Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA

 
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Público
FTAA.soc/civ/92
3 de junio de 2003

Original: inglés
Traducción: Secretaría ALCA

ALCA - COMITÉ DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE
LA SOCIEDAD CIVIL APORTE EN RESPUESTA A LA INVITACION PUBLICA Y CONTINUA


RESUMEN EJECUTIVO

Claudio Lara; Beatriz García Buitrago 
Oficina Regional para América Latina y El Caribe de Consumers International


LOS CONSUMIDORES ANTE LAS NEGOCIACIONES DEL ALCA
Presentación al Comité de la Sociedad Civil del ALCA

En medio de una prolongada crisis económica y la firma de múltiples acuerdos comerciales de tipo bilateral y sub-regional, las negociaciones para alcanzar un acuerdo hemisférico -Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA)- han continuado desarrollándose durante el último tiempo. En noviembre 2002 se publicó el segundo borrador de los nueve capítulos que están siendo negociados. Los avances en la integración económica parecieran imparables.

La Oficina para América Latina y el Caribe de Consumers International, siempre ha manifestado su acuerdo con la integración regional, pero no de cualquiera, sino de una integración cuyo eje sea la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y del conjunto de la población de los países involucrados. La integración debe servir para superar los problemas más urgentes que enfrentan los países de América Latina y el Caribe, y para sentar las bases que posibiliten un desarrollo sustentable y equitativo de la región.

Creemos que para avanzar en este tipo de integración, la puesta en práctica de la democracia, la participación y la transparencia son esenciales. Se requiere promover -a nivel nacional e internacional- la instalación de mecanismos efectivos capaces de recoger todas las demandas sociales, única forma de representar los intereses de todos los sectores comprometidos con la integración. Ninguno puede quedar excluido.

 

I.- Sin participación democrática no puede haber integración real

Tales ideas básicas parecieran ser demasiado obvias, dada su simplicidad y el generalizado respaldo con que cuentan en nuestras sociedades. No obstante, hasta ahora ha resultado muy difícil encontrar mecanismos adecuados para incorporar nuestros derechos e inquietudes en los instrumentos formales acordados por los gobiernos en cada uno de los esquemas de integración, incluido el ALCA. A esta falta de participación ciudadana se suma el secretismo de las negociaciones comerciales. El nuevo llamado que hace el Comité de la Sociedad Civil del ALCA para recibir los puntos de vistas de diversas organizaciones tendrá que probar si es un paso decisivo que busca rectificar el déficit democrático que arrastra el ALCA desde sus inicios o es otra vez un mero formalismo.

Terminar con el secreto para promover una real participación

Los consumidores y sus organizaciones han expresado en forma reiterada el deseo de ser parte activa de los procesos de integración regional. En distintas oportunidades han planteado su inquietud por la dificultad de encontrar mecanismos adecuados para que sus preocupaciones sean incorporadas por los gobiernos en cada uno de los esquemas de asociación comercial. En particular, los consumidores han hecho presente la dificultad de elaborar y entregar puntos de vista sobre las negociaciones si ellas son secretas.

El movimiento de consumidores organizado ha señalado en distintos foros internacionales la necesidad de que en el proceso de negociación del ALCA se termine con la secretividad y se incorpore la perspectiva de los consumidores del continente, puesto que los efectos de la negociación recaerán directamente sobre ellos. Esta misma idea fue manifestada en forma escrita en marzo de 1999 al Comité de la Sociedad Civil del ALCA.

Desde entonces, dado el secreto imperante, se desconocía si nuestros puntos de vista habían sido incorporados o no. Después de más de dos años, con la publicación de los borradores de la negociación, el movimiento de consumidores de la región ha podido constatar que ninguna de sus propuestas fue tomada en cuenta. Peor aún, con la publicación de los borradores mencionados quedó también en evidencia que los negociadores del ALCA avanzaban en sus tareas sin considerar, con la rigurosidad requerida, la historia reciente de liberalización de los mercados en el continente y sus dramáticas consecuencias sobre la gran mayoría de los consumidores.

