Los abajo firmantes, miembros de la Citizens Trade Campaign (CTC), agradecemos la oportunidad de plantear nuestros puntos de vista al Comité de Representantes Gubernamentales sobre la Participación de la Sociedad Civil respecto a las negociaciones de la propuesta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La CTC es una coalición de organizaciones laborales, ambientales, religiosas, agrícolas familiares y de consumidores que representan a grupos de todo el territorio estadounidense.

Creemos que una mayor cooperación entre los países del hemisferio occidental puede servir como poderosa herramienta para fomentar la prosperidad, la democracia, el desarrollo sostenible y la estabilidad en la región. No obstante, si los intereses sociales fundamentales, como la salud pública, la equidad, la protección ambiental y los derechos humanos y de los trabajadores, se subyugan al objetivo de incrementar la inversión y el comercio internacionales, el ALCA tal como está estructurado actualmente promete generar los resultados opuestos para los pueblos de Norte, Centro y Sudamérica.

Una política comercial internacional sólida debe basarse en el respeto de los valores sociales medulares de dignidad humana, protección ambiental y democracia y debe operar en favor de su promoción. Muchas de las disposiciones propuestas en el texto del ALCA ya se han probado en otros contextos y han fracasado. Debemos aprender de estos errores. Si hacemos caso omiso a estos ejemplos, es seguro que el ALCA obstaculizará en lugar de impulsar el progreso en el hemisferio.

En gran medida, las disposiciones del ALCA se basan en las del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un acuerdo con nueve años de claro historial. En lugar de cumplir sus promesas de crecimiento y prosperidad, el TLCAN ha permitido a los inversionistas gozar de amplios derechos nuevos al tiempo que ha enfrentado a las comunidades, trabajadores y agricultores de los tres países, con lo cual han bajado los salarios y prestaciones, se ha reducido la sindicalización, se ha degradado más el medio ambiente y los precios de las mercancías han llegado a su nivel más bajo en 30 años.

En lugar de generar un desarrollo equitativo, las políticas del TLCAN encaminadas a fomentar las exportaciones solamente han beneficiado a unos cuantos privilegiados a expensas de la amplia mayoría de habitantes de Norteamérica. Ha aumentado la desigualdad de los ingresos tanto entre los países miembros del TLCAN como dentro de cada uno de ellos. Los niveles de pobreza en México son más altos que antes de la entrada en vigor del TLCAN, mientras que en Estados Unidos se han perdido 750,000 empleos reales y potenciales a raíz de este tratado. Dentro de Estados Unidos, más del 73% de las granjas comparten apenas el 6.8% del valor de mercado de los productos agropecuarios, mientras que el 7.2% de los productores agrícolas reciben el 72.1% del valor de mercado de los productos vendidos. En México, un aumento de más del 200% en las importaciones de maíz ha generado trastornos masivos para los productores rurales. Las mujeres de la zona de maquiladoras en México sufren discriminación y violencia, y las mujeres estadounidenses se ven afectadas de manera desproporcionada por los despidos relacionados con el comercio.

En otras áreas, las disposiciones del ALCA son similares a las políticas de liberalización que han causado estragos económicos en las economías latinoamericanas, como lo demuestran los recientes revuelos en Argentina y Venezuela. El ALCA amenaza también con repetir el fracaso documentado de la privatización y desregulación de los servicios. A través de las políticas de ajuste estructural impuestas al mundo en desarrollo y las políticas de desregulación dirigidas por las corporaciones dentro de Estados Unidos, hemos visto una y otra vez que el menoscabo de la responsabilidad derivado de la apertura y la privatización de los servicios esenciales da como resultado una peligrosa pérdida en acceso y control de calidad.

Si el ALCA continúa siguiendo la misma dirección, no hará sino repetir y agravar las fallas del modelo económico liberal, lo que planteará una grave amenaza a la seguridad y la estabilidad globales.

• Una política comercial sólida debe respetar los derechos y obligaciones de los países que se establecen en acuerdos multilaterales en materia ambiental, laboral y de derechos humanos.

