Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA

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Confidencialidad Anulada
FTAA.TNC/inf/123
16 de febrero de 2004

Original: español

ALCA - COMITE DE NEGOCIACIONES COMERCIALES
 

VENEZUELA


MEMORANDUM

 
De: Víctor Álvarez, Viceministro de Industria, Jefe de la Delegación de la República Bolivariana de Venezuela al Comité de Negociaciones Comerciales
Para: Delegaciones de los países que participan en el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA
Asunto: Venezuela ante las negociaciones del ALCA
Fecha: San Salvador, 8-11 de julio de 2003

En esta XIV reunión del CNC, tengo la responsabilidad de dirigirme a ustedes en la oportunidad de comunicar las más recientes preocupaciones del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en relación con el estado actual de las negociaciones del ALCA.

Como ya lo planteamos en la pasada Reunión del CNC en Puebla, en Venezuela hay una creciente preocupación y conciencia sobre los potenciales efectos del ALCA en los ámbitos económico, político, ambiental, cultural, laboral y de derechos humanos.

En el caso de Venezuela, cualquiera sea el acuerdo al que finalmente se llegue, el mismo debe ser validado por la voluntad democrática de nuestro pueblo a través de un referéndum. La velocidad por culminar las negociaciones del ALCA y de lograr que estos acuerdos entren en vigencia se enfrenta en Venezuela a la exigencia constitucional de realizar un referéndum popular. Mientras más cortos son los plazos, y mientras más son los foros de negociaciones paralelas, son menores las posibilidades de que nuestro gobiernos pueda diseñar y ejecutar las políticas y estrategias para responder en forma adecuada a la amplia gama de asuntos que se están negociando simultáneamente. Mientras más acelerados son los procesos de negociación, menores son las posibilidades de que pueda generase un debate público democrático informado en cada uno de los países sobre las implicaciones de estas negociaciones. Si a esto se agrega el hecho de que la mayor parte de las negociaciones se realizan en secreto, o con información pública limitada y retardada, la mayor parte de estas negociaciones propician una creciente presión en un número cada vez mayor de nuestros países. El intenso ritmo que signa a las negociaciones y los reducidos lapsos a los cuales está emplazado nuestro país en este proceso de negociación se constituyen así en una negación de la posibilidad real de la participación democrática en torno a los asuntos que se negocian.

Sólo mediante un proceso de negociaciones efectivamente transparente al conjunto de la sociedad podremos afirmar que estamos avanzando en la dirección de un proceso de integración que pueda caracterizarse como democrático. Una mayor transparencia, el acceso pleno de las sociedades a toda la información y el debate público sobre las negociaciones del ALCA, necesariamente exigirían otros cronogramas de negociación. Son estos los costos necesarios de la democracia. El acelerado proceso de reuniones y negociaciones que se lleva a cabo en la actualidad y el afán por concluir estas negociaciones a más tardar a finales del año 2004, niega la posibilidad de un proceso transparente como la posibilidad de que sectores sociales y la sociedad en su conjunto sean consultados antes de tomarse decisiones de consecuencias tan profundas como las que estarían implicadas en los actuales borradores del ALCA.

AREA DE LIBRE COMERCIO O AREA LIBRE DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

La integración tradicional se enfoca en la liberalización del comercio y de las inversiones. Poca importancia se le otorga a la libre circulación de las personas y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Para lograr estos objetivos, Venezuela y América Latina necesitan hoy más que nunca centrar sus esfuerzos en el desarrollo humano y en la corrección de las asimetrías y disparidades entre países. Sólo así los tradicionales problemas relacionados con el Trato Especial y Diferenciado a las economías más pequeñas podrán ser superados.

Es hora de trascender los problemas clásicos referidos a la desgravación del arancel, las medidas no arancelarias, las normas técnicas o las medidas sanitarias y fitosanitarias. Tampoco se trata de negociar mayores excepciones en las listas o plazos más largos en la desgravación para que las economías más pequeñas cumplan con la cartilla de la integración tradicional.