Asimismo, los borradores muestran con claridad que los negociadores confunden los procesos de integración regional con el establecimiento de zonas de libre comercio, preocupadas casi exclusivamente de ofrecer todo tipo de facilidades y garantías a los inversionistas privados, así como a promover sus derechos a la libre movilidad y al trato nacional. Al movimiento de consumidores de la región y a la Oficina para América Latina y el Caribe les preocupa profundamente que los intereses de los consumidores permanezcan ausentes y, aparentemente, sin derechos. Sólo se les menciona cuando se destacan los posibles beneficios teóricos de la liberalización económica. En consecuencia, los consumidores y sus organizaciones no podrían apoyar un acuerdo de integración parcial como el ALCA, donde no existen mecanismos directos de participación ni se contempla la protección de los consumidores. Es condición necesaria que todo acuerdo considere:

  • La formación de un grupo de trabajo, cuyo objetivo general será garantizar que los intereses de los consumidores sean contemplados y que los beneficios del proceso de integración alcancen a todos los consumidores.

  • Avanzar hacia el establecimiento de una cobertura jurídica e institucional a nivel nacional y hemisférico que promueva y proteja los derechos de los consumidores.

  • Promover y garantizar la protección de los consumidores en todas las áreas de negociación del acuerdo.

Lamentablemente, el ALCA y su Comité de la Sociedad Civil no han hecho muchos esfuerzos para establecer mecanismos directos de participación que recojan las diversas demandas sociales. Hasta ahora, en el ámbito regional solo se ha creado el Foro Empresarial del ALCA, pero no ha sido posible instalar el Foro Sindical o un Foro Consultivo Económico y Social o un Foro de los Consumidores. En verdad, en el ALCA el tema de los consumidores es todavía una asignatura pendiente. No sólo eso, es también una asignatura obligatoria, cuya urgencia deriva no sólo del fuerte impacto que ha tenido la crisis sobre ellos, sino además porque los consumidores son un componente decisivo del mercado. Lo que demandan los consumidores es tanto la necesidad de su participación en el proceso de integración de los mercados como su presencia en el diseño del mismo. Se trata, por tanto, de terminar con la exclusión que sufren decenas de millones de consumidores pobres en mercados de bienes y servicios básicos y de cómo canalizar constructivamente los deseos de participación de los consumidores y de los diferentes grupos de la sociedad.

El tipo de integración que buscan los consumidores

A la luz de la grave y prolongada crisis que sufre el continente, las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil, así como los propios gobiernos, deben repensar críticamente no sólo la liberalización económica indiscriminada que ha prevalecido hasta ahora, sino también, y especialmente, las actuales negociaciones para lograr nuevos acuerdos de libre comercio como el ALCA. La impresión compartida universalmente es que, si no se adoptan medidas urgentes y eficaces, América Latina y el mundo continuarán deslizándose hacia una recesión de grandes proporciones y a la espera de una oleada de proteccionismo. El peligro de refugiarse en el proteccionismo, tal como ocurrió durante la crisis de 1930, es cada día más evidente, sobretodo en los Estados Unidos. La explosión de diversas crisis puede hacer peligrar el futuro de nuestras sociedades, como ya está sucediendo en Argentina y en otros países de la región. La integración genuina entre nuestros pueblos aparece como un camino necesario y urgente a seguir.

Para los consumidores y sus organizaciones, una integración verdadera supone el restablecimiento del control político sobre el mercado y la economía. El único propósito de dicho control es la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y de toda la población involucrada. Ello implica repensar no sólo al Estado, sino también buscar formas de enfrentar de manera prioritaria la satisfacción de las necesidades básicas de todos los consumidores, el término definitivo de la pobreza y la asfixia de la deuda externa. Los gobiernos de la región deberían concentrar sus esfuerzos y recursos en resolver urgentemente estos dramáticos problemas antes de proseguir con sus costosas negociaciones en el ALCA.