Las disposiciones con respecto a la inversión del TLCAN, por el contrario, han permitido que las corporaciones pongan en entredicho las políticas adoptadas como parte de los esfuerzos por cumplir con protocolos ambientales internacionales, como el Convenio de Basilea sobre la exportación de desechos peligrosos. El ALCA propuesto permitiría igualmente que las corporaciones pusieran en entredicho los esfuerzos emprendidos para cumplir importantes acuerdos internacionales.

• Todos los acuerdos comerciales deben incluir protecciones para los derechos laborales y el medio ambiente que se puedan hacer cumplir, incluyendo la adhesión a normas laborales medulares establecidas por la Organización Internacional del Trabajo: la libertad de asociación, el derecho de organizarse y negociar colectivamente, una edad mínima para el empleo de menores y la prohibición del trabajo forzado y la discriminación en el trabajo. Las políticas comerciales también deben incluir la obligación de no derogar las leyes laborales y ambientales nacionales existentes.

A pesar de cientos de páginas de protecciones para las empresas, el ALCA propuesto no incluye ni un solo renglón de protecciones laborales o ambientales eficaces. El máximo alcance del texto sobre cualquiera de estos temas es una cláusula que resulta imposible hacer cumplir en la que se establece que cada una de las Partes “se esforzará por asegurarse” de mantener las leyes laborales y ambientales nacionales existentes. Tal como se ha propuesto, en contraste con los derechos que otorga a los inversionistas multinacionales para presentar demandas judiciales contra normas gubernamentales, el ALCA no incluye ningún mecanismo para que los ciudadanos y ONG interpongan quejas formales por abusos laborales y ambientales.

Asimismo, el ALCA propone nuevos compromisos para el ingreso temporal de trabajadores. No solamente este tema no pertenece al ámbito de los acuerdos comerciales internacionales, sino que la actual propuesta para el ingreso temporal no incluye la protección adecuada para los trabajadores migrantes y residentes ni mecanismos que aseguren que los programas de ingreso temporal no se utilicen para promover talleres móviles en que se labore en condiciones de explotación.

El TLCAN ha resultado desastroso para el medio ambiente en las regiones fronterizas por el traslado masivo de fábricas a las áreas con normas de protección ambiental endebles. La propia Comisión para la Cooperación Ambiental del TLCAN ha identificado vínculos entre este acuerdo y niveles mayores de contaminación de aire y agua, nuevas y crecientes vías para las especies invasivas que dañan la agricultura y el medio ambiente y un aumento en el comercio transfronterizo de desechos y materiales peligrosos. El ALCA, con su falta de protecciones ambientales, continuaría con esta degradación ambiental.

Inversión

• Las disposiciones sobre inversión no deben facultar a los inversionistas para interponer demandas judiciales contra normas o políticas nacionales dirigidas a la protección del interés público. Una política de inversión sólida debe permitir a los gobiernos reglamentar a las corporaciones en interés de los objetivos económicos, ambientales, sociales y de salud pública.

El ALCA propuesto, por el contrario, amplía la caja de Pandora de demandas de inversionistas contra gobiernos en tribunales cerrados y sin obligación de rendir cuentas. Estos derechos especiales para los inversionistas extranjeros superan con mucho los que otorga la constitución estadounidense a corporaciones extranjeras o nacionales, pues permite la compensación por pérdidas de ganancias potenciales y percibidas en lugar de solamente las pérdidas de propiedades tangibles derivadas de reglamentos gubernamentales que se determinen discriminatorios. Entre los casos que se han presentado con base en el Capítulo 11 del TLCAN se incluye una demanda en la que se falló en favor de una compañía estadounidense, Metalclad, contra la negativa de un estado mexicano de otorgar a esa empresa un permiso para establecer un confinamiento de desechos tóxicos en una zona ecológicamente delicada. Otra demanda es la interpuesta por una empresa canadiense, Methanex, respecto a una ley estatal estadounidense que prohibe un contaminante ambiental que Methanex produce. El impacto de estas disposiciones respecto a demandas judiciales de inversionistas contra estados va mucho más allá de los casos específicos interpuestos, pues tienen un efecto aterrador para la reglamentación futura en interés público.