Habrá libre comercio cuando seamos capaces de atacar con éxito los obstáculos a la integración desde su raíz. Un área de libre comercio que se traduzca en una mayor calidad de vida y bienestar para nuestra población tiene que incluir en su agenda de asuntos prioritarios los siguientes:
i) el intercambio desigual que prevalece en el marco de un orden económico internacional injusto;

ii) los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la tecnología;
iii) las disparidades y asimetrías entre países;
iv) el peso de una deuda impagable;
v) los impactos de las políticas de ajuste estructural impuestos por los organismos financieros internacionales.
Después de más de una década de Reformas del Estado que se tradujeron en acelerados y profundos procesos de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión pública, en Venezuela y otros países del Hemisferio se plantea la imperiosa necesidad de fortalecer y hacer más eficaz el funcionamiento del Estado para dar respuesta a los múltiples problemas que agobian nuestros pueblos. Sin embargo, en los principales acuerdos de libre comercio que están siendo negociados en el Hemisferio lo que está planteado es constitucionalizar las reformas liberalizadoras que dieron lugar a buena parte de las crisis económicas, políticas y sociales que han puesto en un serio peligro la gobernabilidad al socavar las bases de apoyo social y político de gobiernos democráticamente electos.

Ni hegemonía del Estado ni fundamentalismo de mercado son las alternativas en las que Venezuela puede encontrar la vía para el desarrollo económico y social. Más bien, nuestro principio es “tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario”. Desde esta perspectiva creemos que la armonización entre el papel del estado y la dinámica del mercado son asuntos que deben ser decididos en cada contexto concreto, de acuerdo a las condiciones particulares y según la voluntad democrática de los ciudadanos. Ningún acuerdo de integración puede pretender resolver esta tensión de una sola vez a favor del estado o a favor del mercado. La experiencia sufrida por muchos países al imponer intentos de desarrollo centrados en la hegemonía del estado o del mercado demostraron que esta no es la mejor forma de garantizar ni una eficiente asignación de recursos ni mucho menos el máximo de bienestar colectivo.

No se trata entonces de limitar la acción reguladora de los Estados para allanar el camino de la liberalización económica a través de la adopción irreversible de acuerdos internacionales de obligatorio cumplimiento. No basta con liberalizar el comercio y las inversiones para garantizar el avance hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar colectivo. Sin mecanismos expresos dirigidos a lograr una reducción significativa de las disparidades entre las diferentes regiones, países y actividades productivas, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al fortalecimiento de los más fuertes y a un debilitamiento aún mayor de los más débiles.

LA AGRICULTURA: MUCHO MAS QUE UN SECTOR PRODUCTOR DE MERCANCIAS

La exigencia de reducción de las políticas proteccionistas y de los masivos subsidios que otorgan los principales países industrializados no puede convertirse en una exigencia generalizada de liberalización del comercio de productos agrícolas. Para muchos países de América Latina y El Caribe la actividad agrícola es fundamental para la supervivencia de la propia nación. Las condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se vería catastróficamente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es, más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los temas críticos de la seguridad y soberanía alimentarias. Por lo tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier producto.

El Artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela indica: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantiza la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte de los consumidores. La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola”

Por todas estas razones, la situación de las negociaciones sobre la agricultura para el ALCA constituye un objeto más de preocupación de gran trascendencia para Venezuela.

Para el inicio de las negociaciones en 1998, la Declaración Ministerial de San José estableció claramente entre los objetivos de las negociaciones para este importante sector de la producción el de “eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el Hemisferio”, y el de “Identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina”

También se acordó por consenso de los Ministros del ALCA en la misma oportunidad que “Las negociaciones se iniciarán simultáneamente en todas las áreas temáticas. El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones del ALCA se deberán tratar como partes de un compromiso único (single undertaking) que incluya los derechos y obligaciones mutuamente acordados”

Sin embargo, desde el inicio de la negociación de los textos para el proyecto de Tratado, algunos países pusieron de manifiesto su reticencia a negociar para el ALCA los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas y las ayudas internas que distorsionan el comercio y la producción de productos agrícolas, con inclusión de las medidas con efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones.

