| Área de Libre Comercio de las Américas - ALCA |
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Público ALCA - COMITÉ DE REPRESENTANTES GUBERNAMENTALES SOBRE LA
PARTICIPACIÓN DE APORTE EN RESPUESTA A LA INVITACION PUBLICA Y CONTINUA
ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE DESARROLLO (ADA) La Asociación de Agencias de Desarrollo (ADA) es una agrupación de organizaciones no gubernamentales de desarrollo que trabajan en Jamaica. Fue constituida en 1985 y opera una Secretaría a tiempo completo desde 1986. La Asociación cuenta con 15 miembros (13 organizaciones y dos individuos). “ADA existe para promover el desarrollo sustentable y el cambio social, creando un marco para el debate, políticas, abogacía, análisis y estudio sistemático de los aspectos globales y macro que crean las capacidades del colectivo de emprender la educación y la investigación para el desarrollo”. ADA integra organizaciones regionales, tales como el Centro Caribeño para el Desarrollo de Políticas (CPDC), con sede en Barbados, y la Red Caribeña para el Desarrollo Rural Integrado (CNIRD), asentada en Trinidad. ADA colabora con los ministerios (por ejemplo: Oficina del Primer Ministro, Educación, Hacienda y Planificación, Relaciones Exteriores y el Instituto de Planificación de Jamaica), así como con otros organismos miembros.ADA colabora con varias ONG internacionales, agencias de las Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales (por ejemplo: Commonwealth Foundation), así como también con las agencias internacionales de asistencia, tales como el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido.
P ara las economías pequeñas y vulnerables del Caribe, el sector de servicios es una de las industrias con más rápido crecimiento en la región, conformando más de 50% del PIB de la mayoría de estos países. La importancia crítica y creciente del sector es propulsada por la eliminación inminente de las tradicionales transacciones preferenciales y no recíprocas, para la mayoría de los principales productos agrícolas de la región, y el restringido acceso al mercado para el grueso de sus textiles y ropa a causa de los instrumentos arancelarios y no arancelarios de los países desarrollados.En tal contexto, estas economías más pequeñas dependen ahora en gran medida del éxito de este sector para contribuir a los objetivos de desarrollo nacional. Así, es evidente que las negociaciones que se llevan a cabo actualmente en la materia son de vital importancia para la continua estabilidad económica de las economías en cuestión. Si bien es justo señalar que muchos de los textos en las negociaciones al respecto están entre corchetes y, por ende, no acordadas, la presencia general de las propuestas contenidas en el actual borrador sugiere la posibilidad de graves implicaciones negativas para la región. Muchas de estas propuestas, de aceptarse, servirían para denegar cualquier beneficio que los países del Caribe puedan obtener de la liberalización en el sector de servicios. En particular, a la Asociación de Agencias de Desarrollo (ADA) le preocupa la naturaleza comprensiva de las propuestas que se plantean. El artículo 1, inciso 1.1 del Ámbito de {Aplicación} establece que: {El presente capítulo se aplicará a todas las medidas adoptadas por las Partes que afecten el comercio en servicios, en todos los sectores y en todos los modos de suministro, incluidos aquellos provenientes de la prestación de servicios comerciales por parte del sector público a nivel nacional, federal, regional o local, así como aquellos que provengan de órganos en el ejercicio de poderes delegados por el gobierno nacional, federal, regional o local”. Esta definición sugiere un amplio ámbito para el acuerdo, el cual podría limitar la autoridad gubernamental y anular el efecto de la legislación nacional. La intención de muchas propuestas contenidas en el borrador de texto y parte del texto acordado pareciera inclinarse a asegurar que las empresas y transnacionales pueden aprovechar al máximo el Acuerdo a través de las amplias facilidades para la inversión contempladas en las cláusulas relativas al tratamiento de Nación más Favorecida y Trato Nacional (TN). Esto es especialmente preocupante para las economías pequeñas y vulnerables, las cuales, debido a sus frágiles sectores comerciales y legislación