• Una política comercial sólida debe incluir disposiciones especiales respecto a servicios públicos esenciales, como programas de prestaciones públicas, salud, educación, agua, servicios sanitarios y servicios públicos.

La supuesta exclusión de los servicios públicos del ALCA propuesto en realidad sólo se refiere a los “servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales”, que se definen como aquellos que no se suministran en condiciones comerciales ni en competencia con uno o más proveedores de servicios. Esta definición tan limitada no incluye los servicios prestados por el gobierno conjuntamente con proveedores privados, ni aquellos que suministra el gobierno con subcontrataciones parciales. Según esta definición limitada, la mayoría de los servicios públicos en Estados Unidos no quedarían excluidos de las reglas sobre servicios del ALCA. La inclusión de los servicios esenciales en las reglas del ALCA conduciría a la desregulación forzada y podría permitir la privatización, con lo que se verían amenazadas la calidad, accesibilidad y disponibilidad de los servicios básicos, incluida nuestra red de seguridad social.

• También debe establecerse una exclusión para aquellos servicios que requieren reglamentación excesiva o con una dimensión inherentemente social, incluido el transporte marítimo, aéreo, terrestre y de otros tipos, los servicios postales, de energía eléctrica, correccionales y de cuidado infantil.

El enfoque propuesto de “lista positiva” del ALCA, en el cual se incluyen todos los sectores y reglamentaciones respecto a servicios excepto los excluidos explícitamente, genera una situación peligrosa en la que se imponen reglas sobre servicios a perpetuidad, incluidos servicios que tal vez todavía no existen o aquellos cuyo impacto pleno no se ha previsto todavía. La desregulación de los servicios de energía, minería y extracción plantea graves amenazas al medio ambiente, y sin embargo no es claro si el ALCA incluiría una excepción para que se adopten medidas de conservación de los recursos naturales limitados o de protección de hábitats.

• Se debe garantizar a todas las Partes del ALCA el derecho de reglamentar a los inversionistas extranjeros en servicios y a otros prestadores de servicios para la protección de la salud y la seguridad públicas, los consumidores, el medio ambiente y los derechos laborales, sin requerir que los gobiernos establezcan sus reglas de tal manera que constituyan la opción menos gravosa para los proveedores extranjeros de servicios.

El ALCA propuesto, empero, prohibe la reglamentación nacional considerada “más gravosa de lo necesario” para los inversionistas. La decisión sobre lo que se considera “necesario” se deja en manos de burócratas comerciales no electos. Aunque el ALCA propuesto incluye una exención para protección de la vida humana, vegetal y animal, esta misma exención en el GATT no ha logrado otorgar a los países la libertad de acción para determinar y proteger eficazmente sus propias prioridades de interés público.

• Una política comercial sólida no debe restringir la capacidad de los gobiernos de garantizar que los productos alimentarios que entran por sus fronteras sean inspeccionados rigurosamente para asegurarse de que cumplan con las normas nacionales de seguridad de los alimentos. Se debe permitir que los gobiernos elaboren y mantengan normas sanitarias y fitosanitarias necesarias para evitar la introducción de patógenos u otras especies potencialmente invasivas que pueden afectar negativamente la agricultura, la salud humana o el medio ambiente. Se debe permitir a los gobiernos promulgar políticas que garanticen el derecho de los consumidores de saber dónde y cómo se producen los productos alimentarios y de otros tipos, incluyendo etiquetas de país de origen, certificación de bosques y alimentos modificados genéticamente.

El ALCA podría limitar los derechos de los gobiernos e incluso de las organizaciones no gubernamentales de adoptar leyes y otros programas diseñados para promover objetivos sociales, incluida la seguridad alimentaria, la protección de bosques y hábitats, la biodiversidad, el desarrollo local y la salud pública, al sujetar este tipo de reglamentación a la prueba de no ser “más gravosa de lo necesario”.

• Una política comercial sólida debe permitir que las naciones establezcan normas de interés público derivadas del principio de precaución.