La insistencia en tal posición, a todas luces contraria a los principios y objetivos pautados para emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos que compartimos y que nos alentaron a participar en la negociación, fue motivo de un gran debate en la última Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya declaración finalmente todos los países reconocieron “la importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo tratamiento integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a generar empleo, reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social”, por lo cual reafirmaron “el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de disciplinas a ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efecto equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas”, señalando en particular “que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la agenda agrícola”

En abril del presente año el planteamiento fue ratificado de manera práctica por este Comité de Negociaciones Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyó al Grupo de Negociación sobre Agricultura “intensificar sus debates sobre todos los temas de su agenda, en particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y a todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efecto equivalente a los subsidios a las exportaciones agrícolas, sin excepción alguna y sin prejuzgar los resultados, al tenor de los mandatos de las declaraciones ministeriales de Buenos Aires y Quito”

Del desarrollo de las reuniones de negociación efectuadas desde noviembre del año pasado, puede deducirse claramente la insistencia en la negativa a comprometerse con la no reintroducción de los subsidios en las exportaciones agrícolas, a trabajar en la regulación de las condiciones para los créditos, garantías de crédito y programas de seguro a las exportaciones agrícolas y a trabajar para la disminución y disciplinamiento de las ayudas internas a la agricultura.

Entre tanto, para la negociación sobre la eliminación de los aranceles agrícolas se han establecido plazos perentorios que nos han obligado a desarrollar un esfuerzo importante para cumplirlos y, aún con las dificultades prácticas derivadas de las diferentes nomenclaturas arancelarias y de la disponibilidad de los datos sobre los equivalentes ad valorem de los aranceles específicos, complejos y compuestos que exhiben algunos países, los hemos cumplido con puntualidad para demostrar nuestra voluntad de negociar la agricultura.

La situación indicada muestra claramente un desbalance de gran magnitud en la negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de persistir el estancamiento en los trascendentales aspectos señalados. No es aceptable un desbalance de tal naturaleza. No es aceptable que la negociación de la agricultura se circunscriba exclusivamente a la eliminación de los aranceles.

En efecto, algunos países destinan decenas de miles de millones de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su agricultura, ocasionando fuertes distorsiones en los precios de los productos agrícolas en los mercados mundiales. Con esos precios, se nos impide o dificulta el acceso efectivo a los mercados de esos países aún con la eliminación de las barreras arancelarias, se compite deslealmente en nuestros propios mercados internos y se haría de modo mucho más efectivo con la eliminación de nuestros aranceles, y se nos quitan mercados en terceros países para los productos agrícolas que pudiéramos de otra forma exportar o hacerlo con mayores beneficios.

Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son instrumentos de política para paliar los efectos perversos de las distorsiones de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con las negociaciones de acceso a los mercados. Parte importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos se concentra en la población que habita en las zonas rurales que subsiste con base en la actividad agrícola o actividades alrededor de la agricultura. Esa población es finalmente la más castigada con el desbalance de partida para la negociación de la agricultura y lo sería más si se excluyen de la negociación los aspectos que más la perjudican.

La seguridad alimentaria de que gozan los países desarrollados de hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo al querer limitar el margen de acción para nuestras políticas, es fruto de medio siglo de políticas de apoyo sistemático a la agricultura con la consiguiente distorsión de los precios en los mercados mundiales. Si aún hoy cesaran tales apoyos, el campo de juego aún permanecería desnivelado: La infraestructura y el aparato productivo y tecnológico establecido y operado en buena parte gracias a los desembolsos de esas políticas todavía nos dejan en desventaja.

Solamente el enorme contraste en el tamaño de las economías que integran el Continente, nos sitúa en desventaja. Mientras el tamaño de nuestros mercados significa muy poco para la expansión de la agricultura de los países desarrollados, solo una pequeña fracción de aumento o desvío de las exportaciones hacia nuestros países significa una conmoción de precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una parte importante de nuestra población.

Si los países desarrollados no quieren eliminar los subsidios y las medidas de efectos equivalentes y no quieren disminuir sustancialmente y disciplinar las ayudas internas por temor a la pérdida de sus mercados en el Mundo, fuera del Continente, y proponen hacerlo solo luego de negociarlo en el ámbito multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para ser equitativos no queda otro camino que también negociar el acceso a los mercados para los productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego que conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las potencias agrícolas de Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios y las medidas de efecto equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de sus ayudas internas, podremos con responsabilidad determinar hasta que punto podremos otorgar mayor acceso a nuestros mercados.

