Con el fin de proporcionar el ancho de banda necesario para garantizar el acceso a los servicios básicos de las telecomunicaciones, el Gobierno debería actualizar sus reglamentos para facilitar una mayor competencia, del sector privado en los servicios de telecomunicaciones. Las políticas que promuevan la competencia, faciliten la interconexión bajo condiciones razonables y permitan la inversión privada contribuirán a reducir los costos del acceso básico a y el uso de la Internet y promoverán el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones.
 

Promover la creación de puntos de acceso a las redes locales (NAP locales), esto es, sistemas locales de interconexión para transmisión de datos entre distintos Proveedores de Servicios de Internet (ISP).
 

Para facilitar la mayor participación de su población en materia del comercio electrónico, el gobierno debería facilitar al público puntos de acceso a la Internet, por ejemplo, en escuelas, bibliotecas, centros sociales y centros telefónicos públicos.
 

Para reducir el costo de los instrumentos indispensables para comerciar electrónicamente, se insta al Gobierno a que aplique, en el más breve plazo, las reducciones arancelarias del Acuerdo sobre Tecnología de la Información(ATI).

A fin de promover la interoperabilidad de las redes y servicios de telecomunicaciones, el Gobierno debe apoyar, cuando sea conveniente, la fijación de normas técnicas de parte de entidades internacionales y/o nacionales independientes que actúen por consenso.
 

El Gobierno debe evitar la imposición de normas locales, nacionales o regionales que obstaculicen la universalidad de la Internet, y que puedan generar nuevos obstáculos al comercio, ya que esa universalidad es la característica más valiosa para el comercio electrónico.

Los países miembros del ALCA deberían promover y usar el comercio electrónico en las transacciones entre gobiernos, entre gobiernos y las empresas y entre los gobiernos y los particulares, para realizar transacciones más rápidas, con menos costos y con una cobertura más amplia. Como por ejemplo:

Con el fin de alentar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a hacer uso de la Internet como medio de abrirse mercados, el Gobierno debe emprender campañas informativas para esas empresas, que les demuestren claramente que el comercio electrónico puede ayudarlas a llegar a nuevos mercados internacionales, y les demuestren cómo la infraestructura del país y los servicios auxiliares pudieran ayudarles a incorporarse a la economía digital.
 

Para que las PYME sean más capaces de utilizar el comercio electrónico, el Gobierno debe colaborar con las asociaciones comerciales y cámaras de comercio del país para establecer sitios internet donde las PYME pudieran hacer conexión de redes, publicar información e intercambiar ideas sobre las lecciones aprendidas y las mejores practicas.
 

Para aumentar la participación de las PYME en el comercio internacional el Gobierno debe explorar métodos para adaptar sus programas de promoción del comercio a fin de que sirvan más eficazmente a los intentos de las PYME de introducirse en los mercados del exterior por medio del comercio electrónico, por ejemplo, por medio de exposiciones comerciales virtuales y la expansión de las pólizas públicas / privadas de seguro del crédito, a fin de que abarquen estas nuevas transacciones electrónicas.

El Gobierno debe participar activamente y promover la cooperación en los trabajos de la OMC y la OMPI para desarrollar y mejorar el consenso nacional e internacional sobre los asuntos de propiedad intelectual que surgen del comercio electrónico. Los asuntos claves incluyen la protección efectiva de las marcas en línea, los asuntos de los nombres de dominio en Internet y la protección efectiva de los derechos de autor.

El Gobierno debe trabajar multisectorialmente en examinar las implicaciones tributarias del comercio electrónico y buscar el uso de tecnologías que faciliten el comercio electrónico.
 

Para maximizar los beneficios del comercio electrónico y fomentar su crecimiento, el Gobierno debe fomentar un marco para que estén ampliamente disponibles sistemas efectivos de pago para la comunidad empresarial y los consumidores.

El Gobierno debe fomentar un marco adecuado para el comercio electrónico en el sistema jurídico de cada país. Los gobiernos del ALCA deberían identificar y eliminar las barreras legales que impiden el reconocimiento de los registros y las transacciones electrónicas y adoptar leyes que permitan su reconocimiento, teniendo en cuenta, principalmente las normas aplicables al efecto de la Ley Modelo de la CNUDMI.

El Gobierno debe asegurarse de que los reglamentos de encriptación, en especial las restricciones o requisitos de certificación para la importación o el uso de la encriptación, no representen obstáculos injustos para los productos de encriptación producidos en el exterior.
 

El Gobierno debe crear un ambiente que fomente el desarrollo guiado por parte del sector privado de soluciones tecnológicas que aumenten la seguridad en las redes.

Para impulsar el desarrollo del comercio electrónico el Gobierno debe promover enfoques apropiados para el reconocimiento legal de firmas electrónicas bajo principios de neutralidad tecnológica.
 

El Gobierno debe tomar medidas para descubrir y revocar los obstáculos jurídicos al reconocimiento de las constancias y transacciones electrónicas, incluida la adopción de las disposiciones habilitantes de la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, de la CNUDMI.
 

El Gobierno debe considerar los beneficios de permitir a las partes de una transacción a elegir sus métodos de autenticación, tomando en cuanta los requisitos de su sistema legal.
 

Los gobiernos de los países del ALCA deberían reconocer la importancia de soluciones tecnológicas flexibles e interoperables con asuntos relacionados con la autenticación y certificación, llevadas a cabo por parte del sector privado.
 

En el caso de transacciones electrónicas entre empresas, debería permitirse a las partes que opten por el foro y el derecho que regirían la solución de las diferencias que pudieran surgir.

El Gobierno debe fomentar esquemas de cooperación entre los gobiernos miembros del ALCA y las empresas para promover niveles adecuados de protección a la privacidad.
 

Todo planteamiento sobre la protección de la privacidad debe responder a un enfoque nacional, al mismo tiempo se debe alentar la autorregulación basados en principios internacionalmente aceptados relativos a las prácticas justas de la información. Por ejemplo, Los Lineamientos sobre Privacidad de la OCDE pueden ser considerados como una referencia valiosa.
 

Debe fomentarse el desarrollo, por parte del sector privado, de soluciones tecnológicas, códigos de conducta y otros medios que protejan debidamente la privacidad de las personas, en conformidad a los requisitos legales.

El Gobierno debe continuar aplicando el actual marco de protección al consumidor modificándola cuando sea necesario para reflejar la naturaleza del medio para que los consumidores en línea reciban protección eficaz no menor al nivel de protección ofrecida a los consumidores en las transacciones tradicionales.
 

El Gobierno en conjunto con el sector privado deberían promover la educación de empresas y consumidores acerca de los riesgos y las ventajas de llevar a cabo transacciones electrónicas en línea.
 

El Gobierno, las organizaciones empresariales y los grupos de consumidores deberían trabajar conjuntamente para elaborar principios y mecanismos de protección al consumidor, incluyendo la elaboración de los mecanismos en línea que sean fáciles de usar para resolver las quejas de los consumidores.
 

El comercio electrónico está sometido al ordenamiento jurídico vigente en el país con respecto a la selección del derecho y la jurisdicción aplicables. El Gobierno debe estudiar los sistemas de derecho y jurisdicción actuales a este respecto, a fin de comprender mejor cómo se resuelven estas cuestiones en el resto de paises del ALCA.