El principio de precaución es el principio jurídico internacionalmente reconocido que sostiene que cuando existe incertidumbre científica respecto a los posibles efectos negativos de una acción, producto o tecnología, los gobiernos deben actuar de tal manera que se reduzca al mínimo el riesgo de daño a la salud humana y el medio ambiente. No obstante, el ALCA propuesto continúa las políticas del TLCAN y la OMC, que socavan el uso de enfoques reglamentarios que dan prioridad a evitar los riesgos al medio ambiente y la salud pública.

• La política comercial debe preservar el derecho de los gobiernos nacionales, estatales y locales de mantener o establecer políticas de adquisición que promuevan objetivos sociales, como la equidad y el desarrollo local sostenible.

Por el contrario, el ALCA propuesto repetiría la prohibición del TLCAN de incluir criterios denominados “no comerciales” en las decisiones de adquisición del gobierno. Asimismo, se ha propuesto dentro del ALCA que estas prohibiciones se extiendan a las decisiones de compra de los gobiernos estatales, regionales y locales, lo que amenaza las preferencias por adquirir de empresas propiedad de mujeres o minorías, los acuerdos laborales por proyectos, las leyes sobre no adquisición de talleres en que se labora bajo condiciones de explotación, las leyes sobre salarios justos, las leyes para adquirir productos locales y otras más.

• Una política comercial sólida debe permitir que los gobiernos recurran a leyes de defensa comercial transparentes y eficaces que ofrezcan a trabajadores, empresas y agricultores salvaguardas contra aumentos repentinos en las importaciones, dumping y prácticas comerciales extranjeras desleales.

Por el contrario, el ALCA propone imponer restricciones y prohibiciones estrictas a los procesos de defensa comercial, incluidos los casos de antidumping y derechos compensatorios. Las leyes de defensa comercial son una herramienta importante para proteger a las industrias nacionales contra ataques económicos.

• Una política comercial sólida debe permitir que los gobiernos se aseguren de que los mercados sean competitivos para los agricultores familiares. Al hacerlo, no debe evitar que los países establezcan reservas para alimentos nacionales y globales, administren el abasto, apliquen disciplinas antidumping, aseguren precios justos de mercado o hagan cumplir vigorosamente las leyes antimonopolio.

Es claro que el borrador de texto del ALCA refleja las ambiciones de la agroindustria multinacional de eliminar todos los aranceles agrícolas, a pesar de los obvios e inevitables impactos negativos que tendría este tipo de medida en los agricultores y campesinos del hemisferio, dados los efectos adversos que han experimentado ya los agricultores mexicanos, estadounidenses y canadienses con el TLCAN. Cuando se redujeron los aranceles sobre el maíz con base en el TLCAN, cientos de miles de productores de este grano se vieron forzados a buscar otra forma de subsistencia. El ALCA actualmente no aborda las cuestiones relacionadas con precios y concentración en el ámbito de la agricultura. Esta combinación conducirá a una reducción en los precios de mercado para los productores, una mayor concentración de la comercialización y distribución por parte de los oligopolios existentes y, con ello, el debilitamiento continuo de la seguridad alimentaria nacional, regional y global.

• La difusión regular y rápida de los textos completos de las negociaciones, que incluya la indicación de qué países están proponiendo las diversas opciones.

Aunque vemos con beneplácito la difusión de los textos de las negociaciones durante la Cumbre de las Américas en Quebec en 2000 y de la Reunión Ministerial el año pasado en Ecuador, el hecho de que estos textos se hayan presentado modificados al eliminarse la especificación de los países que apoyan las diversas propuestas anula su utilidad para análisis y comentarios significativos.

• La amplia variedad de grupos que representan a la mayoría de los pobladores del hemisferio, como sindicatos, organizaciones ambientales, organizaciones agrícolas y campesinas, organizaciones defensoras de la salud pública, religiosas y defensoras de los derechos civiles y humanos deben disfrutar por lo menos del mismo acceso a los negociadores comerciales y al proceso de negociación que los grupos que representan intereses comerciales. Los procedimientos para que el público plantee sus comentarios sobre las negociaciones deben incluir audiencias públicas, además de mecanismos para garantizar la divulgación plena a los gobiernos estatales y locales y la posibilidad de participación de los mismos.