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL1

La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los cuales se expresa más nítidamente la oposición de intereses entre las grandes corporaciones transnacionales y los países pobres del Sur, especialmente las poblaciones campesinas y aborígenes.

Se ha producido una notoria ampliación de lo que se considera como patentable, haciéndose difusa la anterior frontera entre invención (patentable) y descubrimiento (no patentable). Igualmente, como consecuencia de las transformaciones en el campo de la tecnología, en particular de los nuevos desarrollos en la biotecnología, y respondiendo a las exigencias de dicha industria, se ha abierto un nuevo e inmenso campo para la propiedad intelectual: la propiedad intelectual sobre formas de vida.

Estos desplazamientos conceptuales y doctrinarios en torno a la propiedad intelectual han sido acompañados por la creación de nuevos instrumentos jurídicos e institucionales, tanto nacionales como transnacionales, destinados a la protección de la propiedad intelectual.

Apelando a lo que fueron denominados “asuntos relacionados con el comercio”, se estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual que cubre cada uno de sus principales ámbitos, estas negociaciones fueron realizadas en condiciones de extrema asimetría entre los países del Norte y los países del Sur. A pesar de la resistencia inicial por parte de muchos países del Sur, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global de protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir de propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.

En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países industrializados del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de la propiedad intelectual está orientado a acentuar este desbalance. Protege aquello en lo cual los países más fuertes tienen ventajas, mientras que, básicamente, deja sin protección aquello en lo cual los países y pueblos del Sur tiene una indudable ventaja: en la diversidad genética de sus territorios y en el conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.

Antes de las negociaciones de TRIPS más de 50 países no tenían regímenes legales de protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados internos podían ser surtidos por medicamentes genéricos a precios muy inferiores a los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes. De acuerdo al National Working Group on Patent Laws, la comparación de los precios de los medicamentos en la India con países en los cuales existe la protección de patentes farmacéuticas, indica que en éstos los precios son hasta 41 veces más altos. La industria farmacéutica de la India es una industria floreciente de más de 20000 empresas, produce medicamentos de alta calidad accesibles a centenares de millones de personas de bajos niveles de ingreso y desempeña además un papel importante en la generación de empleo. Esto ha comenzado a cambiar en la India y en el resto del mundo en forma acelerada y radical. Los acuerdos TRIPS de la Organización Mundial de Comercio obligan a todos los países -después de un período de gracia para los países “menos desarrollados”- a establecer regímenes de patentes que garanticen la protección estricta de la propiedad intelectual.

Como consecuencia de los derechos monopólicos otorgados por TRIPS, las compañías farmacéuticas pueden eliminar la competencia y cobrar precios más allá de la posibilidad de pago de millones de personas. A partir de diversos estudios se ha calculado que ocurrirán no sólo aumentos significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes, sino igualmente una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la población quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales. El caso de Egipto es ilustrativo: la introducción de patentes en los medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces, comparados con los medicamentos sin patentes. Se tenderá igualmente a la quiebra de medianas y pequeñas empresas farmacéuticas y al incremento en los niveles de monopolización de la actividad por las grandes transnacionales.

En la actualidad 80% de las patentes sobre alimentos modificados genéticamente están en manos de 13 transnacionales, y las 5 compañías agroquímicas más grandes controlan casi todo el mercado global de semillas.

Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas de vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están cambiando aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala global. Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más dependientes de la compra de costosos insumos de las transnacionales.

La “libertad de comercio” impuesta crecientemente por los intereses de estas transnacionales a los campesinos de todo el mundo, está conduciendo hacia una reducción de la variedad genética de muchos de los principales cultivos alimenticios. Esta reducción de la diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de la agricultura, basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del proceso productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo de agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y regenerativa de los sistemas ecológicos.

Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de patentes -basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o recursos de otros.

Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derechos de propiedad intelectual, se trata de unos de los ejes más dinámicos del proceso de concentración del poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza las actuales tendencias hegemónicas de la globalización.