Al mismo tiempo, una verdadera integración debe contribuir a reducir la vulnerabilidad externa de los países, diseñando instrumentos e instituciones apropiadas para gobernar no sólo los flujos financieros y monetarios, sino también el financiamiento para el desarrollo. La nueva integración debe reconocer las asimetrías existentes entre los países, dándole un verdadero trato especial y diferenciado. Los acuerdos sobre acceso a mercados, inversión, competencia, servicios y otros, deben subordinarse a una estrategia de desarrollo sustentable que supere el economicismo mercantil predominante. Una real integración debería reducir la vulnerabilidad de los consumidores, especialmente de los más pobres, avanzando hacia el establecimiento de una cobertura jurídica e institucional a nivel nacional y regional que promueva y proteja sus derechos.

Por último, una integración plena no puede avanzar por caminos nacionales o regionales que no sean democráticos y transparentes. El costo de no hacerlo es cada vez más alto e implica una integración trunca e ilegítima. Es necesario generar un debate amplio que se base en el análisis de las diferentes alternativas de integración y que considere los diversos intereses en juego en las sociedades de todo el continente; entre ellos, el de los consumidores.

 

II.- Propuestas específicas

El segundo borrador del ALCA incorpora los avances alcanzados por los nueve grupos de negociación. Aunque el borrador se encuentra con “corchetes” en casi su totalidad (señalando áreas donde todavía no hay consenso), al igual que el primero, es evidente el intento por lograr una zona hemisférica de libre comercio a través de una mayor liberalización y mercantilización de sus sociedades. Para ello, las negociaciones pretenden ir mucho más lejos que los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), introduciendo varias disposiciones del TLCAN (acuerdo de libre comercio suscrito por Estados Unidos, Canadá y México en 1994) y la disciplina financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI) a todo el continente americano. No obstante, en áreas vitales para las economías latinoamericanas, como la agricultura, las negociaciones no avanzan mucho dado la persistencia de políticas proteccionistas en ciertos países, especialmente en los Estados Unidos.

El dilema de los países pequeños

Como resultado de las más recientes negociaciones económicas internacionales, los mecanismos tradicionales de trato especial y diferenciado diseñados para los países pequeños y de menor desarrollo se han visto profundamente debilitados. En el caso del ALCA, la Declaración de San José (marzo de 1998) toma en cuenta “las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías de nuestro hemisferio”, con el fin de lograr “la plena participación de las economías más pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo”. Más allá de estas intenciones, debería tenerse presente tanto la propia experiencia regional como los riesgos y beneficios que conlleva la integración entre países desiguales en tamaño y desarrollo.

En relación a lo primero, es sabido que distintos esquemas de integración han contado con mecanismos de apoyo a los países de menor desarrollo relativo. La ineficacia mostrada por esos mecanismos ha obedecido a que en esencia eran simples modalidades de participación en el libre comercio (plazos mayores de desgravación o acceso preferencial a los mercados de otros socios). Tales facilidades no pudieron aprovecharse pues este tipo de países, unos más que otros, carecían de capacidad productiva y sobretodo de capital para beneficiarse de esos nichos de comercio.

Asimismo, el énfasis puesto en el pasado en el libre comercio con reciprocidad dio origen a tensiones y crisis dentro de los acuerdos de integración debido a la inequitativa distribución de los beneficios de tales acuerdos. Los efectos de la implementación de los acuerdos de la OMC son una clara ilustración al respecto. A la luz de esa experiencia, todo acuerdo de integración debería dar prioridad al otorgamiento de concesiones no reciprocas a los países pequeños y de menor desarrollo.

Con respecto a lo segundo, no cabe duda que los países pequeños y de menor desarrollo aspiran a que el acceso a mercados más amplios en condiciones de libre comercio en el hemisferio pueda viabilizar la creación de nuevas ramas de producción y la ampliación de las existentes (economías de escala). Del mismo modo, estos países creen que la integración con economías mayores podría producir un flujo mayor de inversiones procedentes de dichas economías, una creciente incorporación de tecnología, un mejoramiento sustancial de la infraestructura económica y un estímulo a la modernización institucional, entre otros aspectos.

