.
El CRG sostiene que el ALCA debe mostrarse abierto a las
realidades sociales y a los distintos niveles de inequidad existente, tanto
dentro de los países como entre éstos. Por lo tanto, el mandato amplio debe
aspirar a reducir la pobreza y la desigualdad, promoviendo un entorno propicio
para la distribución equitativa del comercio, mientras fomenta un desarrollo
estable, equitativo y a largo plazo. Asimismo, este documento cuestiona la
posibilidad de introducir un acuerdo que vaya más allá de lo contemplado por la
OMC, antes de proceder al examen de la Ronda Uruguay.
Las ONG regionales en el Caribe no desconocen los beneficios
del libre comercio o de las alianzas hemisféricas. No obstante, creemos que un
acuerdo que cumpla con su cometido debe tratar de:
> Establecer que la lucha contra la pobreza constituye su
objetivo más decisivo y fundamental;
> Formular un marco que se compagine con las necesidades de las economías más
pequeñas y
crear mecanismos concretos que reconozcan este hecho;
> Reconocer de manera amplia cuáles son las necesidades especiales de la mano
de obra, las mujeres
y el medio ambiente, e incorporar las inquietudes de estos
sectores;
> Promover un proceso transparente, representativo y que incluya a todas las
partes.
En concreto, el Grupo de Referencia del Caribe sobre Asuntos
Externos exhorta a los formuladores de políticas que participan en el proceso
del ALCA a asegurar que se logra lo siguiente:
> Creación de metas específicas de mitigación de la pobreza y
de desarrrollo social, orientadas a reducir la
pobreza y la marginación
social, así como acabar con la inequidad en la distribución de las ganancias
derivadas del comercio;
> Cierre de la brecha creada entre las inquietudes de
desarrollo económico y social sobre las cuales
se deliberó en la Cumbre de las
Américas, adelantando el proceso del ALCA a través de la creación
de un Pacto
de Desarrollo Social de las Américas (PDSA), el cual comprendería una
verdadera área
de libre comercio, conjuntamente con una plataforma de
desarrollo social;
> Reconocimiento en forma concreta de las limitaciones
enfrentadas por las economías pequeñas y las
microeconomías de la región, a
través de la institucionalización de un sistema de trato especial y
no
igualitario hacia estos Estados. Este reconocimiento especial debe
manifestarse también en
la conversión inmediata del Comité Consultivo sobre
Pequeñas Economías en un grupo de negociación.
Asimismo, los acuerdos plenos
no recíprocos deben aplicarse a todos los Países Pobres Más
Endeudados (PPME)
durante un plazo no menor a diez años, y que la totalidad de la deuda
bilateral
de todos los PPME o países con deudas sumamente onerosas que sean
miembros del ALCA
o participen en la actualidad en este proceso, se cancelen
de manera inmediata e incondicionamente.
Asimismo, solicitamos la creación de un Fondo de Integración
Regional para financiar la transición ordenada hacia los sistemas de mercado
plenamente liberalizados, que atribuya importancia ante todo a la capacitación y
el reentrenamiento de los empleados, con miras a su reinserción en el sector
laboral.
Además, el CRG sostiene que:
> El mecanismo actual para la participación de la sociedad
civil es inadecuado; es necesario desvincular las distintas
posibilidades de expresión
de la sociedad civil, en
particular las de las empresas, de las de las ONG,
mano de obra y el sector académico. Afirmamos asimismo
que puede facilitarse una participación sostenida a
través de la creación de un comité consultivo sobre las
negociaciones al nivel nacional y subregional.
> El proceso del ALCA debe aspirar a mejorar la situación de
los sectores vulnerables, es decir, la mano
de obra, el medio ambiente y las
mujeres. Por ello, recomendamos que todos los Signatarios del acuerdo
del ALCA
ratifiquen los convenios de la OMT sobre los derechos de los trabajadores y se
cree un grupo
de protección de las normas laborales encargado de investigar y
detectar cualquier incumplimiento de estos
onvenios.
> Debe crearse un Comité Consultivo independiente para velar
por las inquietudes de las mujeres y
establecerse prioridades para ejecutar de
inmediato las principales disposiciones de la plataforma de Pekín..
> Deben incorporarse al acuerdo disposiciones sobre la
protección ambiental, con miras a fijar las normas
que deben cumplir tanto las
empresas transnacionales como los Gobiernos.
> Debe concederse a los PPME y a países de muy elevado
endeudamiento una exención general de cumplir con la
plena reciprocidad
estipulada en los acuerdos de acceso a los mercados en el marco del ALCA,
durante un plazo de diez años después de su puesta en marcha.
> Debe concederse al sector agrícola de todos los países una
exención especial de cumplir con las condiciones de los mercados
plenamente
liberalizados, en lo que atañe a la producción de productos básicos para el
consumo
interno, y su incidencia sobre la estabilidad económica nacional.
> Los principios rectores que rigen las negociaciones del
comercio de los servicios deben concordar con lo
dispuesto en el Artículo XIX
del AGCS y la liberalización debe acometerse de manera selectiva, sobre todo
con respecto a los distintos niveles de desarrollo.
> No debe obligarse a las economías más pequeñas a cumplir
con las disposiciones sobre garantías de las
inversiones, ni a ponerlas en
práctica.
> No debe darse cabida a régimen alguno que, en el marco del
ALCA, intente alentar a los países
a liberalizar sus respectivas
reglamentaciones vigentes sobre las adquisiciones gubernamentales, cuando
ello
repercuta sobre las bases de la soberanía nacional.
Tanto en las negociaciones del ALCA como en las celebradas
después de la Convención de Lomé, se han expresado inquietudes en cuanto a la
capacidad de los países más pequeños del CARICOM de cumplir con las políticas
sobre la competencia. EL CRG firmemente recomienda que el proceso del ALCA debe
crear un subcomité especial que examine el nivel actual de desarrollo de los
sistemas de políticas de competencia, con un mandato de asesorar sobre las
medidas necesarias para aumentar la capacidad de los países que se ven
imposibilitados de participar en el régimen propuesto por el ALCA.
países