Ante este dramático panorama, Venezuela plantea que las nuevas formas como se estructuran y consolidan los acuerdos en torno al tema de la propiedad intelectual no pueden poner en peligro las condiciones de vida de la mayor parte de la población del planeta; las posibilidades de supervivencia de pueblos y comunidades que en todo el mundo defienden el derecho a otras opciones culturales alternativas a la mercantilización total; así como el derecho de nuestros pueblos de tener acceso a medicamentos y alimentos de calidad y bajos precios.

FONDO PARA LA CORRECCION DE LAS ASIMETRÍAS Y DISPARIDADES

Durante el CNC de Puebla realizado entre el 8 y 11 de abril Venezuela presentó un documento en el que se insiste en la necesidad de discutir la viabilidad y conveniencia de incluir como tema el de los Fondos Compensatorios con el objetivo de reducir de manera significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo entre naciones y entre sectores productivos involucrados, de alguna manera, en las negociaciones del ALCA. Asignándole a dicho mecanismo metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de seguimiento.

Este mecanismo requiere de una definición inicial que permita medir las asimetrías existentes en la región y encuentra el foro de debate en el Grupo Consultivo de Economías más Pequeñas (GCEMP). En este grupo no ha sido alcanzado ningún consenso el cual permita dar inicio a la discusión sobre las asimetrías en el grado de desarrollo de los países, es por ello que Venezuela propone el inicio del debate partiendo de la base que el identificar una definición concreta de economía más pequeña facilitará la concreción de una o varias estrategias para lograr superar los obstáculos generados con las asimetrías existentes.

Venezuela considera que el carácter abarcador de los contenidos del ALCA, en cuanto a tratados comerciales y a la legislaciones nacionales, así como el gran peso de las relaciones económicas hemisféricas en el funcionamiento de la mayoría de las economías involucradas, tanto en lo comercial como en el movimiento de capitales exige considerar indicadores que permitan presentar las mencionadas asimetrías. De esta forma, el tratamiento en el ALCA de las diferencias en los niveles de desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de plantearse –por las razones arriba expuestas– como un asunto de la mayor prioridad, debería incluir:

• La generación de instrumentos dentro del ALCA, a través de los cuales se busque no sólo que los países “en desarrollo” puedan acceder al Área, sino que además y principalmente esos países puedan mejorar sus condiciones productivas y competitivas, atenuándose las disparidades que caracterizan a su funcionamiento económico interno y las grandes distancias que los separan de las grandes economías desarrolladas del Hemisferio.
• Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato especial y diferenciado. Hasta la fecha, en las negociaciones del ALCA si bien se hace referencia reiteradamente a las diferencias en “los niveles de desarrollo y el tamaño”, el concepto que se utiliza para identificar a los destinatarios de dicho trato es el de “Economías más pequeñas”, el cual remite a la dimensión económica de los participantes, sin que estén definidos los criterios que se utilizarán al respecto.
• Una identificación de trato especial y diferenciado no sólo hacia la totalidad de cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada una de ellas, de tal manera que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y sectores que más lo necesitan. De esa manera los recursos que se canalicen para atender a las disparidades se vincularían directamente con los ámbitos intra-nacionales a los que irían dirigidos, asegurando de esta forma mayores niveles de eficiencia y transparencia, así como una reducción de las trabas administrativas asociadas al uso de dichos recursos provenientes de los mencionados mecanismos.

Desde la puesta en marcha de las negociaciones para la creación del ALCA, e incluso durante la fase preparatoria para dichas negociaciones, se ha venido reiterando por los distintos órganos y niveles de negociación la necesidad de atender a las disparidades que caracterizan al grupo de países participantes.

En tal sentido, en la Declaración Ministerial de Buenos Aires de 2001, se planteó que: “Reafirmamos nuestro compromiso, plasmado en anteriores Declaraciones Ministeriales, de tomar en cuenta, al diseñar el ALCA, las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías de nuestro Hemisferio, para crear oportunidades para la plena participación de las economías más pequeñas y aumentar su nivel de desarrollo. Reconocemos las amplias diferencias existentes en el nivel de desarrollo y en el tamaño de las economías en nuestro Hemisferio y tendremos presente dichas diferencias en nuestras negociaciones para asegurar que reciban el tratamiento que éstas requieren, de manera que se garantice la plena participación de todos los miembros en la construcción y los beneficios del ALCA.”2. Y, en la misma Declaración Ministerial, a continuación se agrega: “Reiteramos la importancia que tiene la cooperación para permitir un fortalecimiento de la capacidad productiva y de la competitividad de esas economías...”3 .