Sin embargo, no se puede desconocer que las economías mayores del hemisferio, Estados Unidos, Canadá, Brasil y México ante todo, tienden a desbordar su espacio a fin de redimensionar su capacidad productiva, mejorar sus posiciones en el escenario de la competencia en el mercado mundial y, junto a lo anterior, redimensionar su proyección política internacional. De otra manera no se explicaría el interés de Estados Unidos de integrarse con América Latina. La cuestión a considerar entonces es que en esta asociación de desiguales en el ALCA puede sesgar los acuerdos en favor de los países de mayor capacidad económica, a menos que se incluya disposiciones compensatorias de las desigualdades, no porque se espere que estas desaparecerán con la integración sino porque dentro de la desigualdad caben distintos grados de satisfacción y de niveles de beneficios.

Liberalización de la agricultura y seguridad alimentaria

Todos los acuerdos existentes -OMC, TLCAN, etc.- consideran a la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca de los países en desarrollo, como una simple producción de mercancías que deben ser liberalizadas. En esta misma perspectiva, el borrador del capítulo de agricultura del ALCA apunta a una mayor liberalización del comercio agropecuario. En específico, busca eliminar progresivamente las tarifas agrícolas, las barreras no arancelarias y los subsidios a la exportación así como garantizar que los niveles de seguridad alimentaria no sean restricciones disfrazadas dentro del comercio.

La mayor liberalización propuesta tendría importantes consecuencias para todo el hemisferio, aunque impactará de manera diferente a los países, dependiendo si son importadores o exportadores netos de productos alimentarios. Esto también implica diferentes posturas de parte de los gobiernos, donde los exportadores netos promueven una liberalización amplia, mientras que Estados Unidos y Canadá buscan acceder a los mercados del Sur sin levantar las medidas de protección y ayuda dentro de sus mercados. A su vez, no cabe duda que, dependiendo del grado de apertura, el mayor impacto negativo de la liberalización recaerá sobre los pequeños productores rurales y los campesinos.

Por otra parte, el nuevo borrador no incorpora el establecimiento de mecanismos adecuados para evitar el dumping, ni controlar el papel concentrador de las empresas transnacionales. En lugar de promover un fortalecimiento del principio precautorio, lo debilita aún más. Tampoco se proponen mecanismos que permitan lograr una suficiencia y soberanía alimentaria, y el borrador se concentra en evitar que los programas de ayuda en alimentos no distorsionen el comercio internacional. Menos todavía se incorporan mecanismos adecuados para atender las consecuencias sociales y ambientales del comercio agrícola.

Para las organizaciones de consumidores, cualquier acuerdo de integración debe considerar la prioridad a la alimentación de toda la población de una región o país determinado, y no a las exportaciones o importaciones exageradas. La seguridad alimentaria y la sustentabilidad rural sólo pueden existir cuando un país es capaz de satisfacer una parte significativa de su propia necesidad alimentaria sin abusar de sus tierras, sus ecosistemas marítimos o sus productores. La seguridad alimentaria debe ser garantizada por los Estados y los gobiernos deben tener el derecho de proteger o excluir de los acuerdos comerciales alimentos (como el maíz), que forman parte de la dieta básica de la población de muchos países. Asimismo, los gobiernos deben velar para que los pequeños productores no sean excluidos del financiamiento ni atacados por la competencia desleal. Los estándares sanitarios y fitosanitarios tienen que garantizar una alta calidad y seguridad de los alimentos a los consumidores. Se apoya a los productores orgánicos y la verificación de los impactos sobre la salud y la biodiversidad de los productos transgénicos antes de lanzarlos al mercado.