interna en esferas tales como informática y servicios financieros, podrían enfrentar graves problemas al proteger el “interés público” en sus jurisdicciones nacionales. Adicionalmente, para ADA son objeto de preocupación las propuestas que guardan relación con el trato nacional. Hay indicaciones de que la propuesta de acuerdo para el sector de servicios se alejará considerablemente del AGCS, donde el trato nacional se limita a un sector de servicios específico y a un compromiso específico que negocia una Parte individual. Las propuestas parecen sugerir que debería institucionalizarse el trato nacional dentro del borrador de acuerdo sobre servicios en calidad de “obligación general” aplicable a todas las partes y a todos los subsectores y proveedores de servicios. Si esto se acuerda, los inversionistas extranjeros y las transnacionales tendrán el mejor de todos los mundos posibles con el acuerdo del ALCA, ganando NMF, NT y Acceso a Mercados como “obligaciones generales” aplicables por todo lo alto. Tal escenario tendría implicaciones desastrosas para las economías pequeñas y vulnerables en la región, las cuales tratan de desarrollar y asegurar “puntos de apoyo” en el sector de servicios en sus respectivos países. Esto permitiría que las empresas dominen el mercado a expensas de los operadores nacionales en ciernes. El Acuerdo hace cierto intento por incluir disposiciones para las economías más pequeñas y los países en desarrollo; sin embargo, este texto también se encuentra entre corchetes. ADA aboga por la adopción plena del texto dentro del borrador de Acuerdo sobre Trato Especial y Diferenciado y que se refuerce además, al definir claramente las condiciones especiales de acceso a mercados que se otorgarán a estos países y que se incluya tal definición en el Acuerdo sobre Acceso a Mercados. ADA no está convencida de que la exención propuesta para aquellos servicios suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental, provistos sobre una base no comercial, como tampoco en competencia con uno o más proveedores o prestadores de servicios, tal como se define en el artículo 8, brinde alguna protección a las sociedades caribeñas. En todos los países del Caribe existen muchos servicios sociales que prestan conjuntamente el gobierno y el sector privado, tales como educación, salud y vivienda. Debido al nivel de desarrollo y la necesidad de asegurar que estos servicios sigan estando disponibles y accesibles a todos, los gobiernos aún tienen que desempeñar un papel rector en la reglamentación de estas esferas. El FMI encabezó programas de ajuste estructural que emprendieron la primera fase del liberalismo agresivo en el Caribe, instando a los gobiernos del Caribe a alejarse del sector social, con consecuencias nefastas, incluyendo la exacerbación de la pobreza. Este proceso del ALCA pareciera estar destinado a arremeter igualmente contra las poblaciones vulnerables en la región, con las mismas consecuencias devastadoras. A la luz de lo anterior, ADA aboga por lo siguiente: Los principios qué rijan cualquier negociación sobre comercio en servicios deberían basarse predominantemente en aquellos establecidos en el artículo XIX del AGCS, el cual establece lo siguiente:
ii. El proceso de liberalización se llevará a cabo respetando debidamente los objetivos de las políticas nacionales y el nivel de desarrollo de los distintos Miembros, tanto en general como en los distintos sectores. iii. Habrá la flexibilidad apropiada para que los distintos países en desarrollo Miembros (“economías más pequeñas”) abran menos sectores y liberalicen menos tipos de transacciones. iv. Aumenten progresivamente el acceso a sus mercados a tenor de sus objetivos y situación en ‘materia de desarrollo y mediante un proceso de negociación continua. Que con respecto a aumentar la capacidad de las economías más pequeñas y las economías menos desarrolladas en el comercio de servicios en el seno del ALCA: El Grupo de Negociación debería adoptar sin reservas todas
las propuestas contempladas en la Sección sobre Trato Especial y
Diferenciado, tal como se establece en el Borrador de Acuerdo sobre
Servicios. Esta adopción debería incluir asimismo cualquier propuesta para
reforzar las disposiciones a favor de las economías más pequeñas. |
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