Así también, la Declaración de la siguiente Reunión Ministerial (Quito, noviembre de 2002) reafirma que: “Consideramos que el establecimiento del ALCA, mediante la expansión de los flujos comerciales, la liberalización del comercio y la inversión en el Hemisferio, contribuirá al crecimiento, generación de empleos, aumento en el nivel de vida, mayores oportunidades y la reducción de la pobreza en el Hemisferio. Para que ello sea posible la conformación del ALCA deberá promover la aplicación de políticas orientadas al desarrollo económico, fomentando la generación de empleo y la operación efectiva del mercado laboral en el Hemisferio.” 4

Ese escenario de grandes disparidades entre los países y en el interior de muchos de ellos, plantea el mayor de los retos al ALCA y obliga a que la atención de dichas disparidades ocupe un lugar predominante en el debate entorno a las negociaciones ya que de no ser así el propio funcionamiento del ALCA podría empujar a una profundización todavía mayor de las diferencias que caracterizan al escenario previo al inicio del Acuerdo.
Si bien la instalación en 1998 del Grupo Consultivo sobre Economías más Pequeñas, GCEMP, y la creación en 2002 del Programa de Cooperación Hemisférica, PCH5, son iniciativas que responden a la existencia de profundas desigualdades en el ALCA, es evidente que dichas iniciativas resultan insuficientes para una adecuada atención del problema, empezando por el hecho de que hasta la fecha el tratamiento especial y diferenciado no se hace extensivo a las economías que sin ser de las “más pequeñas” se caracterizan por su escaso grado de desarrollo promedio y/o por existir en su interior regiones o sectores que requieren de apoyos especiales para poder enfrentar con éxito el libre comercio hemisférico que el ALCA traerá consigo.

A la luz de las consideraciones anteriores, se hace imprescindible incorporar en el ALCA la atención a las disparidades nacionales, regionales y sectoriales con una fuerza multiplicada, definiendo propuestas y acciones que vayan mas allá de lo que hasta ahora se ha venido discutiendo, y es en tal sentido que se somete a consideración la creación del Fondo para LA Corrección de las Asimetrías y Disparidades. Más allá de las modalidades específicas bajo las cuales pudiera aprobarse la puesta en marcha de este Fondo, la creación de un mecanismo con los objetivos generales que se han señalado constituye una necesidad insoslayable, para que el ALCA efectivamente contribuya al desarrollo de la producción y la competitividad de los países participantes en función de lograr la mejoría de las condiciones de vida de la mayoría de la población en nuestros países.



Víctor Alvarez R.
Viceministro de Industria
Jefe de la Delegación de Venezuela

 

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1 Una importante contribución para fundamentar las reflexiones de la delegación de Venezuela en materia de propiedad industrial la encontramos en los documentos elaborados por Edgardo Lander: “Los derechos de propiedad intelectual en la geopolítica del saber de la sociedad global” y “Notas sobre los procesos de negociación de acuerdos de libre comercio en América Latina hoy”.

2 ALCA: Sexta Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio. Declaración Ministerial. Buenos Aires, Párrafo 5, Argentina, 7 de abril de 2001.

3 Idem, Párrafo 6.

4 ALCA: Declaración Ministerial de Quito. Séptima Reunión de Ministros de Comercio del Hemisferio, Párrafo 12, Ecuador 1 de noviembre de 2002.

5 Dicho Grupo fue instaurado en la Cuarta Reunión Ministerial de Comercio de Las Américas, llevada a cabo en San José, Costa Rica, el 19 de Marzo de 1998. Según el párrafo 13 de dicha Declaración, sus funciones son: a) seguir el proceso del ALCA, evaluando las inquietudes e intereses de las Economías más Pequeñas; b) elevar a la consideración del Comité de Negociaciones Comerciales los temas de interés para las economías más pequeñas y hacer las recomendaciones para abordar estos temas.

 
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