La Importancia de las Políticas de Competencia

Aunque algunos países hayan adoptado legislaciones relativas a la competencia en décadas anteriores, la preocupación generalizada por las políticas de competencia es relativamente nueva en América Latina y el Caribe. La progresiva eliminación de la protección arancelaria y no arancelaria dejó en descubierto las barreras impuestas por empresas privadas y públicas. Por consiguiente, ha habido un creciente interés por definir leyes e instituciones que controlan el comportamiento anti-competitivo de las empresas, para evitar que los mercados perjudiquen a los consumidores. Este interés debería ser mucho mayor una vez considerada la expansión de los carteles internacionales y el boom de fusiones y adquisiciones -muchas de ellas de carácter transfronterizo- que vive la región en la actualidad.

El ALCA es uno de los primeros acuerdos importantes de libre comercio que incorpora el tema de competencia, pero lo hace para asignarle a la competencia de mercado un valor supremo y reducir aún más la intervención del Estado en la economía. Uno de los blancos del capítulo son las empresas públicas; si bien no prohíbe su existencia, las somete a la lógica de mercado, las desnaturaliza ya que las hace operar como si fueran privadas, con la única diferencia de que el dueño es el Estado. Otro de los objetivos del capítulo de competencia es posibilitar a las empresas transnacionales un mayor acceso a los mercados de otros países.

Para las organizaciones de consumidores la competencia no es el valor supremo, la economía y el mercado deben ser regulados en función del bienestar de los consumidores y de las necesidades del conjunto del país. Más específicamente, ello supone:

  • avanzar en la adopción de la legislación pertinente en los países que presentan retraso al respecto.
     

  • ese avance debe ser acompañado por la creación de un organismo independiente con la autoridad y credibilidad necesaria para su efectiva implementación. Esto también es válido para aquellos países que ya cuentan con los organismos correspondientes pero cuyo papel es meramente consultivo u orientador.
     

  • la armonización de las prácticas y de la jurisprudencia en materia de competencia en el marco del acuerdo de integración en cuestión.

Desde el punto de vista del desarrollo nacional y del buen funcionamiento de la economía regional, la importancia del tema de competencia, dado su carácter “transversal”, radica en su vinculación tanto con las políticas industriales y comerciales como con el tratamiento de la inversión extranjera y la propiedad intelectual.

Los aspectos de la competencia internacional que interesan a los países en desarrollo de la región (por ejemplo, la competencia en el acceso al financiamiento y a la tecnología) deberían ser tratados con el mismo énfasis que colocan los inversionistas extranjeros en el vínculo comercio-competencia. En especial, los países de la región deberían promover la discusión sobre si la protección de la propiedad intelectual es libre competencia. ¿Hasta qué punto se puede hablar de libre competencia internacional en materia de acceso y uso de la ciencia y tecnología en los procesos productivos? Dicho en otros términos: ¿Es válido plantear la competencia en la economía internacional si el uso del conocimiento y de los avances tecnológicos están protegidos y no son accesibles para los países en desarrollo en condiciones de igualdad? Hay que plantearse en los procesos de integración una nueva aproximación al tema de la propiedad intelectual.

En definitiva, pareciera ser que las leyes y las políticas efectivas sobre competencia, enraizadas en las condiciones locales, son pre-condiciones para que los países y los consumidores puedan beneficiarse de la integración de los mercados y de la apertura comercial.

Los Servicios y los Consumidores

Los servicios fueron incorporados por primera vez a un acuerdo multilateral de comercio en 1994 como resultado de las negociaciones de la Ronda de Uruguay del GATT: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Varias negociaciones bilaterales o regionales se han iniciado desde entonces para profundizar la liberalización de este sector, específicamente en el ALCA. En rigor, la estructura de negociación del ALCA es similar a la del GATS, pero se quiere ir más allá de ese acuerdo (y del TLCAN), sobretodo en lo que se refiere a la forma de liberalizar los servicios.