Por el contrario, el proceso del ALCA concede un acceso especial privilegiado a los miembros del Foro Empresarial, del cual no disfrutan el Foro Laboral u otros miembros de la sociedad civil. El proceso del ALCA no incluye a los gobiernos estatales y locales en la participación informada, a pesar del hecho de que en estos gobiernos recaerá una gran proporción de los impactos del ALCA.

• Todos los mecanismos de solución de controversias que establezca el ALCA deben ser abiertos y transparentes, e incluir la divulgación pública de los documentos y el acceso a las audiencias. Asimismo, se debe permitir la presentación de declaraciones amicus curiae y se les debe conferir a los gobiernos estatales, regionales y locales la calidad de participantes.

El texto del ALCA propone seguir el modelo del TLCAN de solución de controversias cerrada y antidemocrática.

• Una política comercial sólida debe permitir que los gobiernos adopten medidas para la protección de la salud pública asegurando el acceso a los medicamentos. No debe restringir los derechos de los agricultores de guardar, usar, intercambiar o vender semillas producidas por ellos u otras variedades de semillas disponibles públicamente. Las protecciones de la propiedad intelectual deben permitir el respeto y la protección de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y no deben exigir que se emitan patentes para organismos vivos o sus partes y componentes genéticos.

Por el contrario, el ALCA propuesto limitaría las licencias obligatorias al sector público, con lo que se prohibiría a las compañías fabricar medicamentos más baratos bajo licencias emitidas por el gobierno. El ALCA propuesto también prohibiría la exportación de mercancías de licencia obligatoria, impondría obstáculos para la concesión expedita de licencias obligatorias y exigiría severos castigos, incluso de proceso penal por las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Además, las reglas sobre propiedad intelectual del ALCA propuesto no ofrecen protección contra la exploración de los recursos biológicos con fines comerciales, una cuestión crucial en un área que alberga a más de la mitad de la biodiversidad mundial.

• Una política comercial sólida requiere ayuda y respeto adicionales para la diversidad en los caminos hacia el desarrollo. Debe otorgarse un trato especial y diferenciado a los países en desarrollo con respecto al calendario de aplicación del acuerdo, así como para las inquietudes locales respecto al desarrollo y la salud pública. Asimismo, el alivio de la deuda es esencial para el éxito de la integración económica.

Aunque el texto del ALCA actualmente incluye una disposición respecto al trato especial y diferencial, la redacción es exhortativa e imposible de hacer cumplir en contra de disposiciones opuestas, como las de inversión, derechos de propiedad intelectual y acceso a mercados. El ALCA propuesto elimina también el establecimiento de requisitos de desempeño para la inversión nacional, entre los que se incluyen los controles de capital que han resultado esenciales para el desarrollo económico sostenible en muchos países tanto en el mundo desarrollado como en desarrollo. El ALCA propuesto no aborda la cuestión fundamental del alivio de la deuda y continuaría ampliando las desigualdades entre los países en desarrollo y los países desarrollados y entre ricos y pobres en todos los países.

A pesar del hecho de que gran parte de los comentarios anteriores se han puesto ya a disposición de los negociadores comerciales por nuestras organizaciones miembros y muchas otras, el actual ALCA y el proceso de negociación sigue avanzando por una vía que pone en peligro a los trabajadores, el medio ambiente, la salud pública, el desarrollo sostenible y la democracia. El modelo de libre comercio manejado por las corporaciones ha sufrido una pérdida dramática de credibilidad en años recientes. Si Estados Unidos no demuestra liderazgo en las negociaciones del ALCA para invertir su dirección y buscar las fórmulas políticas sugeridas arriba para el mejoramiento del desarrollo humano y económico, el ALCA enfrentará una fuerte oposición de la sociedad civil en todo el hemisferio, incluida la de la CTC.