Según los consumidores y sus organizaciones, las negociaciones para lograr cualquier acuerdo de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos presentan características de monopolio natural o de bienes públicos. Además, muchos de los servicios están relacionados a la identidad cultural de un país o a la seguridad nacional o a la cohesión política y social de él. En consecuencia, las normas que deben regular la prestación de los servicios no pueden ser las mismas que se aplican a los bienes.

Asimismo, dadas esas características de los servicios, cualquier negociación sobre este sector debe hacerse desde una perspectiva amplia e integral que incluya los intereses nacionales y de los consumidores, junto a políticas vinculantes como las relativas a inversión extranjera, competencia o propiedad intelectual, entre otras. Dicho en otros términos, el destino de los servicios no puede entregarse al mercado ni a una política determinada desde una perspectiva estrecha de asignación eficiente de los recursos.

Por su parte, es esencial que los Estados nacionales asuman la responsabilidad de garantizar a toda la población el suministro de servicios básicos y de utilidad pública y, por ende, deben comprometerse a alcanzar objetivos regulatorios legítimos en el campo de las políticas públicas, tales como la fijación de precios justos, la protección al consumidor y el acceso universal a los servicios esenciales.

Crisis Financiera y Regulación

Hay consenso creciente de que se deben encontrar nuevas medidas para minimizar los riesgos de que ocurran crisis recurrentes y costosas para los consumidores. El reto fundamental para el manejo de la vulnerabilidad externa es diseñar instrumentos e instituciones apropiadas para gobernar los flujos financieros y monetarios no sólo en el ámbito nacional, sino que también en los ámbitos regional y global. En esa tarea, un verdadero acuerdo de integración puede hacer una importante contribución.

A nivel nacional es posible introducir medidas para desincentivar el ingreso excesivo de capitales de corto plazo, como ha sido el caso del encaje en Chile.

b) En lo que se refiere a las instituciones financieras nacionales, se precisa el fortalecimiento de organismos de supervisión prudencial y normas anticíclicas.

c) Monitoreo regular de los flujos de capital en los niveles nacional, regional y global.

d) Ampliación importante de los recursos del Fondo Monetario Internacional, para que pueda jugar efectivamente su papel de proveer liquidez oficial y así reducir los efectos dañinos de crisis cambiarias y financieras grandes.

e) Evitar que dicha provisión de liquidez oficial lleve a un problema de “riesgo moral”; es decir, que los inversionistas y prestamistas privados internacionales asuman riesgos excesivos, sabiendo que serán rescatados si la situación se vuelve crítica.

Al mismo tiempo es importante mejorar la supervisión internacional, para adaptarla a las nuevas circunstancias de nuevos flujos grandes y volátiles. Tres temas son prioritarios.

f) Primero, es esencial un mejoramiento de la supervisión y regulación, ya existente en los países desarrollados, de créditos internacionales de corto plazo.

g) Segundo, es necesaria cierta regulación prudencial sobre las inversiones de cartera de los inversionistas institucionales, como los fondos mutuos y fondos previsionales.

h) Por último, uno de los vacíos regulatorios más claros es el relativo a los “hedge funds”, cuyas actividades son particularmente desestabilizadoras por el elevado nivel de apalancamiento que tienen. Es necesario evaluar opciones para regularlos, ya sea directamente (como el llamado Tobin Tax) o a través de una mejor regulación de préstamos bancarios a dichos fondos.

No está demás señalar que cualquier esfuerzo hemisférico que se realice para perfeccionar la gobernabilidad de los flujos financieros y monetarios, pero que no tome en cuenta el tema de financiamiento para el desarrollo y que esté limitado a lidiar con la volatilidad del capital, puede considerarse ineficiente a priori.

La solución de controversias y sus limitantes

Al igual que otros acuerdos comerciales, el ALCA debe establecer un mecanismo para la solución de disputas comerciales entre sus miembros. Desde una perspectiva económica, un sólido sistema de solución de controversias es sin dudas la base de una relación económica más cooperativa y transparente en el hemisferio. Este tema también tiene importantes implicancias políticas, ya que permite a los estados medianos y pequeños defenderse contra las medidas unilaterales de los países mayores.

Teniendo en cuenta que los mecanismos para la solución de controversias entran en dos categorías generales, las que forman parte de las leyes nacionales de un país (siendo las principales las leyes de “alivio comercial” y los estatutos de “reciprocidad”) o los que resultan de los acuerdos de integración (los cuales generalmente estipulan que las controversias sean referidas a determinados paneles), una de las metas de un verdadero acuerdo de integración debería ser el revisar las reglas que sirven como alternativas a la acción unilateral de parte de los Estados Unidos. Ello debido a que las leyes estadounidenses de alivio comercial y reciprocidad han sido una fuente permanente de fricción en las relaciones comerciales interamericanas. Muestra de ello es la imposición en las últimas décadas de 101 sanciones de antidumping y de medidas compensatorias en contra de los países de la región, 50 de las cuales aún estaban vigentes a comienzos de 1998.

Una de las alternativas a la aplicación unilateral de las leyes estadounidenses como medio principal para resolver las controversias comerciales, es el establecimiento de una “excención incondicional”. Esta opción ya tiene un precedente en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile negociado en 1996, el cual contempla la eliminación gradual en seis años de la aplicación de la ley antidumping entre ambos países.

Otra opción, no necesariamente contradictoria con la anterior, es la creación de un proceso de paneles de revisión, los cuales podrían ser diseñados conforme a criterios de equidad y transparencia.

Además, las negociaciones para una verdadera integración deben decidir cuál será la relación entre el Convenio para la Solución de Controversias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las correspondientes disposiciones del acuerdo en cuestión. Ante ello, los países partícipes del acuerdo deberían evitar la “desviación de controversias” hacia Ginebra (OMC) y aprovechar la oportunidad de diseñar una solución verdaderamente regional (hemisférica) a los problemas regionales (hemisféricos). Pero debe quedar claro que estos problemas son entre empresas, ya que las diferencias son entre empresas. Las interrogantes que surgen son: ¿Qué ocurre cuando se plantean diferencias entre empresas y consumidores? ¿Quién soluciona estas diferencias?. De allí la relevancia de las políticas y leyes de protección al consumidor en el plano continental.

 

III.- Temas ausentes y desafíos inmediatos

Dado el carácter mercantil y librecambista de la actual propuesta del ALCA, además de los consumidores, no debe extrañar la ausencia de temas igual de relevantes para el desarrollo de la comunidad nacional, como el trabajo, medio ambiente; derechos humanos y género. Esto es así, porque todas las temáticas que se negocian en el ALCA, tendrán un impacto sustantivo sobre las dimensiones ausentes. Asegurar un nivel de integración con arreglo a consideraciones básicas de los derechos civiles y de los consumidores y respeto por el medio ambiente, permitiría construir una sociedad políticamente viable y ambientalmente sustentable. Sin embargo, en el borrador del ALCA, estas dimensiones parecen ser evaluadas como obstáculos para el comercio y como trabas para la inversión privada.

Con tales criterios, se corre el serio riesgo de considerar los aspectos valóricos básicos de la humanidad y ciertos derechos como una mera variable de ajuste de los costos de producción que habría que eludir. De esta forma, se terminaría -como ya se está haciendo- por hipotecar la gobernabilidad de la sociedad y se podría llegar rápidamente a una barbarie competitiva que deshumanizara las relaciones sociales.

Con la crisis actual, las consecuencias negativas de la liberalización extrema y unilateral del mercado saltan a la vista. Ante la imposición de la realidad, no basta con reconocer las insuficiencias y los errores de política, sino además hay que enmendarlos. Esto es también cierto para el caso de los acuerdos comerciales. ¿Quién puede apoyar propuestas excluyentes, secretas y no transparentes?. Es hora que los gobiernos cambien radicalmente sus prácticas negociadoras, especialmente en el ALCA.

 

Oficina para América Latina y el Caribe de Consumers International

Santiago de Chile, 30 de abril de 2003.
 

 
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